CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A cuatro días de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se someta al examen de las urnas en busca de su reelección, desde el Congreso de Estados Unidos levantaron la voz de alarma por los abusos a los derechos humanos y las amenazas a la democracia detectados en su gestión en poco más de un año de gobierno.
En una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, 14 congresistas demócratas alertaron el miércoles sobre amenazas a la democracia de cara a las elecciones presidenciales del domingo. Cuestionaron al propio presidente Noboa por haber asegurado sin evidencias que hubo irregularidades en la primera vuelta de febrero y por hacer campaña desde su cargo, usando recursos públicos e incumpliendo la ley ecuatoriana.
Entre los firmantes, está la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, Greg Casar, Jonathan L. Jackson, Rashida Tlaib, Delia C. Ramirez, Eleanor Holmes norton, Henry C. “Hank” Johnson Jr., Jesús G. “Chuy” García, Nydia M. Velázquez, Jan Schakowsky, Lloyd Doggett, Mark Pocan, Ilhan Omar, André Carson.
Noboa, un millonario que llegó al poder en 2023 siendo prácticamente un desconocido en política, aspira a ser reelegido por cuatro años más en los que ofrece aplicar mano dura a los grupos del crimen organizado que han sumido a Ecuador en una espiral de violencia desde hace cuatro años.
En la primera vuelta electoral, quedó prácticamente en un empate técnico frente a su rival, la candidata izquierdista Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que se mide por segunda vez contra Noboa apadrinada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Ante el ajustado resultado de febrero, Noboa se pronunció días después afirmando que había habido “muchísimas irregularidades” y que en ciertas provincias “había cosas que no cuadraban”. No dio más detalles ni evidencias. Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea descartaron que hubiera fraude.
En un comunicado, la OEA indicó que no había “identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección”.
Ahora, la carta firmada por los congresistas menciona que organizaciones de la sociedad les han transmitido su preocupación de que “Noboa pueda socavar de alguna forma la segunda vuelta electoral”. Sin dar más detalles, piden al secretario Rubio que “envíe un mensaje claro al gobierno de Ecuador y a otros líderes ecuatorianos enfatizando en la necesidad de que haya un proceso electoral libre, justo y transparente”.
Además, requirieron al secretario y a otros altos funcionarios del Departamento de Estado que, “en caso de un traspaso de poderes no democrático”, toda la ayuda bilateral que recibe Ecuador de Estados Unidos —en seguridad, principalmente— se mantenga alineada al cumplimiento de la legislación estadounidense relativa al traspaso pacífico y democrático del poder.
Los legisladores estadounidenses se refirieron, asimismo, a la situación de violencia e inseguridad que azota al país desde hace cuatro años y cuestionaron que la política desplegada por Noboa, con la movilización de militares a las calles para tareas de seguridad interna, haya derivado en casos de presuntos abusos a los derechos humanos.
Según el texto, esto incluye “ejecuciones extrajudiciales y al menos 27 desapariciones forzadas”. El mensaje se hace eco de las denuncias de una organización de la sociedad civil, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que ha recogido en el último año testimonios de familiares de desaparecidos en diversas circunstancias, como controles militares.
Hasta el momento, el único caso que ha tomado relevancia pública en el que hay uniformados investigados judicialmente bajo la figura de desaparición forzada es el de los cuatro menores de edad de un populoso barrio de Guayaquil, a 322 kilómetros de Quito, que fueron detenidos por militares en diciembre del año pasado y cerca de dos semanas después encontrados muertos e incinerados en una zona cercana a una base militar. Al menos 16 soldados fueron enviados a prisión preventiva.
El gobierno de Noboa declaró que Ecuador se encuentra en “conflicto armado interno” apenas un mes después de empezar a gobernar. Con ello, desplegó a miles de militares en las calles, principalmente en barrios deprimidos, y empezó a detener personas con cargos por terrorismo por sus presuntos vínculos con bandas del crimen organizado.
Fue su respuesta al nivel de violencia que heredó al entrar a gobernar. En 2023, Ecuador tuvo su año más sangriento con 8.248 asesinatos, mientras 2024 cerró con 6.987, según cifras oficiales. No obstante, en 2025, las cifras de muertes durante el primer mes, 731, convirtieron a enero en el mes más sangriento del que se tenga registro.
La Corte Constitucional ecuatoriana cuestionó la declaratoria de “conflicto armado interno” alegando que el gobierno no había presentado suficientes evidencias para sustentar ese estado.
“Estados Unidos ha invertido decenas de millones de dólares de los contribuyentes en apoyo en seguridad para Ecuador. Según la ley estadounidense, esos recursos no pueden apoyar a las fuerzas de seguridad implicadas en presuntos actos atroces de abuso a los derechos humanos”, recalca la carta de los congresistas.
Ante la presión por la actuación de la fuerza pública, el presidente Noboa ofreció a policías y militares un indulto preventivo después de conocerse en marzo una nueva masacre con 22 víctimas relacionada con la acción del narcotráfico. “Cuentan desde ya con indulto presidencial”, ofreció a los uniformados, a cambio de que defiendan al país.
