WASHINGTON (AP) — El miércoles, la Corte Suprema parecía inclinada a preservar los 8.000 millones de dólares anuales que el gobierno gasta para subsidiar servicios de telefonía e internet en escuelas, bibliotecas y áreas rurales.
Los jueces escucharon casi tres horas de argumentos en una nueva prueba del poder regulador federal, revisando un fallo de apelación en el que se declaró inconstitucional el Fondo de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés), el impuesto que se ha añadido a las facturas telefónicas durante casi 30 años.
Los jueces liberales y los conservadores expresaron su preocupación por las consecuencias, potencialmente devastadoras, de eliminar el fondo, que ha beneficiado a decenas de millones de estadounidenses. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) recauda el dinero de los proveedores de telecomunicaciones, quienes trasladan el costo a sus clientes.
Un grupo de defensa conservador, Consumer Research, impugnó la práctica. Anteriormente, los jueces denegaron dos apelaciones de la organización después de que los tribunales federales de apelación respaldaran el programa. Pero el pleno de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, uno de los más conservadores del país declaró, con una votación de 9 a 7, que el método de financiación es inconstitucional.
La corte del 5to Circuito sostuvo que el Congreso ha otorgado demasiada autoridad a la FCC y que la agencia, a su vez, ha cedido demasiado poder a una entidad privada o administrador.
La jueza Sonia Sotomayor dijo que los subsidios de la FCC cubren solo servicios de telefonía e internet. “Es una restricción muy real. Son los únicos dos servicios que se han identificado”, manifestó Sotomayor.
El juez Neil Gorsuch pareció ser el más favorable a los impugnadores, calificando el fondo como “un impuesto que no se parece a ningún otro que esta corte haya aprobado”.
La última vez que la Corte Suprema invocó lo que se conoce como la doctrina de no delegación para anular una ley federal fue en 1935. Pero varios jueces conservadores han sugerido que están abiertos a revitalizar la doctrina legal.
En los últimos años, la corte, liderada por conservadores, también ha limitado a las agencias federales en fallos de alto perfil. El año pasado, revirtió un caso de 40 años que se había utilizado miles de veces para respaldar regulaciones federales. En 2022, dictaminó que el Congreso debe actuar con especificidad antes de que las agencias puedan abordar “cuestiones importantes”, en un fallo que limitó la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para combatir el cambio climático.
“Este simplemente no es el caso adecuado para que la corte reformule la doctrina de no delegación”, dijo a los jueces el abogado Paul Clement en nombre de asociaciones de empresas de telecomunicaciones.
El gobierno de Trump, que ha actuado agresivamente para restringir a las agencias administrativas en otras áreas, defiende el programa de la FCC. La apelación fue presentada inicialmente por el gobierno del expresidente Joe Biden.
“Ni la concesión de autoridad del Congreso a la FCC, ni la dependencia de la FCC con respecto al asesoramiento del administrador, ni la combinación de ambos violan la Constitución”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en un texto presentado ante la Corte Suprema.
Consumer Research califica la situación como un “escenario de pesadilla” en el que el Congreso no ha establecido límites sobre cuánto puede recaudar la FCC para financiar el programa. “Como era previsible, la tasa del impuesto USF se ha disparado. Estaba por debajo del 4% en 1998, pero ahora se acerca al 37%”, escribieron los abogados del grupo.
Dijeron que hay una solución fácil: el Congreso puede asignar dinero al programa, o al menos, establecer un límite sobre cuánto se puede gastar, incluso en un nivel de billones de dólares.
Pero varios jueces dijeron que el Congreso podría satisfacer las objeciones estableciendo una cifra astronómicamente alta que no proporcione un límite real. “Suena como un ejercicio sin sentido”, dijo la jueza Amy Coney Barrett.
Pero el año pasado, el Congreso dejó que caducara el financiamiento para un programa de subsidio de internet, el Programa de Conectividad Asequible, y la FCC actuó para llenar el vacío proporcionando dinero del programa E-rate, uno de los que son financiados por el USF.
El Congreso creó el Fondo de Servicio Universal como parte de su reforma de la industria de telecomunicaciones en 1996, con el objetivo de promover la competencia y eliminar monopolios. Los subsidios para áreas rurales y de bajos ingresos estaban destinados a garantizar que los servicios de telefonía e internet siguieran siendo asequibles.
Se espera una decisión para finales de junio.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
