WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema permitió el lunes a la administración Trump retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación.
La orden de la corte, con solo un disenso registrado, suspende un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, el cual de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Un tribunal de apelaciones federal había rechazado anteriormente la solicitud de la administración de suspender la orden mientras continúa la demanda.
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración del presidente Donald Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permita terminar el permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales sobre los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración se ha movido agresivamente para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Ese estatus se concede en incrementos de 18 meses.
Las protecciones iban a expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere indebidamente con el poder de la administración sobre la inmigración y los asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de deportación final”.
El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de deportación a personas de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
La jueza Ketanji Brown Jackson afirmó que habría rechazado la apelación de emergencia de la administración.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
