Allen Weisslberg, de 76 años, el encargado ejecutivo de la contabilidad en los libros y récords de negocios del expresidente Donald John Trump, fue condenado este pasado miércoles 9 de marzo a cinco meses en prisión en el Complejo Carcelario de Rikers Island acusado de haber mentido cuando hizo declaraciones bajo juramento durante su testimonio en el juicio de fraude en contra Donald John Trump procedimiento que presidió el fiscal general de Nueva York.
Esta es la segunda vez que Weisslberg debe cumplir pena de cárcel porque ya sirvió 100 días detrás de las rejas en 2023 por haber usado un esquema criminal para evadir la suma de 1.7 millones de dólares a través de granjerías y beneficios ilegales tales como vivir gratis en departamentos de lujo en uno de los edificios de la Organización Trump en Nueva York, y tener acceso gratis al uso de automóviles lujosos.
El delincuente se había declarado culpable el pasado 4 de marzo logrando un acuerdo con los fiscales de Nueva York de que cumpliría una pena de cárcel de solamente cinco meses, pero que esta se reduciría si mostraba buena conducta. Según este acuerdo con los fiscales no se le llamaría a testificar en futuras u otras posibles acusaciones en contra de la Organización Trump.
Demanda a educadores que no previnieron actos de intimidación
Los padres de una jovencita de 11 años de edad quien trató de suicidarse mientras estaba en la escuela y falleció 11 días más tarde están acusando al pueblo de West Hartford y a la Junta de Educación, alegando que los educadores de la escuela intermedia Bristow fallaron en su tarea de protegerla de los repetidos actos de intimidación.
La demanda fue presentada en los tribunales por la oficina de practica legal Jacobs & Dallas alegando que el 2021 fue el primer año de la estudiante en la escuela Intermedia siendo victima de intimidación, amenazas y provocaciones durante meses.
“Estas actividades de acoso fueron dadas a conocer a los administradores, maestros y consejeros de la escuela Bristow y a pesar de las pólizas adoptadas por la Junta de Educación que exigen acciones preventivas para intervenir en actos de intimidación, el personal no cumplió con los procedimientos existentes para proteger a estudiantes de actos de amenazas y provocaciones.
De acuerdo a la demanda y en la investigación llevada a cabo por la policía se estableció que el director de la escuela estaba en conocimiento de las provocaciones y acoso a la estudiante consistentes en nombres derogatorios de gay y peticiones a la estudiante para que se suicidara, a solamente dos semanas antes de que la víctima intentara el suicidio. El director del establecimiento educacional dijo a la policía que la escuela había sido notificada acerca de estos actos el 17 de noviembre de 2021.
La acusación también explicita que la persona asistente al director también incurrió en la falta de no documentar la violencia física en contra de la víctima del abuso. Esta autoridad escolar manifestó que la escuela se había enfocado en los argumentos y amenazas.
“Las autoridades escolares tampoco ordenaron a uno de los estudiantes que acosaba a la niña que se mantuviera alejado de la víctima ya que constantemente la amenazaba. También los padres habían solicitado que se monitoreara y limitara la estadía de los estudiantes en los baños donde se habían perpetrado similares actos de acoso y amenazas,” expresa la demanda.
Los demandantes expresan que las autoridades de la escuela y otros empleados mantuvieron sin protección ni apoyo a la estudiante que intentó el suicidio y que a causa de este intento moriría en el hospital 11 días después.
“La estudiante quedó indefensa bajo las acciones criminales de sus atormentadores sin que se le protegiera,” expresan los demandantes.
Asheley Hernández De Jesús a juicio por abuso de menor
Esta mujer de 30 años de edad es acusada de la muerte de su hija de cuatro años de edad en actos criminales cometidos en 2022 enfrentando acusaciones de poner en peligro la vida de una menor indefensa y homicidio.
El inicio del proceso se decidió durante una audiencia en la Corte Superior de New Britain, pero el crimen tuvo lugar en el pueblo de Bristol.
Hernández-De Jesús quedó en libertad bajo una fianza de $250,000 dólares mientras está a la espera del juicio. Se declaró inocente de las acusaciones de asesinato de una menor, crueldad hacia personas, restricción ilegal de movimientos, poner en peligro la vida de una menor y conspiración para producir heridas en la victima.
El esposo de la mujer llamado Rocky Hernández-De Jesús de 33 baños se declaró también inocente de las mismas acusaciones además de proveer información falsa durante la investigación. Quedó libre bajo una fianza asignada de $250,000 dólares y deberá presentarse ante el juez el 24 de abril.
De acuerdo a los antecedentes disponibles en Corte, la niña de cuatro años fue llevada por sus padres al Hospital de Bristol el 16 de julio de 2022 declarando que se había caído en un parque de North Park en Plainville. Más tarde la niña fue transportada de urgencia al Hospital de los Niños de Connecticut donde fue colocada en un ventilador, pero dos días después fue declara muerta.
Los médicos informaron a la policía de que la niña había sufrido una herida en la cabeza que le provocó una disminución de oxígeno en el cerebro.
La autopsia de la víctima también demostró que la niñita había ya sufrido entre cinco y seis heridas en el cerebro, cicatrices en el cuerpecito, moretones, signos de pésima e insuficiente nutrición y abuso físico prolongado.
