En mi visita a Ciudad Juárez, atestigüé in situ como testigo presencial, que la gestión migratoria en este corredor Norte- Mesoamericano, muestra enormes insuficiencias para atender la problemática que viven los migrantes que enfrentan al menos tres graves limitaciones: 1)está planteada desde un manejo unilateral de los flujos migratorios; 2) desconectada de los mercados laborales; y 3) privilegia controles y perspectivas de seguridad por encima de todo lo demás.
Los esquemas de regulación y gestión migratoria están a la zaga de los hechos, mal encaminados y, por ende, profundizan la vulnerabilidad de los migrantes.
La migración desde Centroamérica esta ligada a diferentes crisis políticas de la region. Comenzó desde la década de 1970 por el exilio político; en los 1980s por el refugio; en los 1990s se caracterizó por la migración económica; en el cambio de siglo, la migración ambiental con el huracán Mitch en 1998; y en el siglo XXI, la confluencia de procesos de salida, tránsito y deportación y retorno, aunada a un nuevo tipo y modelo de migrante, el desarraigado que resulta de la articulación de pobreza, violencia y debilidad institucional, como es el caso de la migración venezolana, tiene como sustrato graves limitaciones en la interlocución de los migrantes con otros actores sociales, así como con los gobiernos, tanto a nivel nacional como en el ámbito transnacional.
La influencia geopolítica de EU sobre Centroamérica, dieron sus últimos coletazos en la década de 1980 y donde se materializan los estertores y la agonía del sistema colonial, como en los casos de Belice en 1981 y Panamá en 1999.
Pero en ninguna etapa de la historia como la actual, acontece que Centroamérica se ha convertido en un laboratorio para el estudio de la migración, los diferentes flujos de migrantes se suceden uno a otro y se encadenan en una vorágine imparable hasta convertirse en uno de los procesos más dinámicos, complejos y conflictivos del planeta.
Se, registra una combinación de factores extremadamente nociva:
1) el fracaso de los intentos por aprobar una ‘reforma migratoria integral’ en Estados Unidos;
2) la ambigüedad de las respuestas oficiales mexicanas, que postulan leyes con enfoque de derechos humanos, pero en los hechos registran prácticas restrictivas que se hacen eco de la seguridad del tema en Estados Unidos; y
3) la flagrante irresponsabilidad de las élites centroamericanas respecto al destino de sus compatriotas atrapados en el ciclo de expulsión-envío de remesas, que hace imposible recuperar las actividades productivas y genera una falsa economía de servicios y consumo que depende totalmente de la exportación de personas.
En el ámbito Comercial, el desafío inicial de los respectivos tratados de libre comercio de Estados Unidos con México (1994) y con Centroamérica (2004), era generar un proceso de convergencia en indicadores económicos y sociales entre países con niveles de desarrollo muy desigual. Ello sigue siendo una asignatura pendiente; en este sentido, se han multiplicado las voces que piden una iniciativa de gran visión para rescatar a la región.
En 2001 México planteó el Plan Puebla-Panamá y a partir de 2009 su sucesor, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, con el fin de incrementar la inversión en carreteras, transporte, electricidad, energía, salud, vivienda, medio ambiente, agricultura y telecomunicaciones.
Sin embargo, ambas iniciativas se quedaron cortas, y no precisamente a causa de la falta de recursos. Una combinación de los intereses de Washington y de los presidentes centroamericanos dio como resultado en 2014 el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, como respuesta a la emigración masiva de niños centroamericanos. Sin embargo, no logra romper con el esquema tradicional que refuerza los intereses de las élites económicas y de los políticos, lo que resulta una receta para la desposesión y el desplazamiento de poblaciones enteras, a las que no se les deja otra opción que migrar hacia el norte.
En tanto cuanto los actores y países involucrados homologan sus sistemas migratorios para hacerlos compatibles al Pacto Mundial para una Migración, segura, ordenada y regular, el papel de la Iglesia Católica, ha sido clave para la atención y respuesta a la crisis humanitaria, sin apoyo gubernamental. Reconoció también el papel de la Universidad de Juárez, para activar dentro del Servicio Social, actividades comunitarias a favor de los migrantes.
Hay que considerar varias aristas para repensar una agenda regional conjunta que privilegie soluciones compartidas a desafíos comunes, alcanzando niveles superiores de sinergia entre aliados, pero sin dejar de considerar que cada funcionario en el ámbito de su responsabilidad, no puede hacer más allá de lo que la ley lo faculta, de ahí el imperativo categórico de sumar alianzas estratégicas público- privadas para atender integralmente esta crisis humanitaria de dimensiones inusitadas.