WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia sugirió a las agencias federales que pueden ignorar el fallo de un juez que detuvo la aplicación de una orden ejecutiva de la Casa Blanca destinada a castigar a un destacado bufete de abogados.
El mes pasado, el juez federal de distrito John Bates bloqueó temporalmente varias disposiciones de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra el bufete Jenner & Block, en las que se pedía negar el acceso de sus empleados a edificios federales y la revisión y cancelación de los contratos federales que mantienen el bufete o sus clientes.
El bufete es uno de los distintos despachos legales prominentes que, en las últimas semanas, han sido objeto de órdenes ejecutivas escritas con un lenguaje similar por parte del presidente republicano; algunos de ellos, como Jenner & Block, han impugnado las órdenes, y otros han llegado a acuerdos para evitar ser sancionados por la Casa Blanca.
En una carta donde se notifica a los jefes de las agencias sobre el fallo, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, criticaron a Bates, calificándolo como un “juez de distrito no electo” que ha “invadido las prerrogativas de formulación de políticas y libertad de expresión del poder ejecutivo”.
“Por supuesto, como se señala en la orden judicial, las agencias tienen permitido continuar con su curso ordinario de actividades, lo que conlleva la autoridad para decidir con quién trabajar”, se lee en la carta, presentada el martes en el tribunal.
Más adelante, se añade: “Dado que sigue siendo la posición del Poder Ejecutivo que la Orden Ejecutiva 14246 era una política necesaria, el gobierno se reserva el derecho de emprender todas las acciones necesarias y legales con respecto al ‘lawfare’ (guerra jurídica), preocupaciones de seguridad nacional y prácticas discriminatorias relacionadas con Jenner & Block”.
La postura parece estar en desacuerdo con la orden de Bates, designado por el expresidente George W. Bush, donde se ordena al gobierno de Trump que indique a las agencias federales que pasen por alto amplias partes de la orden ejecutiva. Una disposición separada de la orden, que ordena la suspensión de las autorizaciones de seguridad activas de los empleados del bufete, no fue impugnada y permanece sin cambios.
La carta se hizo pública tarde el martes, como parte de un informe presentado por el Departamento de Justicia sobre el estado de la demanda de Jenner & Block. Ese bufete, así como WilmerHale, otro despacho jurídico afectado por una orden ejecutiva, pidieron el martes a los jueces federales que bloquearan permanentemente la aplicación de las órdenes contra ellos.
La orden ejecutiva contra Jenner & Block se originó en el hecho de que el bufete empleó una vez a Andrew Weissmann, un abogado que formó parte del equipo del fiscal especial Robert Mueller que investigó a Trump durante su primer mandato por posibles vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia. Weissmann, objetivo frecuente de la ira pública de Trump, dejó el bufete hace varios años.
Mueller se retiró de WilmerHale, pero otra orden ejecutiva de la Casa Blanca lo mencionó a él, así como a otro socio retirado y a un socio actual, todos los cuales trabajaron en el equipo de Mueller.
Además de Jenner & Block y WilmerHale, otros de los bufetes afectados por la orden ejecutiva son Perkins Coie y Covington & Burling. El mes pasado, tras enfrentar una orden ejecutiva similar, Paul Weiss llegó a un acuerdo con la Casa Blanca que resultó en la rescisión de la orden. Otros tres bufetes —Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, así como Millbank y Willkie, Farr & Gallagher—llegaron a acuerdos con el gobierno de Trump antes de que pudieran ser objeto de una orden.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
