McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Unos cuatro meses antes de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, sus asesores empezaron a debatir sobre cuál sería la manera más rápida de revocar las duras políticas migratorias de su predecesor.
La respuesta, casi siempre, era que la huella dejada por Donald Trump tenía que ser borrada rápido, mientras más rápido mejor.
Activistas migratorios frustraron una propuesta de devolver a migrantes que hayan cruzado ilegalmente, obligándolos a primero buscar protección en otros países. Rechazaron hipótesis según las cuales habría un masivo aumento de migrantes en caso de que las políticas de Trump se desmantelen.
Al final, Biden reconoció la posibilidad de que habría un aumento en la llegada de migrantes, pero insistió en que las políticas de Trump eran crueles e inhumanas y tenían que ser anuladas.
Biden asumió la presidencia el 20 de enero e inmediatamente la cantidad de migrantes llegando a la frontera superó toda expectativa. Los planes de reanudar plenamente el procesamiento de solicitudes de asilo en los puestos fronterizos quedaron frustrados.
La cantidad de niños no acompañados entre los migrantes alcanzó alturas sin precedente en marzo, cuando constituyeron la mayoría de las 4.500 alojadas en tiendas de campaña, erigidas para no más de 250 personas. La cantidad de migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas batió récord en junio y julio, refutando previsiones de una disminución.
En septiembre, unos 15.000 refugiados, en su mayoría de Haití, acamparon bajo un puente en el pequeño poblado fronterizo de Del Rio, Texas. Durante días reinó el caos mientras los migrantes cruzaban de un lado a otro de la frontera, yendo a comprar suministros y viviendo en desorden. Circularon por internet fotos de agentes migratorios tratando de acorralar a migrantes con sogas como si fueran ganado.
El gobierno estadounidense empezó a expulsar masivamente a los haitianos, aunque al mismo tiempo permitió que miles se quedaran. Las contradicciones le valieron críticas de ambos extremos políticos, reflejando la dificultad en revertir las políticas de Trump sin tener primero un sistema eficaz de asilo.
Algunos factores fueron problemáticos, independientemente de quién sea el presidente, como por ejemplo los enormes retrasos en los tribunales de inmigración, que tardan en promedio cuatro años para decidir un caso.
Pero una investigación de la AP y del consorcio AIM Media Texas — en base a documentos internos y entrevistas con múltiples funcionarios y ex funcionarios de Estados Unidos y México, migrantes, directores de albergues, activistas y otros — muestra cómo un gobierno lleno de activistas migratorios no estaba preparado para una masiva llegada de gente pidiendo asilo. Muchas de las fuentes hablaron sólo a condición de anonimato al no sentirse cómodas revelando consultas internas.
