WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al “incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”, señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba “agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país”.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un “incremento severo de inmigrantes indocumentados”.
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur. Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
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Spagat informó desde San Diego. Valerie Gonzalez, en McAllen, Texas, contribuyó a este despacho.
