Los fieles católicos, apostólicos y romanos reciben en sus parroquias los sacramentos, predicas de la palabra de Dios expuesta en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, se les provee ayuda espiritual y se dota a sus creyentes con una formación humanista basada en los diez mandamientos.
Lamentablemente, y es lo que explica que en estos momentos un 50% de los estadounidenses no practiquen las religiones institucionalizadas, han surgido la sorpresa y el temor que produce la revelación a la opinión pública de miles de escándalos que no solamente afectan a sacerdotes de la iglesia católica.
Todas estas reflexiones provienen del reciente anuncio aparecido en la prensa de Connecticut reportando que la tribu Mohegan, dueña de un casino de juegos de azar en Connecticut, resultó ganadora en una subasta pública que le transformaría en la propietaria de 113 acres de terreno donde estaba ubicada la escuela católica Saint Bernard en el pueblo de Montville.
La necesidad de enajenar estas posesiones y patrimonios es una muestra más de las terribles fallas en la virtud y solvencia moral de instituciones religiosas que han contado por siglos con un perfil de entidades sagradas, intocables y puras.
Cathy Soper, la portavoz de la tribu Mohegan informó que su oferta ganadora alcanzó a los $6.55 millones de dólares superando estrechamente la oferta de $6.5 millones. El traspaso final deberá ser aprobado por autoridades que lidian con casos de quiebras capítulo 11, recurso legal usado por las autoridades eclesiásticas.
En fecha próxima lideres de la tribu añadirán los 113 acres adquiridos de la iglesia católica a los 240 acres que componen su reservación y donde está localizado el Mohegan Sun, uno de los casinos más grandes del mundo administrado por la tribu con un ingreso de millones de dólares al año.
¿Porque las potestades católicas se han visto obligadas a desprenderse de esta propiedad y del edificio de la escuela, entre otros cuantiosos peculios y pertenencias localizados en nuestro Estado? La necesidad de ventas surge para pagar cientos de demandas legales presentadas por víctimas y sobrevivientes de abuso sexual y vergonzosos actos de pedofilia.
Los 6.5 millones servirían para incrementar los fondos eclesiásticos en Connecticut de 29 millones de dólares para compensar a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual que han demandado llevando sus reclamos no solamente a las autoridades eclesiásticas, sino que también al sistema judicial.
En la mayoría de los casos, las autoridades del clero hicieron caso omiso a las denuncias y removían a los sacerdotes involucrados en abusos enviándolos a otras diócesis o estados para encubrir los escándalos. Algunas congregaciones envían a los sacerdotes que han cometido faltas a otros países o desde Latinoamérica llegan clérigos que cometieron abusos en sus países.
La diócesis de Norwich incluye a 51 parroquias en Middlesex, New London, Windham y Tolland, y la Fishers Island en el estado de Nueva York y ha recibido numerosas denuncias.
Las demandas se hicieron en los tribunales de justicia solamente en las últimas décadas y las estadísticas en Estados Unidos dan a conocer que entre los años 2001-2010 se revisaron las denuncias en los casos de 3,000 curas cuyos abusos se habían perpetrado hasta cinco décadas antes de que los demandantes llevaron a cabo las acusaciones ante los tribunales.
Dramáticos casos de estos develados encubrimientos obligaron a que la Corte Suprema en el mes de mayo de 2009 ordenara a la iglesia católica la publicación y entrega de documentos de los reclamos hasta ese tiempo hechos internamente.
Ya en 1993, se dio a conocer el caso del entonces arzobispo Egan de Bridgeport ante el cual se interpusieron 23 reclamos legales. Como resultado, los sacerdotes Kheridan Aheam y John Castaldo fueron acusado de abuso sexual y removidos de su investidura.
En febrero de 2012 un jurado acordó compensar a un ex monaguillo con la suma de un millón de dólares por el abuso sexual perpetrado por el así llamado Reverendo Iván Fergunson.
Tan recientemente como el año 2020 concluyó el juicio en contra del sacerdote Jaime Marín-Cardona quien fue acusado de asalto sexual en cuarto grado, tres acusaciones de arriesgar la seguridad física de un niño, y contactos sexuales ilegales. Fue arrestado el 3 de enero de 2020 y se le ha obligado a usar un grillete para asegurar que no continúe cometiendo delitos ni escape del país. El sujeto se declaró inocente y continua en libertad sin la investidura.
La diócesis de Hartford por su parte tuvo que pagar 22 millones de dólares a 43 personas que acusaron a 14 curas de crasos abusos sexuales perpetrados entre 1960 y 1970.
De esta manera, las autoridades Católicas Romanas de Connecticut tendrán que continuar almacenando fondos financieros para responder a las justas demandas de víctimas lo cual está obligando al cierre de templos, venta de propiedades y la identificación de los individuos que hicieron un voto de castidad, pero desatan sus reprimidos impulsos instintivos en víctimas que creían que ellos eran seres especiales, sagrados e intocables.
Afortunadamente en el siglo XXI se han revelado secretos y conocidos los delitos de encubrimiento de la acción criminal de estos malhechores que han abusado del uso de la sotana, símbolo de estatus que ya no provoca respeto, sino que la justificada sospecha y recelo hacia una institución que obliga a sus sacerdotes al celibato.
Ahora los devotos católicos se están preguntando si los diezmos o donaciones a campañas eclesiásticas son realmente para uso legítimo de la práctica religiosa en iglesias que no pagan impuestos federales, o para incrementar el fondo monetario para responder a las crecientes denuncias que aparecen en los medios de comunicación.
Los juristas han dicho frente a las obligadas compensaciones monetarias que estas “son parte de un proceso de sanación para victimas severamente dañadas por el diabólico abuso sexual llevado a cabo en el seno de la iglesia.”
