RÍO DE JANEIRO (AP) — Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, asumirá en agosto con un ambicioso programa para combatir la deforestación de la selva amazónica. Petro prometió limitar la expansión del sector agrícola en esa región y crear reservas donde los indígenas y otras comunidades podrán cultivar caucho, acaí y otros productos que no implican la tala de árboles. Dijo asimismo que financiará el sembrado con los ingresos derivados de créditos de carbono.
“Desde Colombia, le entregamos a la humanidad una recompensa, un remedio, una solución: no quemar más la selva amazónia, recuperarla hasta su frontera natural, entregarle a la humanidad desde Leticia la posibilidad de la vida planetária”, declaró Petro, luciendo un arreglo indígena en la cabeza, ante una muchedumbre en la ciudad amazónica de Leticia durante su campaña.
Primero, sin embargo, deberá imponer el orden en una enorme región donde no impera la ley.
La tarea de frenar la deforestación parece más dura que nunca. En el 2021, la Amazonía colombiana perdió 98.000 hectáreas de selva impoluta debido a la deforestación y otras 9.000 hectáreas a causa de incendios forestales. Esos niveles están por debajo de los del 2020, pero de todos modos son los cuartos más altos de que se tiene registros, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (conocido por sus siglas en inglés, MAAP), una iniciativa de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, una organización sin fines de lucro.
Más del 40% del territorio colombiano (un área comparable a la de España) se encuentra en la Amazonía. El país tiene la biodiversidad de aves más grande del mundo, sobre todo porque incluye zonas de transición entre los Andes y las tierras bajas de la Amazonía. El 15% de la Amazonía colombiana ha sido deforestado, de acuerdo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
La destrucción de la selva ha aumentado desde el 2016, año en el que Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que puso fin a décadas de un conflicto armado.
“El proceso de paz permitió a la gente volver a zonas rurales donde había conflictos. Quienes regresaron explotaron los recursos naturales y contribuyeron a la deforestación y a un aumento en los incendios forestales, sobre todo en la Amazonía y en la zona de transición entre las regiones de los Andes y la Amazonía”, dice un artículo publicado en la revista “Environmental Science and Policy”.
En la Amazonía colombiana casi no se siente la presencia del estado. “Había control territorial por parte de estos actores armados, que, una vez desmovilizados, dejaron el campo libre para la minería ilegal, para la ganadería y narcotráfico”, señaló Ruth Consuelo Chaparro, directora de Fundación Caminos de Identidad, en una entrevista telefónica. “Son vacíos de Estado que no se han llenado”.
La principal fuente de deforestación es la expansión de la ganadería. Desde el 2016, la cantidad de cabezas de ganado se duplicó en la Amazonía, hasta llegar a 2,2 millones. En el mismo período, se perdieron unas 500.000 hectáreas de bosques, según la FCDS.