Los investigadores federales solicitaron registros de Hartford e interrogaron a un ingeniero de la ciudad sobre un proyecto de construcción de una escuela durante el cual la ciudad afirma que la oficina estatal que financia la construcción le “requirió” que contratara a dos consultores para realizar prácticamente el mismo trabajo.
La citación del gran jurado es otra en una lista creciente emitida por los fiscales federales en busca de posibles irregularidades en más de mil millones de dólares en gastos estatales, la mayoría desde 2018 bajo un programa que financia la construcción de escuelas públicas en todo el estado.
El estado está financiando casi todo el costo de múltiples proyectos escolares en Hartford, pero los investigadores se concentraron en la remodelación de $150 millones de la escuela secundaria Bulkeley en el lado sur de la ciudad, según registros públicos y entrevistas con más de media docena de personas familiarizadas con el proyecto
En particular, los investigadores parecen interesados en saber si Konstantinos Diamantis, el ex director políticamente influyente del programa de financiamiento de escuelas estatales, persuadió a Hartford para que contratara a un segundo consultor y cómo ese consultor, Construction Advocacy Professionals, obtuvo el contrato a pesar de que dos competidores presentaron ofertas más bajas.
Diamantis fue subsecretario de la Oficina de Políticas y Gestión del estado y estuvo muy involucrado en la construcción de escuelas como director práctico de la Oficina de Revisión de Subvenciones para la Construcción de Escuelas, hasta que el gobernador Ned Lamont lo destituyó de ambos cargos a fines de octubre, aproximadamente una semana. después de que los fiscales federales entregaron al estado una citación de amplio alcance para obtener registros de gastos.
No se han presentado cargos
La citación para los registros estatales exige más de tres años de correo electrónico y otras comunicaciones electrónicas que involucran a Diamantis. También ordena al estado que busque específicamente los registros asociados con los profesionales de defensa de la construcción, conocidos como CAP; su propietaria, Antonietta DiBenedetto-Roy; y la hija de Diamantis, Anastasia. Roy contrató a Anastasia Diamantis a pedido de su padre, según registros públicos y otras fuentes.
Además de recopilar registros del estado y de Hartford, el gran jurado emitió citaciones para registros de proyectos escolares en al menos otras dos ciudades, Tolland y Bristol. Diamantis participó en ambos proyectos. En Tolland, varios funcionarios se han quejado de que usó su autoridad sobre el financiamiento estatal como palanca para persuadir al pueblo de que contratara a DiBenedetto y a otro contratista, D’Amato Construction, para un proyecto de escuela primaria.
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Hartford no discutirá su citación, ni una citación al ingeniero de la ciudad Frank Dellaripa, a quien se le ordenó comparecer ante el gran jurado a principios de este mes y fue entrevistado por investigadores federales. No se pudo contactar a Dellaripa; otros dijeron que la ciudad le ha contratado un abogado.
Varios funcionarios de Hartford dijeron que Diamantis propuso la idea de contratar a un segundo consultor a principios de 2020 como lo que sugirió podría ser una medida de ahorro de costos a largo plazo. Al mismo tiempo, dijeron que era crítico con Arcadis/O&G/C&R, la empresa conjunta que Hartford contrató una década antes como gerente de su programa más amplio de construcción y renovación de escuelas.
La idea de Diamantis, dijeron los funcionarios, era contratar a un administrador de construcción más pequeño únicamente para el proyecto Bulkeley. Su pensamiento, dijeron, era que un gerente de proyecto más pequeño, presumiblemente más ágil y más eficiente, podría identificar ahorros pasados por alto por un gerente con una cartera de proyectos más amplia. Diamantis también prometió que el estado se haría cargo del costo del segundo consultor.
Los funcionarios de Hartford dijeron que Diamantis no sugirió contratar a CAP ni siquiera mencionar a la firma, pero un funcionario dijo que se refirió a Roy más de una vez como un modelo para el tipo de consultora más pequeña que tenía en mente. Es más, dijo un funcionario, Diamantis dijo que la firma de Roy era propiedad de una mujer y que “sería bueno si pudiera tener un punto de apoyo en algunos de estos proyectos”.
La mayoría de los funcionarios de Hartford, cautelosos de verse involucrados en una investigación federal, no hablaron sobre Diamantis, su antigua Oficina de Revisión de Subvenciones para la Construcción de Escuelas o CAP. Quienes lo hicieran lo harían sólo en términos generales.
“Tuve una conversación con la Oficina de Revisión de Subsidios para la Construcción Escolar del estado de Connecticut sobre formas de ahorrar costos para el programa de construcción escolar”, dijo Melvyn Colon, quienDurante lo que se conoce como un proceso de revisión del alcance, cuando el comité de construcción de la escuela y el personal analizan las ofertas y las comparan con los requisitos del trabajo, se le dijo a CAP que había incluido en su oferta el costo de un puesto (un ingeniero/gerente asistente de proyecto) que no era necesario La ciudad le dijo a CAP que podría eliminar el puesto si así lo deseaba, lo que permitiría una comparación más “manzanas con manzanas” con las propuestas de los postores competidores.
CAP eliminó la línea de pedido, recortando otros $526,000 de su oferta y reduciendo el total a alrededor de $1,77 millones. Todavía había dos ofertas más bajas, $ 1,3 y $ 1,74 millones.
Un funcionario de Hartford familiarizado con la oferta y el proceso de revisión dijo que un subcomité del comité de construcción escolar redujo la elección a dos finalistas: CAP y la oferta ligeramente más baja de $1.74. El funcionario dijo que se contrató a CAP porque, en opinión del subcomité, la empresa parecía ser la más adecuada para completar el trabajo y era una empresa propiedad de mujeres, un criterio importante en una ciudad que se esfuerza por lograr la representación de las minorías en la contratación. (Con información del Hartford Courant)
Después de que Diamantis dejó sus trabajos estatales, el estado rescindió su promesa a Hartford de reembolsarle los costos asociados con la contratación de CAP porque el estado “no reembolsará ningún proyecto a más de un administrador de construcción”. Hartford despidió a CAP después de pagar aproximadamente la mitad del costo del contrato por el trabajo ya realizado.
Algunos funcionarios de Hartford defendieron el trabajo de Diamantis en la ciudad. Dijeron que podía ser fanfarrón y abrasivo con los contratistas de los que sospechaba que desperdiciaban dinero, pero pasaba muchas horas en proyectos de Hartford y parecía sinceramente interesado en las escuelas de la ciudad, que pensaba que habían sido defraudadas por decisiones de gasto estatales anteriores.
Norm Pattis, el abogado de Diamantis, dijo que le gustaría reunirse con los fiscales federales y explicarles cómo dirigía la oficina de financiación de la construcción.
“Se supone que el gran jurado debe proteger la reputación de las personas de especulaciones injustificadas”, dijo Pattis. “La oficina del Fiscal Federal sabe que la gente está hablando de eso y no nos hablará. Así que les extendemos la misma oferta que hemos tenido todo el tiempo. Coge el teléfono y llama. No tenemos miedo de hablar”.
En una entrevista de radio de una hora en WTIC-AM la semana pasada, Diamantis defendió su trabajo, diciendo que nunca presionó a las ciudades para que contrataran a contratistas particulares y argumentando que todas sus decisiones fueron diseñadas para ahorrar dinero. Se refirió específicamente al proyecto de la Escuela Secundaria Bulkeley y dijo que su decisión de incluir oficinas administrativas en la escuela reconstruida le ahorró a Hartford cientos de miles de dólares.
Sugirió que la investigación del gran jurado es política y el resultado de una ruptura con la administración de Lamont.
