AGENCIA (EFE).- Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes, de los cuales son inmigrantes casi 48 millones -la inmensa mayoría naturalizados o con permiso de residencia permanente- y dentro de este número unos 11 millones no tienen documentación legal.
Mientras tanto, la inmigración se ha convertido de nuevo en un arma electoral en Estados Unidos, pero esta vez ambos candidatos ponen el foco en el mismo “problema”, los cruces ilegales en la frontera, sin apelar a los beneficios que aporta en un país donde una gran parte de la población tiene orígenes extranjeros.
Los dos últimos años han estado marcados por la redistribución de solicitantes de asilo por todo el país, muchos fletados en autobuses por los gobiernos republicanos de Texas y Arizona a ciudades demócratas como Nueva York, que ha recibido 210,000, un aluvión que ha puesto en crisis el sistema público de albergues (65,000 nuevos huéspedes).
En esta ciudad, es fácil ver en el metro a jóvenes madres que venden dulces con sus bebés a cuestas o familias deambulando cerca de albergues. Son los rostros de la ola de inmigrantes que ha gestionado una administración que ha sufrido un desgaste de imagen por la carga económica y por los delitos cometidos por inmigrantes, escasos pero muy mediáticos.
Si Biden en 2019 los invitaba a escapar de regímenes opresivos hacia un país de puertas abiertas levantado por inmigrantes, esa postura ha cambiado a un “Mejor, no vengan”, tanto en su discurso como en políticas más restrictivas. Tampoco la vicepresidenta Kamala Harris, su heredera en la carrera electoral, ha cambiado el tono.
Harris, que enarbola su historial como fiscal de San Francisco, propone reforzar la frontera e incrementar las restricciones a la inmigración, medidas que ejemplifican ese cierre de puertas en paralelo al programa de último minuto de la Administración Biden para regularizar a esposos indocumentados de estadounidenses.
La candidata demócrata ha admitido que el sistema migratorio estadounidense está “roto”, y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles (ACLU) se preparan para el despliegue de una “máquina de deportación” gubernamental en la frontera por parte de “futuras administraciones”, sin distinción.
De hecho, la vicepresidenta ha prometido reavivar un proyecto de ley negociado por ambos partidos que incluía las mayores restricciones al sistema de asilo en años, y que Biden comenzó a aplicar por la vía ejecutiva tras el rechazo, alentado por Trump, de los republicanos en el Congreso hace unos meses.
