CARAUARI, Brasil (AP) — En un rincón remoto de la Amazonía, los ecologistas brasileños intentan tener éxito donde la falta de gobernabilidad ha resultado desastrosa. Están administrando un tramo de tierra de una manera que invita tanto a la población local como a los científicos a participar en la preservación del bosque tropical más grande del mundo.
El objetivo es ambicioso, contrarrestar las fuerzas que han destruido el 10% de la selva en menos de cuatro décadas y crear algo que se pueda replicar en otras partes de la Amazonía.
Comenzó con una expedición de cuatro meses a lo largo del río Juruá en 2016. Los investigadores visitaron unas 100 comunidades que a primera vista parecían similares: hileras de casas de madera sobre pilotes a lo largo del agua. Pero se sorprendieron por los contrastes en las condiciones de vida.
Para comprender lo que vieron, es importante saber que el 29% de la Amazonía —un área de aproximadamente tres veces el tamaño de California— es tierra pública sin protección especial o sobre la cual no existe información pública, según un estudio del Instituto Amazónico de Personas y Medio Ambiente.
Se ha demostrado que estas áreas son más vulnerables a la deforestación. Los ladrones de tierras expulsan a las comunidades tradicionales de la tierra y luego la limpian, con la esperanza de que el gobierno los reconozca como propietarios, lo que suele suceder.
“Es muy desigual. Dentro de las áreas protegidas, están sucediendo muchas cosas positivas, pero afuera, parecían tener 40 años de retraso”, dijo a The Associated Press João Vitor Campos-Silva, un socioecólogo tropical.
Los investigadores sabían que la parte del río conocida como Medio Juruá, cerca de la ciudad de Carauari, tiene una notable organización social y la gente maneja sus pescados y productos forestales, como el açai, de manera sostenible. La designación de la tierra aquí es “reservas extractivas”, tierras públicas donde los residentes pueden pescar y cosechar algunos cultivos.
Pero fuera de estas reservas, en muchos lugares, la gente recibe órdenes de terratenientes autoproclamados, de acuerdo con Campos-Silva. A comunidades enteras se les niega el acceso a los lagos, incluso a pescar para alimentar a sus familias. La gente no es dueña de la tierra, y no saben quién la tiene.
“Empezamos a pensar que podría ser interesante diseñar un modelo de conservación basado en una escala de cuenca”, donde las comunidades pudieran cosechar productos del bosque y pescar y proteger el bosque, en lugar de mudarse a la ciudad o recurrir a actividades ilegales, como la tala sin licencia y la sobrepesca.
Entonces crearon el Instituto Juruá, un organismo sin fines de lucro, y compraron una propiedad de 13 kilómetros (8 millas) de selva tropical a lo largo del río Juruá. Incluye alrededor de 20 lagos, algunos con buen potencial para criar el preciado pirarucú, el pez escama de agua dulce más grande del mundo, que puede llegar a pesar hasta 200 kilos (440 libras).
El objetivo, dijo Campos-Silva, es promover la ciencia de alta calidad, basada en el trabajo conjunto con la gente de la región.
En las inmediaciones de los terrenos del Instituto existen 12 comunidades de excaucheros. Los brasileños los llaman “ribeirinhos”, o gente del río, a diferencia de los residentes indígenas.
En el pasado, la oportunidad de ganarse la vida con los árboles de caucho atrajo a sus abuelos al Amazonas. Hoy en día el principal ingreso proviene del pirarucú. Controlar esa pesquería ha demostrado ser sostenible, revivir una especie que estaba en declive y generar ingresos sin necesidad de talar el bosque, con todo lo que eso significa para la pérdida de biodiversidad.