BRIDGEPORT. El doctor Crispin Abarientos y su esposa, la doctora Antonieta Abarientos, han celebrado un acuerdo de solución civil con los gobiernos federal y estatal en el que pagarán 4.927.903 de dólares para resolver las denuncias de que violaron las leyes federales y estatales de reclamos falsos.
Crispin y Antonieta Abarientos poseían y operaban Middlesex Rheumatology en Middletown, una práctica médica especializada en el diagnóstico y tratamiento de artritis, enfermedades autoinmunes y afecciones relacionadas; así lo anunciaron: El fiscal John H. Durham, el agente especial a cargo Phillip Coyne del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General, el Agente Especial a Cargo Brian C. Turner de la División New Haven de la Oficina Federal de Investigaciones y el Fiscal General de Connecticut William Tong.
Crispin Abarientos fue el médico tratante en la práctica y Antonieta Abarientos fue co propietaria de la práctica.
Uno de los medicamentos que Crispin Abarientos recetó a sus pacientes de Reumatología de Middlesex fue Remicade, un medicamento recetado inyectable que se usa para tratar la artritis reumatoide.
Cuando se trató a pacientes de Medicaid con Remicade, se requirió que Crispin Abarientos presentara un reclamo a Medicaid de Connecticut para Remicade en nombre de cada paciente miembro. Luego, Medicaid envió el pago a Caremark Massachusetts Specialty Pharmacy en Massachusetts, que entregó la cantidad de Remicade contenida en el reclamo directamente a Middlesex Rheumatology para el paciente de Medicaid sin ningún costo de bolsillo para el consultorio.
El gobierno alega que Crispin y Antonieta Abarientos presentaron reclamaciones falsas a Medicaid para el envío a Middlesex Rheumatology of Remicade que Crispin Abarientos representaba debía proporcionarse a sus pacientes de Medicaid, cuando sabía que esos pacientes de Medicaid no estaban siendo tratados con Remicade.
Crispin Abarientos luego procedió a infundir el Remicade obtenido fraudulentamente de forma gratuita de Medicaid, en pacientes de Medicare y pacientes cubiertos por el Plan de Salud para Empleados del Estado de Connecticut, presentando reclamos de reembolso por el costo del Remicade a esos programas de seguro y conservar el beneficio para sí mismo y para la práctica.
Para resolver las acusaciones en virtud de las Leyes de reclamos falsos federales y estatales, Crispin y Antonieta Abarientos han acordado pagar los 4.9 millones de dólares que cubren los reclamos presentados al programa Medicaid desde septiembre del 2013 hasta enero del 2018, y reclamos presentados al programa de Medicare y a los empleados del estado de Connecticut Plan de salud desde julio del 2013 hasta junio del 2017.
En un caso penal federal relacionado, Crispin Abarientos se declaró culpable de fraude a la atención médica y el 30 de octubre del 2019 fue sentenciado a 37 meses de prisión.
“Los médicos que participan en los programas de Medicare y Medicaid deben facturar sus servicios de manera honesta, y el no hacerlo aumenta el costo de la atención médica para todos nosotros”, dijo el fiscal Durham. “Los proveedores de atención médica que presentan reclamos falsos a los programas federales de atención médica enfrentan serias consecuencias”.
“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a los contribuyentes mediante la eliminación del fraude, el despilfarro y el abuso en nuestros programas de atención médica pública, y agradezco la asociación continua con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Connecticut para proteger los fondos públicos”, Agente especial a cargo de HHS-OIG Coyne .
“No toleraremos que los profesionales médicos roben dólares preciosos de nuestros programas federales de atención médica”, dijo el agente especial del FBI a cargo Turner. “Junto con nuestros socios estatales y federales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos investigando rápidamente estos esquemas, para asegurarnos de que el despilfarro, el fraude y el abuso en nuestro programa Medicaid sean descubiertos y los responsables sean castigados en consecuencia”.
Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina Federal de Investigación. El caso está siendo procesado por el Fiscal Richard M. Molot, y por el Fiscal General Adjunto Michael Cole de la Oficina del Fiscal General de Connecticut.
Se alienta a las personas que sospechan fraude a la atención médica a denunciarlo llamando al 1-800-HHS-TIPS o al Grupo de trabajo sobre fraude a la atención médica al (203) 777-6311.
