AGENCIAS.- El fiscal especial Jack Smith evalúa la manera de poner fin a las dos causas federales en contra de Donald Trump antes de que el republicano asuma la presidencia, como parte del protocolo del Departamento de Justicia según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados, informó una persona al tanto del asunto el miércoles.
Smith presentó cargos contra Trump el año pasado por conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y por almacenar de forma ilícita documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago. Pero la derrota electoral de Kamala Harris significa que Trump ya no puede ser procesado, en cumplimiento con las opiniones legales del Departamento de Justicia que protegen a un presidente en funciones de cualquier causa penal.
La persona al tanto de los planes de Smith habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizada para discutir el tema de manera pública.
Al tomar medidas para poner fin a los casos antes de la toma de posesión en enero próximo, Smith y el Departamento de Justicia evitarían un posible enfrentamiento con Trump, quien dijo el mes pasado que despediría a Smith “dos segundos” después de asumir el cargo. Esto también significaría que Trump llegaría a la Casa Blanca sin la nube de procesos penales a nivel federal que alguna vez representaron la posibilidad de que fuera declarado culpable por delitos graves y sentenciado a prisión.
NBC News fue el primer medio en informar sobre los planes de Smith.
En los dos casos que presentó Smith se le acusa a Trump de conspirar para revertir los resultados de las elecciones en el período previo al asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021, y de retener documentos ultrasecretos en su finca de Mar-a-Lago, en Florida y obstruir las labores del FBI para recuperarlos. Smith fue designado al cargo por el secretario de Justicia Merrick Garland en noviembre de 2022.
El caso de los documentos confidenciales ha estado estancado desde julio, cuando una jueza nombrada por Trump, Aileen Cannon, desestimó la causa bajo el argumento de que el nombramiento de Smith fue ilegal. Smith presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 11vo Circuito con sede en Atlanta, donde la solicitud para reactivar el caso sigue pendiente. Incluso si Smith intenta concluir el caso, es probable que siga impugnando la decisión de Cannon sobre la legalidad de su nombramiento dado el precedente que establecería una decisión de este tipo.
En el caso de interferencia en las elecciones de 2020, el juicio contra Trump estaba programado para iniciar en marzo en Washington, donde más de 1.000 de sus seguidores han sido declarados culpables por cargos relacionados con su participación en el asalto al Capitolio. Pero el caso se detuvo mientras Trump presentaba sus argumentos de inmunidad a procesos legales, los cuales eventualmente llegaron a manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Trump podría envalentonarse con el fallo que el máximo tribunal emitió en julio pasado, el cual le otorgó a los expresidentes una amplia inmunidad a ser procesados por actos realizados mientras estaban en la Casa Blanca y explícitamente excluyó cualquier supuesto comportamiento relacionado con las discusiones de Trump con el Departamento de Justicia. Esto incluyó sus intentos por utilizar al Departamento de Justicia para realizar investigaciones falsas de fraude electoral como parte de su intento por permanecer en el poder.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, envió el caso de regreso al escritorio de la jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, para determinar cuáles de las demás acusaciones, si acaso existe alguna, podrían ser llevadas a juicio.
En respuesta, el equipo de Smith presentó el mes pasado un informe de 165 páginas en el que presenta nuevas evidencias para persuadir a la jueza que Trump llevó a cabo las acciones que se describen en el acta de acusación mientras era candidato, y no como comandante en jefe y, por lo tanto pueden seguir siendo parte del caso. Los abogados de Trump tienen programado presentar su respuesta en las próximas semanas.
Mientras tanto, en Nueva York, Trump podría tratar de sacar provecho a su nuevo estatus como ganador de las elecciones e intentar dejar de lado o anular su condena por delito grave y evitar una posible sentencia de prisión.
Trump ha estado luchando durante meses para anular el veredicto del 30 de mayo, que involucra pagos indebidos por 130.000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016. Es el único de sus casos penales que ha ido a juicio.
Después de ser juzgado como civil, su inminente regreso a la Casa Blanca podría obligar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de posiblemente encarcelar a un expresidente y futuro mandatario.
El equipo legal de Trump no ha dado a conocer sus planes. Antes de las elecciones, se rechazó una moción de sus abogados para trasladar el caso de la corte estatal a un tribunal federal, donde la causa podría ser desestimada más fácilmente. Ahora han presentado una apelación a ese fallo.
El juez Juan M. Merchan ha dicho que el próximo martes dará a conocer su decisión sobre si mantener o desechar el veredicto dada la resolución que la Corte Suprema federal emitió en julio sobre las amplias protecciones a los presidentes contra los procesos legales .
El juez ha programado la sentencia para el 26 de noviembre “de ser necesario”. Las penas van desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años en prisión.
Aunque, técnicamente, Trump no tiene las facultades como presidente para poner fin a una acusación a nivel estatal como la de Nueva York, su victoria plantea dudas sobre ese caso, así como sobre otra causa en el condado de Fulton, Georgia, en la que que se le acusa de conspirar para revertir las elecciones en ese estado en 2020.
