WASHINGTON (AP) — Fiscales federales solicitaron el lunes desestimar los cargos penales contra el virtual presidente electo Donald Trump en los que se le acusaba de elaborar un plan para revertir los resultados de las elecciones de 2020, y poner fin a la causa en su contra por retención de documentos confidenciales, señalando como motivo una vieja política del Departamento de Justicia que establece que un mandatario en funciones no puede enfrentar procesos penales.
La decisión del fiscal especial Jack Smith, quien había buscado fervientemente responsabilizar penalmente a Trump por sus intentos por anular los resultados de las elecciones de 2020, representó el fin de las labores federales contra el exmandatario después de su victoria electoral de este mes, la cual lo llevó de regreso a la Casa Blanca a pesar de las causas penales en su contra relacionadas con los comicios y varios otros cargos.
La decisión, dada a conocer en documentos judiciales, también significa un final, predecible aunque no menos sorprendente, de los casos penales que eran considerados como los más peligrosos entre las múltiples amenazas legales que enfrenta Trump. Es un reflejo de las consecuencias prácticas de la victoria electoral de Trump, la cual le garantiza que asumirá el cargo libre de escrutinio sobre su retención de documentos ultrasecretos y sus intentos por anular los resultados de la elección presidencial de 2020, la cual perdió ante el demócrata Joe Biden.
El equipo de Smith enfatizó que la decisión de dejar de lado las acusaciones, presentadas ante tribunales federales en Washington y Florida, no reflejaba su opinión sobre los méritos de los casos, sino más bien un reflejo de su compromiso con la política del departamento.
“Dicha restricción es categórica y no depende de la gravedad de los delitos, la solidez del caso del gobierno o los méritos para ser procesado, mismos que el gobierno defiende por completo”, escribieron los fiscales en los documentos presentados ante el tribunal el lunes en el caso de interferencia electoral.
La decisión era de esperarse después de que el equipo de Smith comenzó a evaluar la manera de poner fin tanto al caso de interferencia electoral de 2020 como al caso separado de documentos clasificados en el contexto de la victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris. El Departamento de Justicia cree que Trump ya no puede ser procesado de acuerdo con la política de larga data que establece que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.
Trump ha dicho que ambos casos fueron presentados por motivaciones políticas y había prometido despedir a Smith tan pronto como asumiera el cargo en enero.
El caso de las elecciones de 2020, presentado el año pasado, fue visto en su momento como una de las amenazas legales más serias que enfrentaba el republicano mientras competía por recuperar la Casa Blanca. Pero no tardó en estancarse en medio de las disputas legales sobre las afirmaciones de Trump de que gozaba de inmunidad a ser procesado por las acciones que tomó mientras estaba en la Casa Blanca.
La Corte Suprema dictaminó por primera vez en julio pasado que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad a ser procesados, y envió el caso de regreso a la jueza federal Tanya Chutkan para determinar cuáles de las acusaciones, de ser el caso, podrían proceder a juicio.
El caso apenas comenzaba a cobrar impulso nuevamente en el tribunal a falta de unas semanas para las elecciones de este año. El equipo de Smith presentó un extenso informe en octubre en el cual se detallaron nuevas evidencias que planeaban usar contra Trump durante el juicio, acusándolo de “recurrir a delitos” como parte de un intento cada vez más desesperado por revertir la voluntad de los votantes después de su derrota electoral ante el presidente Joe Biden.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
