LA HABANA (AP) — El dramaturgo Yunior García, uno de los organizadores de una marcha denegada por las autoridades cubanas, fue advertido por la Fiscalía el jueves sobre las consecuencias penales si persiste en realizar la protesta pública.
García y varios integrantes de su plataforma digital Archipiélago solicitaron a las autoridades un permiso para realizar una manifestación pacífica al amparo de los derechos explícitamente enunciados en la nueva constitución. Sin embargo, su demanda fue duramente rechazada por el gobierno que la calificó de “ilícita” forma de destruir al socialismo, el cual está signado como “irrevocable” en la propia carta magna.
“Esto a mí me da la idea de que es una amenaza que viene desde el poder”, dijo García a un pequeño grupo de periodistas a la salida de la Fiscalía Provincial de La Habana, adonde había sido citado por funcionarios para comparecer.
“No percibo que haya una sola institución del país donde nací que se ponga del lado nuestro, del lado del ciudadano que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte, estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, de criterio, de perspectivas sobre el país que soñamos y queremos construir”, agregó el dramaturgo.
Posteriormente el portal oficial Cubadebate publicó una nota de la Fiscalía General de la República informando que apercibimientos similares se realizaron en las localidades provinciales de Villa Clara, Cienfuegos y Holguín y especificó que los manifestantes incurrirían en los delitos de “desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir”, entre otros.
En septiembre García y una decena de personas presentaron un pedido de autorización para una manifestación -a la que calificaron de cívica y pacífica- por una céntrica avenida capitalina para el 20 de noviembre en demanda de cambios políticos y la liberación de presos. Otros hicieron lo mismo en ocho ciudades del país.
La respuesta del gobierno fue instaurar para ese día una jornada de Defensa Nacional -ejercicios de rescate y salvamento que movilizan a civiles y militares-, por lo que el grupo movió la fecha para el 15 de noviembre.
La víspera el gobernador de La Habana informó de un plan popular para conmemorar el 502 aniversario de la capital con movilizaciones callejeras precisamente para el 15 y 16 de noviembre y en el marco de una creciente flexibilización del aislamiento social ocasionado por la pandemia de COVID-19.
Ahora además se sumó el apercibimiento de la Fiscalía a García.
“Teniendo en cuenta la decisión manifiesta de algunos de estos ciudadanos en el deseo de mantener su propósito de efectuar estas marchas y desconocer por tanto la denegación…(la Fiscalía) inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos de las consecuencias jurídico penales”, dijo la vicefiscal jefa de la provincia de La Habana, Yaimara Angulo, en una declaración ante periodistas en la que no aceptó preguntas.
La marcha propuesta por Archipiélago busca ser una suerte de continuidad de las manifestaciones del 11 y 12 de julio, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de manera desorganizada en diversos puntos del país -en protestas que se veían en la isla desde la década del 90- con demandas tan diversas como que se ponga fin a los apagones, el aumento de los precios y el desabastecimiento hasta cambios políticos.
Una persona falleció y un número no determinado fue detenido -el gobierno sólo informó sobre algunos procesados-, precisamente por los que ahora están reclamando García y Archipiélago. Muchas de las manifestaciones terminaron en actos vandálicos con cristales destruidos, patrullas dañas y personas heridas.
El gobierno llamó a su vez a sus simpatizantes a tomar las calles y, aunque reconoció muchas de las necesidades y críticas, consideró que la manifestación fue atizada mediante redes sociales por grupos de interés de Estados Unidos.
