EL ESTOR, Guatemala (AP) — La disputa por la operación de una mina del norte de Guatemala que enfrenta inconformidad de los habitantes y es protegida por el gobierno con la declaración de un estado de sitio parece no terminar.
Grupos indígenas de otros lugares del país denunciaron el lunes ante el Ministerio Público al presidente Alejandro Giammattei por proteger la mina ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, y exigieron que se les consulte sobre la actividad minera en sus territorios. Martín Toc, líder de los 48 Cantones, una organización que representa a la comunidad indígena de Totonicapán, encabezó una marcha de autoridades locales para presentar la denuncia.
La vida normal en El Estor, un pueblo indígena q’eqchi’ ubicado frente al Lago de Izabal, se vio impactada por el despliegue de policías y militares que vigilan, preguntan, controlan a la población y allanan casas en conjunto con el Ministerio Público tras la imposición del estado de sitio el domingo.
El pleno del Congreso ratificó el estado de sitio el lunes en la tarde con 85 votos a favor de un total de 160 diputados.
El enojo de los pobladores se disparó luego de que el Ministerio de Energía y Minas estableció mesas de discusión con la población, tal como había ordenado la Corte de Constitucionalidad, para saber si los pobladores aceptan proyectos extractivos en sus comunidades, pero excluyó a un grupo de pescadores e indígenas q’eqchi.
Astrid Franco, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos y quien ha estado presente en las discusiones, dijo que se abrió un expediente con la denuncia de los pobladores e indígenas que fueron excluidos de la discusión.
“Ayer el gobierno les estaba ofreciendo un diálogo separado a los comunitarios en resistencia. Lo que ellos quieren es participar de la consulta, de cómo y cuándo se va a hacer la consulta”, dijo Franco.
Antes de que se declarara el estado de sitio los pobladores mantuvieron protestas durante varios días contra la Minera Fénix, bloqueando carreteras para impedir el paso de camiones a la mina, a la que acusan de seguir operando a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó que suspendiera su actividad.
En Minera Fénix se extraen minerales como el níquel, que es exportado a más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Rusia y China. La mina es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group, de capitales rusos y suizos.
La población se replegó y muy pocos se atreven a hablar, pues temen que se les vincule con las protestas. Los habitantes intentan continuar con su rutina diaria mientras vehículos policiales recorren las calles. Personal militar con megáfono en mano llama a la población a resguardarse por el toque de queda.