MIAMI (AP) — La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch denunció el martes que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con “detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos”.
“El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, dijo Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW y autor de un nuevo informe sobre Cuba. “Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.
El informe en el que HRW describió a las protestas como “abrumadoramente pacíficas” fue presentado en Miami, conocida como la cuna del exilio cubano, a 100 días de las manifestaciones en la isla.
La organización, que no tiene presencia física o legal en la isla, dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados; consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes, artículos periodísticos y publicaciones de organizaciones de derechos humanos de la isla y corroboró también videos y fotos.
De los 130 casos documentados por HRW las autoridades sólo acusaron a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de ellos por arrojar piedras, dijo la organización.
La isla de 11 millones de habitantes tuvo unas inusuales marchas el 11 y 12 de julio en las que miles de personas salieron a las calles en varios puntos del país con demandas tan diversas como el hartazgo ante las carencias materiales, pasando por las quejas de los apagones y hasta pedidos de cambio de gobierno.
De acuerdo con el informe de HRW, “los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad” en diferentes áreas de Cuba sugieren “de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir las protestas”.
En Cuba, “el protestar pacíficamente constituye un delito, no un derecho”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, en una conferencia de prensa. “Todo indica que la intención (de las autoridades) fue cortar todo esto”, agregó refiriéndose a las manifestaciones.
Fueron las manifestaciones contra el gobierno cubano más concurridas en décadas, a las que las autoridades calificaron como una campaña promovida por sus detractores desde afuera de la isla, especialmente desde Estados Unidos, a través de las redes sociales para destruir al gobierno.