TIJUANA, México (AP) — Al caer la noche, unos 250 agentes de policía y empleados municipales entraron a un sórdido campamento de personas que esperaban solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes tienen que registrarse para recibir sus credenciales o marcharse. En cuestión de horas, los que se quedaron estaban rodeados por una cerca de tela metálica suficiente para doblar en altura a la Estatua de la Libertad.
El operativo del 28 de octubre puede haber sido el final de un asentamiento que llegó a albergar a alrededor de 2.000 personas y bloquea un importante paso fronterizo con Estados Unidos. Pero podría surgir otros nuevos.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, criticó duramente uno parecido en Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, en una visita en 2019, diciendo: “Esto no es lo que somos como estadounidenses”. El gobierno del presidente Joe Biden publicitó su desmantelamiento en marzo, pero casi al mismo tiempo aparecieron otros en la cercana Reynosa y en Tijuana.
Los campamentos, llenos de niños pequeños, son producto de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México a sus audiencias en cortes de inmigración estadounidenses o les prohíben solicitar asilo en virtud de medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus. La incertidumbre sobre las políticas de asilo de Washington también ha contribuido al crecimiento de las poblaciones migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, lo que creó las condiciones para el nacimiento de más asentamientos.
Los migrantes no suelen estar a la vista en esas ciudades, pero en Tijuana el campamento es muy visible y perturbador. Sus carpas cubiertas con lonas azules y bolsas de plástico negras bloquean la entrada a un cruce fronterizo por el que una media de 12.000 personas pasaban a diario a Estados Unidos antes de la pandemia. Es uno de los tres pasos peatonales a San Diego.
Estados Unidos reabrió por completo sus fronteras terrestres con México y Canadá para viajeros totalmente vacunadas el 8 de noviembre.
Montserrat Caballero, la primera alcaldesa de Tijuana, dijo que los funcionarios no hicieron “casi nada” para controlar el asentamiento antes de que ella llegase al cargo el 1 de octubre. Y cuando pidió a los gobiernos estatal y federal de México que se uniesen a ella para levantar una cerca e imponer un registro, se negaron.
“Por ser un caso tan público, las autoridades de todos los niveles tuvieron miedo de equivocarse, miedo de hacer algo mal y que su carrera política se hubiera afectada”, afirmó durante una entrevista. “Nadie quiere tocar los temas”.
Caballero señaló que actuó para proteger a los migrantes. No sabe de homicidios ni secuestros en el campo, pero The Associated Press halló que las agresiones, el consumo de drogas y las amenazas han sido habituales.
“No puedo cerrar los ojos a un foco rojo que yo veía”, agregó. “Cerrando los ojos solo crece mas”.