Por Ken Dixon
Tres votantes de Bridgeport, basándose en una ley poco conocida de 1868, han solicitado a la Corte Suprema de Connecticut el poder de realizar arrestos ciudadanos de dos personas relacionadas con la controversia del voto ausente en su ciudad.
Sin embargo, los abogados del estado dicen que la ley de 156 años está desactualizada debido a la autoridad de 40 años de la División de Justicia Penal de Connecticut y la Oficina del Fiscal Jefe del Estado.
Cameron L. Atkinson, abogado de Harwinton de los activistas conservadores que representan a los residentes de la ciudad Albert Bottone, Diahann Phillips y Alison Scofield, dijo al tribunal superior el miércoles que un juez del Tribunal Superior se equivocó en noviembre pasado al rechazar su solicitud de arresto de los dos partidarios de Alcalde Joe Ganim: Wanda Geter-Pataky, una saludadora del Ayuntamiento que es vicepresidenta del Partido Demócrata local, y Eneida Martínez, quien fue reelegidDurante una audiencia de una hora, el Fiscal General Adjunto Evan M. O’Roark y el Fiscal Estatal Adjunto Supervisor Timothy F. Costello pidieron al panel de siete jueces que rechazara la solicitud, que se basa en un estatuto estatal que dice: “A partir de la denuncia escrita de tres electores cualesquiera de una ciudad en la que se ha producido una violación de cualquier ley relativa a las elecciones, ante cualquier juez del tribunal superior del distrito judicial dentro del cual se ha cometido el delito, respaldado por juramento o afirmación de que los denunciantes tienen buenos motivos para hacerlo. cree y cree que las alegaciones allí contenidas son ciertas y pueden ser probadas, dicho juez expedirá orden de aprehensión del imputado.”
O’Roark y Costello dijeron que la ley no tiene ningún efecto actual sobre los procesos penales.
El 28 de noviembre de 2023, el juez del Tribunal Superior Thomas Welch denegó las solicitudes y enfatizó que la solicitud no cumplía con los estándares de causa probable para el arresto. Welch agregó que no existía un procedimiento real para procesar a Geter-Pataky y Martínez, quienes fueron figuras centrales en el caso civil que resultó de las primarias demócratas del 12 de septiembre de 2023 que dejaron en duda la reelección de Ganim hasta las elecciones generales del 27 de febrero.a al Concejo Municipal en noviembre.
El miércoles pasado, la Corte Suprema, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Richard A. Robinson, preguntó a Atkinson cómo funcionarían realmente esos poderes de arresto. Respondió que la Asamblea General ha dejado el estatuto vigente todos estos años, por lo que sus clientes deberían tener derecho a solicitar el arresto de Geter-Pataky y Martínez.
“Yo diría que tenemos legitimación activa en este caso”, dijo Atkinson, reconociendo que una enmienda de 1984 a la Constitución estatal creó la Oficina del Fiscal General del Estado para investigar y procesar asuntos penales.
“¿Admite usted que el tribunal de primera instancia tiene cierta discreción para no emitir una orden de arresto?” Dijo el juez asociado Gregory D’Auria. “Creo que no existe un estándar para un denunciante decepcionado”.
Atkinson dijo que sus clientes, como electores de la ciudad, tienen la libertad personal de abordar el tema. “El daño recae directamente en estos electores libres”, afirmó. “Usted es un elector en la ciudad y eso lo ha perjudicado”.
“Supongamos que sus clientes tienen legitimación activa y que el juez debería haber emitido una orden”, dijo el juez asociado Andrew J. McDonald. “¿A quién se debe emitir la orden de arresto?” Atkinson dijo que la policía de Bridgeport daría seguimiento a su denuncia. McDonald luego preguntó qué discreción tendrían los fiscales estatales para llevar el caso ante los tribunales.
McDonald preguntó además quién sería responsable si el arresto de un ciudadano resultara en un procesamiento malicioso o en un arresto injusto. El jurista advirtió que si la detención de un ciudadano se produce ante una posible acusación penal por parte de la Fiscalía General del Estado, podría “obstaculizar” a los fiscales estatales en los tribunales.
“Lo que está en juego es la confianza en las elecciones”, dijo Atkinson, recordando la filtración de imágenes de video de personas que parecían estar depositando papeletas de voto ausente en buzones electorales en el centro de Bridgeport antes de las primarias.
“Si el fiscal del estado rechazó el procesamiento, ¿existe una vía para un proceso privado?” Preguntó el juez asociado Steven D. Ecker.
“Creo que podría haber un argumento a favor de un proceso privado”, respondió Atkinson, enfatizando que revisó la gravedad del problema con sus clientes y cómo sopesar varias pruebas.
El tribunal comenzará ahora las deliberaciones antes de emitir una decisión en las próximas semanas.