En medio de los repetidos intentos de Donald Trump por subvertir el orden público, la sociedad civil, desconocer la Constitución de los Estados Unidos y los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 para impedir que el demócrata Joseph Robinette Biden II nacido el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania asumiera la presidencia este próximo miércoles 20 de enero; los observadores de la política están de acuerdo en que los primeros 100 días del nuevo gobierno serán cruciales.
Biden que fue vicepresidente de este país por ocho años durante la presidencia de Barack Obama, tendrá que restituir el orden social, establecer la tranquilidad social, y hacer responsables ante la ley a quienes hayan cometido delitos en contra del Estado.
El nuevo presidente y su vicepresidenta Kamala Harris no tienen que estar directamente involucrados en las indagaciones y los juicios en contra de Trump, sus hijos e hijas, su yerno y los arquitectos en el plan de destruir la democracia; sino que delegar de inmediato estas importantes tareas a los organismos judiciales y en el Departamento de Justicia donde ya no estará la figura deleznable de William Barr que se convirtió en el abogado personal del expresidente y apoyándolo en sus planes de subvertir la ley electoral.
El intento de Joe Biden de unir a un país polarizado políticamente entre los “estados rojos y los azules” (republicanos y demócratas) y su llamado a la “reconciliación,” no se debe entender cómo olvidar el pasado, borrón y cuenta nueva.
Es importante recordar que el nuevo presidente recibe un país que acusa 300,000 muertes provocadas por el Covis-19 que es el peor desastre de la salud pública de la historia agravado por la ignorancia e ineficacia del gobierno republicano saliente.
En la lucha en contra de la Pandemia, la esperada vacuna y quienes sean elegibles, se debe asegurar que la población afroamericana, Latino Americana, y nativo americana sean una prioridad en el delicado proceso de inoculación de las dosis de Pfizer que requieren almacenarse en temperaturas menores a los 94 grados Fahrenheit. Las prioridades de elegibilidad a las vacunas deben apuntarse hacia los sectores segregados por décadas de una atención de salud adecuada.
Usando el lenguaje utilizado por el legendario presidente Franklin Delano Roosevelt, los Estados Unidos y el nuevo gobierno deben iniciar un “New Deal” y Oportunidades que permita mejorar la infraestructura de la salud pública que recibió en marzo del 2020 el impacto de la Pandemia sin recursos suficientes exponiendo a los empleados de la salud a contagios por no contar con mascarillas apropiadas ni el Equipo de Seguridad Personal. Esta deficiencia ha provocado más 1,500 trabajadores de la salud fallecidos debido a la lenidad e incompetencia del gobierno de Donald Trump y no puede repetirse.
Se requieren inversiones masivas en servicios médicos en la comunidad y servicios sociales que han sido la primera línea de defensa para contrarrestar los funestos efectos del Covis-19.
El nuevo gobierno y los congresistas y senadores de Washington bajo los lideres del gobierno tienen que preparar otro paquete de ayuda financiera para mas de 40 millones de estadounidenses desempleados que necesitan esta asistencia financiera que hasta ahora se ha limitado a magros cheques que son agua y arena en el desierto.
Frente a las malsanas maniobras de Trump que privilegiaron a los eternamente acaudalados de este país con suculentas exenciones en el pago de impuestos; el nuevo gobierno tendrá que limitar el poder de las impugnables corporaciones y establecer un sistema justo que no siga castigando a través del IRS a la malograda clase media, pensionados y trabajadores.
Se deberá expandir el sistema de Medicare para cubrir, entre otros, el sistema de salud dental que en estos momentos esta cobrando $4,000 o más por un implante y $500 dólares por radiografías.
El gobierno federal tendrá que invertir en una nueva infraestructura de “energía limpia” para permitir la creación de empleos y el saneamiento del medio ambiente. También y a diferencia del gobierno pasado, se tienen que reestablecer regulaciones en los procesos de inversiones que amenazan el medio ambiente y entre ellos la eliminación y demolición de la infame muralla Trump donde se han invertido billones de dólares. Si se funde el metal de esta muralla se pueden reforzar puentes y jamás volver a construir vallas entre naciones.
Movilizar y educar a la población escolar y adulta acerca de la crisis que constituye el calentamiento global que podría elevar la temperatura del planeta y los océanos en mas de un grado Fahrenheit amenazando a la agricultura, a la población vegetal y animal y a la existencia de nuestra civilización.
Profundizar la justicia racial dejando saber la desigualdades que existen en los programas de educación y especialización profesional, generando lo antes posible iniciativas para aliviar de montos casi hipotecarios a una población joven que deberá pagar deudas interminables por préstamos de estudio a las universidades y al gobierno. Se debe reforzar la idea de una educación subgraduada gratuita para estudiantes con talento decididos a esforzase en lograr títulos profesionales en áreas esenciales como la salud, tecnología y la educación,
Ampliar la representación de grupos afroamericanos, latinos y nativos americanos en puestos preponderantes de la burocracia gubernamental y en posiciones de liderazgo que vayan más allá de los fotografiados nombramientos en gabinetes, cuestión que se reconoce, pero que no es suficiente. En el pasado gobierno no hubo representación de personas de color.
El nuevo gobierno debe reorientar al Directorio de Nacional de Relaciones Laborales para ayudar a los trabajadores en sus peticiones de aumentos de salarios y en su lucha por el derecho a pertenecer a sindicatos. Esto incluye una salario mínimo de $15 dólares por hora de trabajo para los empleados de servicios y grandes corporaciones como los DD y otros.
Limitar las acciones de la corrupta industria de armamentos que mantiene al sistema presupuestario de los Estados Unidos bajo las obsoletas pólizas del gobierno de George Bush de septiembre del 2001, las cuales han mantenido a este país involucrado en sucesivas e interminables guerras donde participan ciudadanos que regresan de frentes de batalla en países foráneos afectados por traumas emocionales, problemas de salud mental e invalidez. Este plan incluye mejorar la situación de los veteranos quienes fueron repetidamente insultados por Trump quien, al igual que sus hijos jamás sirvieron en las fuerzas armadas.
El nuevo gobierno debe implantar una póliza de formación profesional para las fuerzas del orden que incluya el reconocimiento y respeto de los grupos afroamericanos y latinos que han sufrido ataques brutales por parte de policías racistas o sujetos afectados por problemas mentales.
Proteger a la prensa de ataques verbales o físicos por parte de fanáticos del antiguo régimen y ampliar el acceso a computadores y acceso a Wifi en sectores rurales y urbanos pobres.
Que los Estados Unidos y su Departamento de Estado actúe y aplique sanciones a gobiernos dictatoriales donde se abusa de la población civil privándola de un respeto a los derechos humanos básicos. Presidentes como Jair Messías Bolsonaro de Brasil, Sebastián Pinera de Chile, entre otros, actúan sin controles en ataques, tortura y asesinatos de la población nativa, destruyendo el medio ambiente y encarcelando a los opositores a sus abusos.
El gobierno de Joe Biden deberá reforzar, respetar y apoyar a los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas, regresar al foro europeo que enfrenta la amenaza del calentamiento global, y respaldar diplomáticamente a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) amenazada por la avaricia territorial y política del dictador Vladimir Putin quien lleva a cabo una verdadera guerra cibernética en contra de agencias vitales de los Estados Unidos sin sanciones en su contra, lo cual fue el modus operandi de Trump.
