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NEW HAVEN.- Un laboratorio con sede en Branford y sus propietarios firmaron un acuerdo civil de $1.2 millones con los gobiernos federal y estatal por las facturas a beneficiarios de Medicare y Medicaid por análisis de drogas en orina innecesarios.
Genco Lab y su propietario, Paul Conroy; la directora de operaciones, Tricia Conroy; y el copropietario, Charles Orefice, también firmaron un acuerdo de cumplimiento con el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut para adoptar e implementar un nuevo programa de cumplimiento y devolver cualquier sobrepago detectado por un auditor independiente en una serie de auditorías que se realizarán durante los próximos 18 meses, según declaró el Fiscal General William Tong en un comunicado de prensa.
El gobierno alega que Genco violó las Leyes de Reclamaciones Falsas federales y estatales al presentar reclamaciones por análisis de drogas en orina médicamente innecesarios para beneficiarios de Medicare y Medicaid de Connecticut en centros de rehabilitación, con el único propósito de “monitoreo residencial”, lo cual está prohibido, y presentó reclamaciones por análisis de drogas en orina duplicados, médicamente innecesarios, declaró Tong.
El gobierno también alega que Genco realizaba pruebas rutinariamente a pacientes de Medicaid y Medicare de Connecticut, utilizando pruebas presuntivas y definitivas simultáneamente, el mismo día. Las pruebas presuntivas pueden detectar la presencia o ausencia de ciertas clases de drogas (opiáceos, cocaína, anfetaminas), mientras que una prueba definitiva puede determinar la droga exacta y su cantidad. La prueba definitiva es más precisa y también más costosa, pero nadie revisó las pruebas iniciales para determinar si se necesitaban más, declaró Tong en su comunicado.
“Mi oficina está preparada, junto con nuestros socios federales y estatales, para tomar medidas enérgicas contra cualquiera que abuse del programa Medicaid de nuestro estado en detrimento tanto de los contribuyentes como de los pacientes”, declaró Tong en un comunicado.
Este asunto fue investigado por la Fiscalía de los Estados Unidos para Connecticut, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Fiscalía General de Connecticut y el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut.
Las sospechas de fraude y abuso en el sistema de atención médica pública se pueden denunciar a la Sección de Fraude Gubernamental del Procurador General al 860-808-5040 o por correo electrónico a ag.fraud@ct.gov o a la línea directa de denuncia de fraude del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut al 1-800-842-2155, en línea en www.ct.gov/dss/reportingfraud, o por correo electrónico a providerfraud.dss@ct.gov.
