La legislación también aborda los drones, las subvenciones para organizaciones sin fines de lucro y la compensación para los deportistas estudiantes
Por Karla Ciaglo /CT NEWS JUNKIE
Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley HB 7066, un proyecto de ley integral que aborda las interacciones entre el personal escolar y las autoridades de inmigración, la compra y el uso de ciertos drones, las subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y la compensación para los estudiantes deportistas.
Un componente clave del proyecto de ley HB 7066 requiere que los superintendentes de las escuelas públicas designen al menos un administrador en cada escuela para manejar las interacciones con las autoridades federales de inmigración. Estos administradores gestionarían las visitas en persona y las solicitudes de información, asegurando que se sigan los protocolos de seguridad. Las juntas de educación locales y regionales tendrían que actualizar sus planes de seguridad y protección escolar para incluir procedimientos para estas interacciones.
Después de rechazar dos enmiendas, los demócratas aprobaron la legislación certificada de emergencia con una votación de 94 a 49 con siete ausentes o no votantes. Todos los republicanos presentes votaron en contra del proyecto de ley junto con dos demócratas, los representantes Patrick Boyd, de Pomfret, y Kerry Wood, de Rocky Hill. Ambos miembros se desempeñan como copresidentes de comités separados: Boyd sobre Seguridad Pública y Protección y Wood sobre Seguros y Bienes Raíces.
De izquierda a derecha: el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, demócrata por Hartford, y el líder de la mayoría, Jason Rojas, demócrata por East Hartford, informan a los periodistas antes de la sesión de la Cámara de Representantes el lunes 24 de febrero de 2025 en el Capitolio de Hartford. Crédito: Doug Hardy / CTNewsJunkie
El proyecto de ley fue transmitido al Senado para su consideración allí. Si el Senado lo aprueba, la legislación se dirige al escritorio del gobernador Ned Lamont para su consideración.
Durante el debate, surgieron preguntas sobre si los nuevos requisitos impondrían mandatos a los distritos escolares y requerirían una compensación que impondría cargas financieras a las escuelas. El representante Joe Poletta, republicano por Waterbury, un oponente del proyecto de ley, cuestionó quién sería responsable de compensar a un administrador designado.
La representante Jennifer Leeper, demócrata por Fairfield, aclaró que no había compensación por estar al tanto de la política estatal y que ya existían protocolos dentro de las escuelas para asuntos de seguridad y protección, un hecho mencionado anteriormente en el debate por la representante Toni Walker, demócrata por New Haven.
“Cada escuela tiene un equipo de emergencia, y los equipos en esas escuelas deben tener ciertos miembros. Estamos agregando a este miembro a ese equipo para que tengamos a alguien responsable en las circunstancias”, dijo Walker. “No se requerirá un mandato financiero adicional porque… este grupo ya existe. Esta es solo una de sus responsabilidades en ese grupo”.
Poletta cuestionó a Leeper sobre las implicaciones de los nuevos requisitos.
“¿Puede aclarar qué se espera exactamente que hagan los administradores designados durante estas interacciones? ¿Se les está pidiendo que hagan cumplir la ley de inmigración?”, preguntó.
Leeper dijo que los administradores escolares no hacen cumplir la ley de inmigración.
“El papel de los administradores designados no es hacer cumplir la ley de inmigración, sino garantizar que se sigan los protocolos de seguridad escolar establecidos. Verificarán la identificación, revisarán cualquier documento legal presentado y consultarán con un asesor legal si es necesario”, dijo Leeper. “Se trata de mantener un entorno seguro para los estudiantes y el personal al mismo tiempo que se cumplen las obligaciones legales”.
En una conferencia de prensa antes de la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, demócrata de Hartford, explicó el componente de inmigración del proyecto de ley.
“Queremos asegurarnos de que se sigan las mejores prácticas y, si se hace mal, si no se responde de la manera correcta la primera vez, puede ser traumático para todos los involucrados”, dijo Ritter. “Estos son agentes de policía que básicamente entran a las escuelas. Y puedes imaginar lo primero que se le va a pasar por la cabeza a alguien si hay un tiroteo activo o algo así. Queremos asegurarnos de que la gente esté siguiendo las reglas. Orientación básica. Antes de enero, no creo que nadie hubiera contemplado tener que enfrentarse a un agente de ICE mientras iba a la escuela. Esa es la realidad en la que vivimos”.
Cuando se le preguntó sobre la compensación para los atletas estudiantes, Ritter dijo que el estado necesita mantenerse al día con lo que está sucediendo en los deportes universitarios, específicamente con el paso a pagar a los atletas estudiantes para que jueguen.
Ritter dijo que la Universidad de Connecticut eventualmente tendrá acceso a $22 millones en fondos no contribuyentes para pagar a sus atletas.
Cuando se le preguntó cómo cree que le irá a UConn en el inminente nuevo sistema, Ritter dijo que cree que la universidad pública insignia de Connecticut se beneficiará del hecho de que las escuelas de fútbol más importantes del país, como la Universidad de Alabama, necesitarán gastar gran parte de esos fondos en sus programas de fútbol.
Con respecto al segmento de drones del paquete legislativo, el proyecto de ley prohibiría el uso de drones fabricados en China en trabajos contratados por el estado.