BEIRUT (AP) — Líbano aún enterraba a sus muertos el martes al cumplirse una semana de la explosión que arrasó el puerto de su capital, Beirut, dañó edificios y dejó al menos 160 muertos y unos 6.000 heridos.
Se planeaba, entre otros eventos, un minuto de silencio a las 18.08, la hora de la explosión, provocada por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban depositadas en el puerto desde hacía más de seis años. También se planeaba una vigilia a la luz de las velas.
La explosión ha provocado indignación contra la clase política y las agencias de seguridad, y el gobierno renunció el lunes. Después del desastre, salieron documentos a la luz que revelan que altos funcionarios sabían de la existencia de esas reservas cerca de las zonas residenciales y no hicieron nada al respecto.
Aún no se conoce a ciencia cierta la causa del incendio en el almacén del puerto que detonó las sustancias químicas, una explosión tan potente que la onda expansiva se sintió en la isla de Chipre, a más de 200 kilómetros en el Mediterráneo.
“En apenas un minuto cambió el mundo para los habitantes de Beirut”, dijo Basma Tabaja, subjefe de la delegación local del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La explosión, que destruyó totalmente el puerto y dañó miles de viviendas y oficinas en la capital, se produjo en medio de la crisis económica sin precedentes que aqueja al país desde el año pasado.
Por otra parte, el martes comenzaron los contactos de trastienda para la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia del primer ministro Hasssan Diab en la víspera. El gobierno de Diab, que contaba con el respaldo de la milicia Hezbollah y sus aliados, colapsó tras la explosión al anunciarse la renuncia de tres ministros.
El gobierno Diab se formó tras la renuncia de Saad Hariri en octubre del año pasado frente a las manifestaciones contra la corrupción endémica en las altas esferas del gobierno. La designación de Diab fue producto de meses de ásperas negociaciones.
Los libaneses reclaman un gabinete independiente de los partidos políticos tradicionales a los que atribuyen la pésima situación del país, así como una investigación independiente de la explosión.
Las autoridades libanesas han rechazado una investigación internacional. La última decisión del gobierno antes de renunciar fue a de remitir el caso al Consejo Supremo Judicial, que entiende en delitos contra la seguridad nacional, la seguridad del estado y los de carácter político.
