BRIDGEPORT. John H. Durham, Fiscal para el Distrito de Connecticut, anunció que Héctor B Chukwemeka Okwouosa, Ladc y su negocio My father my son Rehabilitation and counseling Center LLC, han celebrado un acuerdo de resolución civil con el gobierno federal y gobiernos estatales y pagó 230.000 dólares para resolver las acusaciones de que violaron las leyes de Reclamaciones Falsas federales y estatales.
Okwuosa es un consejero de drogas y alcohol con licencia del estado y propietario de My Father My Son, una práctica privada de salud conductual ahora disuelta que brindaba asesoramiento en el hogar sobre salud mental y abuso de sustancias en las comunidades de New Haven, Hartford y Bridgeport.
Okwuosa está inscrito como un clínico licenciado en salud conductual en práctica independiente en el Programa de Asistencia Médica de Connecticut (“CMAP”), que incluye el programa Medicaid del estado. Se alega que, en numerosas ocasiones, Okwuosa y My Father My Son facturaron a Medicaid por los servicios de salud conductual como si una persona con licencia hubiera brindado los servicios cuando en realidad una persona sin licencia prestó los servicios.
Para resolver las acusaciones bajo las Leyes de Reclamaciones Falsas federales y estatales, Okwuosa y My Father My Son pagaron el dinero para reembolsar al programa Medicaid por conductas que ocurrieron desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 5 de mayo de 2018.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas, el gobierno puede recuperar hasta tres veces los daños reales, más multas de 11.665 a 23.331 dólares por cada reclamación falsa.
Este caso se deriva de una investigación más amplia sobre actividad fraudulenta en el área de servicios de salud conductual, que ha sido realizada conjuntamente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., La Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de la Fiscalía Principal del Estado y la Oficina del Procurador General de Connecticut, con el apoyo del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut.
Este caso fue manejado por la Fiscal Federal Auxiliar Anne Thidemann y el Fiscal General Adjunto Joshua L. Jackson de la Oficina del Fiscal General de Connecticut.
Este caso se anuncia en coordinación con una acción de ejecución nacional del Departamento de Justicia que involucra a más de 300 acusados en casos penales y civiles en 51 distritos federales. Se alega que los acusados, incluidos más de 100 médicos, enfermeras y otros profesionales médicos con licencia, presentaron más de 6 mil millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos a programas federales de atención médica y aseguradoras privadas.
Se pide a las personas que sospechan de fraude en la atención médica a denunciarlo llamando al 1-800-HHS-TIPS o al Grupo de trabajo sobre fraudes en la atención médica al (203) 777-6311.