LIMA (AP) — Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos que analiza la crisis política en Perú conversó el lunes con el presidente Pedro Castillo y el Parlamento opositor en medio de modestas marchas a favor y en contra del mandatario.
La misión -que no tomará ninguna decisión y únicamente emitirá un informe que presentará al Consejo Permanente de la OEA- se reunió temprano con el mandatario, investigado por presunta corrupción, quien solicitó la visita por considerar que en Perú está amenazada la institucionalidad.
Castillo publicó luego de la cita en su cuenta de Twitter que recibió a la misión para que sepa “cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”.
Luego el grupo se reunió con líderes del Parlamento -dominado por la oposición- que ha intentado destituir dos veces a Castillo. El presidente del Legislativo, José Williams, dijo a la prensa que durante la cita pidieron un gabinete ministerial integrado por varios partidos políticos, que el mandatario responda con frecuencia las preguntas del periodismo y dé respuestas a la fiscalía que lo investiga.
“La reunión fue amable y muy objetiva”, indicó Williams, un legislador conservador y militar retirado.
La misión de la OEA está conformada por los cancilleres de Argentina, Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay. También está integrado por los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica y el excanciller de Paraguay. El sábado el vocero de la misión y representante de la Secretaría General de la OEA, Eladio Loizaga, dijo en un video que el objetivo de la visita “es uno solo: escuchar al Perú”.
El grupo -que trabajará en Perú lunes y martes- tiene previsto reunirse con la presidenta de la Corte Suprema y la Fiscal General peruana. También con partidos opositores, entre ellos Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales de 2021 y cuyos legisladores han impulsado los dos fracasados pedidos de destitución contra Castillo.
Dos pequeñas marchas, en favor y contra del presidente, cerca del centro capitalino fueron frenadas por la policía. La primera, a favor de Castillo, sumaba alrededor de 3.000 personas que exigían el cierre del Parlamento. La opositora congregaba a más de 200 manifestantes, varios de ellos evangélicos, que pedían la renuncia de Castillo.
Temprano la televisión estatal mostró imágenes en vivo de cómo la delegación ingresó al interior del palacio presidencial y fue recibida por Castillo.
Castillo solicitó la presencia de una misión por considerar que en Perú está amenazada la institucionalidad. Su gobierno expresó en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, su voluntad de establecer un proceso de diálogo con todos los actores en Perú para recuperar la “normalidad democrática”.
Castillo hizo la petición ante la OEA en octubre en medio del fuego cruzado con la fiscal general Patricia Benavides, quien desde mediados de año lo investiga de forma preliminar en cinco casos, la mayoría por presuntos delitos de corrupción.
Los roces se encendieron a un nivel no antes visto en la política local luego de que la fiscal realizó ante el Parlamento una denuncia constitucional que recoge sus investigaciones previas. El gobierno respondió con otra denuncia constitucional contra la fiscal general por supuesta infracción a la constitución, abuso de autoridad y prevaricato.
Castillo dijo en una conferencia con la prensa internacional en octubre que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de Estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.
La fiscalía indicó posteriormente en una reunión informativa que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido corrupción.
En Perú un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque según la constitución eso sólo puede darse en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar elecciones o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales.
