HOUSTON (AP) — El mes pasado, una mujer hondureña con dolores de parto caminaba sola a través de la maleza de la zona fronteriza del sur de Texas después de ser empujada a través del río Bravo en una cámara de llanta.
Sus dolores de parto empeoraban. Desde el otro lado del río, los contrabandistas le gritaron que siguiera moviéndose.
Finalmente, cayó al suelo y gritó pidiendo ayuda.
Dio a luz a su hija junto al río Bravo, atendida por dos agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Me trataron bien, gracias a Dios”, dijo la mujer, que sólo se identificó por su primer nombre, Merín. “No tengo una queja, a mí me trataron bien en ese hospital, la comida, todo, medicamentos, exámenes, todo”.
Después de haber huido de Honduras con su hijo adolescente cuando su entonces esposo la amenazó con matarla, Merín dijo que vivió durante varios meses en el sur de México antes de intentar denunciar a algunos narcotraficantes a la policía. Eso la puso en riesgo y volvió a huir.
Se instaló en la ciudad mexicana norteña de Monterrey con su pareja actual. Su hijo fue a la ciudad fronteriza de Matamoros y en enero cruzó un puente hacia Estados Unidos como menor de edad no acompañado.
Entonces Merín decidió cruzar el río. La mujer recuerda una de las amenazas de los traficantes: “Si no pagas y vuelves a cruzar, te vas a morir. Le cortamos la cabeza a los que no hacen caso”.
Miles de migrantes esperan en las ciudades fronterizas mexicanas la oportunidad de ingresar a Estados Unidos, algunos desde hace años. El gobierno de Donald Trump ha rechazado a decenas de miles de personas en los cruces fronterizos legales, primero citando escasez de espacio y luego diciéndole a la gente que espere fechas de los tribunales bajo la política de “Permanecer en México”.
La Patrulla Fronteriza culpa a los contrabandistas por utilizar a personas en apuros médicos como señuelos, a fin de tratar de distraer a los agentes fronterizos y permitir que otras personas puedan colarse a Estados Unidos.
Un número cada vez mayor de padres e hijos cruzan, impulsados por la violencia y la pobreza en Centroamérica y la creciente desesperación en los campamentos de migrantes en México.
Actualmente Merín y su hija están a salvo después de que ella dio a luz el 22 de noviembre, pero su terrible experiencia muestra cómo en la frontera entre Estados Unidos y México las vidas están habitualmente en riesgo.
Aparte de una mala experiencia con un agente fronterizo, dijo que estaba agradecida por la manera en que la trataron en Estados Unidos. Aún espera encontrar trabajo y mantener a sus familiares en Honduras, pero podría enfrentar la deportación si pierde su caso en una corte de inmigración.
Desde la pandemia, el gobierno ha expulsado a más de 200.000 personas en cuestión de horas o días, citando una declaración de salud pública. En sus últimos días, el gobierno de Trump está formalizando nuevas restricciones sobre el asilo y otras protecciones de inmigración que podían tomar meses o años para que el presidente electo Joe Biden las deshaga.
Norma Pimentel, directora de la organización Caridades Católicas del Valle del Rio Grande, quiere reformas que permitan a las personas ingresar a Estados Unidos de manera segura y continuar con sus casos de inmigración, reduciendo la posibilidad de que familias desesperadas arriesguen sus vidas en manos de contrabandistas.
“Tiene que haber un proceso para eso, y no existe en este momento”, lamentó Pimentel.
