CARACAS (AP) — Una de cada tres personas en Venezuela pasa dificultades para poner sobre la mesa comida suficiente que cumpla con el mínimo de nutrientes requeridos debido a la severa contracción económica del país y a la persistencia de su crisis política, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU publicado el domingo.
Un sondeo a nivel nacional basado en 8.375 cuestionarios revela el sorprendente panorama de un gran número de venezolanos que sobreviven con una dieta formada principalmente por tubérculos y frijoles debido a que la hiperinflación en Venezuela ha vuelto inservibles muchos salarios.
Un total de 9,3 millones de personas – prácticamente la tercera parte de la población – padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, indicó el PMA en su informe, realizado a invitación del gobierno de Venezuela. La inseguridad alimentaria se define como la incapacidad de una persona para obtener los requerimientos dietéticos básicos.
El estudio dice que dicha inseguridad es una preocupación a nivel nacional, aunque algunos estados como Delta Amacuro, Amazonas y Falcón tienen niveles particularmente elevados. Incluso en las regiones más prosperas se calcula que una de cada cinco personas padece dificultades para comer bien.
“La realidad que presenta este informe evidencia la gravedad de la crisis social, económica y política en nuestro país”, dijo Miguel Pizarro, un líder opositor.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se ha mostrado mayormente renuente en los últimos años a invitar a las organizaciones internacionales a evaluar la situación humanitaria en su país, aunque el PMA aseguró que se le brindó “completa independencia” y recabó los datos en todo el país “sin ningún tipo de impedimento u obstrucción”.
El organismo de las Naciones Unidas “espera continuar su diálogo con el gobierno venezolano y proseguir conversaciones que se enfocarán en el camino a seguir para brindar asistencia a aquellos en inseguridad alimentaria”, indicó en un comunicado.
El gobierno de Maduro no hizo declaraciones sobre los resultados del estudio.
El sondeo reveló que el 74% de las familias han implementado estrategias alimenticias para hacer frente al problema, como la reducción en la variedad y calidad de la comida que consumen. El 60% de las familias reportaron haber reducido sus porciones, el 33% indicó que han aceptado alimento en pago a su trabajo y el 20% reportó haber vendido bienes familiares para cubrir sus necesidades básicas.
El problema parece centrarse más en la dificultad para obtener alimentos que en su disponibilidad. Siete de cada 10 personas reportaron que siempre es posible localizarlos, pero indicaron que es complicado adquirirlos debido a los altos precios. Un 37% reportó que han perdido su trabajo o su negocio debido a la severa contracción económica de Venezuela.
El país ha estado sumido en una crisis política y humanitaria que ha obligado a más de 4,5 millones de personas a irse en los últimos años. Maduro ha logrado mantenerse en el poder a pesar de los intentos del líder opositor Juan Guaidó por derrocarlo y de las crecientes sanciones de Estados Unidos.
Maduro culpa frecuentemente al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por la situación en su país, y su gobierno ha instado a la Corte Internacional de Justicia a iniciar una investigación, argumentando que las sanciones financieras están provocando sufrimiento e incluso la muerte. Sin embargo, los problemas del país para alimentar a sus ciudadanos y brindar atención médica adecuada ya existían antes de las sanciones de Washington.
Además de la situación alimentaria, el sondeo también indagó sobre las interrupciones a los servicios de luz y agua, encontrando que cuatro de cada 10 familias sufren cortes diarios en el servicio eléctrico. Igualmente, el 40% reportó interrupciones recurrentes en el abasto de agua, lo que complica aún más la vida diaria.
Haciendo notar que el estudio se realizó de julio a septiembre, Carolina Fernández, una activista venezolana por los derechos humanos que trabaja con mujeres vulnerables, dijo creer que la situación ha empeorado aún más. Mientras que muchas familias solían sobrevivir con las remesas que recibían de familiares en el extranjero, dijo que eso se ha vuelto más difícil ahora que buena parte de la economía se ha dolarizado y los precios suben.
“No es suficiente para una familia tener a una persona afuera”, declaró.
Fernández dijo que es posible que la inseguridad alimentaria tenga un impacto permanente en una generación de jóvenes que padecen hambre durante sus años formativos.
“Estamos hablando de niños que van a tener problemas a largo plazo porque no se están alimentando”, puntualizó.
Entre aquellos que sufren hambre hay personas como Yonni Gutiérrez, de 56 años, quien esperaba el domingo frente a un comercio de pollos rostizados de Caracas.
El hombre desempleado se acercaba a la puerta del restaurante cada que un cliente salía con una bolsa de comida, con la esperanza de que le compartieran algo. Dijo que previamente lograba sobrevivir ayudando a descargar camiones en un mercado, pero los comercios que le daban trabajo tuvieron que cerrar.
“Con suerte, a veces llevo algo bueno”, dijo.
