La directora del Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos (PBS, por sus siglas en inglés) afirmó el viernes que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca recortar los subsidios públicos al PBS y a la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), es flagrantemente ilegal.
La CEO del PBS, Paula Kerger, manifestó que la orden del presidente republicano “amenaza nuestra capacidad de servir al público estadounidense con programación educativa, como lo hemos hecho durante más de 50 años”.
“Actualmente exploramos todas las opciones para permitir que el PBS continúe sirviendo a nuestras estaciones miembros y a todos los estadounidenses”, expresó Kerger.
Trump firmó la orden el jueves por la noche, alegando “sesgo” en los informes de los medios de comunicación.
La orden exige que la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales “cesen la financiación federal” para el PBS y la NPR, además de requerir que trabajen para erradicar las fuentes indirectas de financiamiento público para las organizaciones de noticias. En una publicación hecha en redes sociales para anunciar la firma, la Casa Blanca dijo que los medios “reciben millones de los contribuyentes para difundir propaganda radical y woke disfrazada de ‘noticias’”.
La CBP, que canaliza fondos públicos a ambos servicios, dijo que no es una agencia ejecutiva federal sujeta a las órdenes de Trump. A principios de esta semana, el presidente dijo que despediría a tres de los cinco miembros restantes de la junta de ese organismo, lo que pone en riesgo su capacidad para realizar cualquier trabajo, y fue demandado inmediatamente por la CPB para evitarlo.
La gran mayoría del dinero público para los servicios va directamente a sus cientos de estaciones locales, que operan con una combinación de financiamiento gubernamental, donaciones y subvenciones filantrópicas. Las estaciones de mercados más pequeños dependen particularmente del dinero público y son las más amenazadas por los recortes que propone Trump.
En el pasado, la radiodifusión pública ha sido amenazada frecuentemente por líderes republicanos, pero los vínculos locales le han permitido escapar a los recortes: los legisladores no quieren ser vistos como responsables de cerrar estaciones en sus distritos. Sin embargo, la amenaza actual se considera la más grave en la historia del sistema.
También es la medida más reciente de Trump y su gobierno para utilizar los poderes federales para controlar u obstaculizar instituciones cuyas acciones o puntos de vista él no comparte.
Desde que asumió el cargo en enero para un segundo mandato, Trump ha destituido a líderes, ha puesto al personal en licencia administrativa y ha cortado cientos de millones de dólares en financiamiento a artistas, bibliotecas, museos, teatros y otros, mediante la toma de control del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y el Fondo Nacional para las Humanidades. El mandatario también ha presionado para retener fondos federales de investigación y educación de universidades y castigar a bufetes de abogados a menos que acuerden eliminar programas de diversidad y otras medidas que él considera objetables.
Hace solo dos semanas, la Casa Blanca dijo que pediría al Congreso que rescinda el financiamiento para la CPB como parte de un paquete de recortes de 9.100 millones de dólares. Sin embargo, ese paquete, que, según el director de presupuesto Russell Vought, probablemente sería el primero de varios, aún no ha sido enviado al Capitolio.
Las acciones contra el PBS y la NPR se producen mientras el gobierno de Trump trabaja para desmantelar la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, que incluye a Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty, diseñadas para modelar la recopilación de noticias independientes a nivel mundial en sociedades que restringen la prensa.
Esas medidas han enfrentado resistencia de los tribunales federales, que han dictaminado en algunos casos que el gobierno de Trump podría haber excedido su autoridad al retener fondos asignados a los medios por el Congreso.
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La corresponsal de la AP en el Congreso, Lisa Mascaro, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
