SAN JUAN (AP) — Un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dejado en el limbo a cientos de miles de permisos comerciales y de construcción emitidos por este territorio estadounidense, que ya está pasando apuros para atraer inversionistas en medio de una crisis económica.
Funcionarios gubernamentales intentaban el jueves apaciguar las preocupaciones por las consecuencias del fallo, el cual ratificó la decisión de una corte de apelaciones que anuló un reglamento de 2020 que regula el uso de la tierra y la concesión de permisos en la isla.
Debido al fallo dado a conocer el miércoles, el gobierno adoptó la medida sin precedentes de suspender temporalmente el acceso al sitio web donde las personas solicitan permisos. Aunque el jueves se restableció el acceso, aún prevalecía la confusión: las personas comenzaron a preguntar si se les permitía operar un nuevo negocio que ya abrieron, mantener una nueva plataforma que construyeron o comenzar desde cero, y obtener nuevos permisos si se encontraban a la mitad en la construcción de un hospital u otras estructuras.
“Esto pone en riesgo nuestra débil economía”, declaró Luis Vega Ramos, secretario general del Partido Popular Democrático, el principal de la oposición.
El jueves, Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, dijo en un comunicado que las personas pueden seguir solicitando permisos como de costumbre, e hizo notar que el Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) anulado por el Tribunal Supremo de la isla permanecerá vigente “hasta que se agoten todos los remedios legales”.
La abogada ambientalista Verónica González confirmó que el actual plan de uso de suelo se mantendrá vigente hasta que la decisión del Tribunal Supremo sea definitiva, y agregó que el gobierno tiene dos oportunidades para apelar. Sin embargo, señaló que ahora cualquiera puede acudir a los tribunales y reclamar que un permiso emitido para cierto negocio o proyecto de construcción es ilegal dado el fallo.
“La incertidumbre siempre va a crear problemas”, manifestó.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo el jueves que solicitará al Tribunal Supremo que reconsidere su decisión.
Debido a la problemática, las autoridades anunciaron la renuncia de María Cintrón, secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, que pertenece al departamento de Cidre.
El miércoles, Cintrón había anunciado que suspendía el funcionamiento del portal web para tramitar los permisos como medida de precaución, y para proteger la transparencia y certidumbre del proceso. Dijo: “reconocemos que este es un tema complejo que no puede tomarse livianamente”.
Gabriel Rodríguez, anterior presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, atribuyó la situación a los gobiernos recientes, que dijo buscan una política pública que fomente el desarrollo económico y un proceso simplificado de permisos por encima de un antiguo plan de uso del suelo cuyo objetivo es proteger ciertas zonas por motivos históricos, ambientales o agronómicos.
Pierluisi dijo que su gobierno ha estado trabajando en un nuevo reglamento basado en la opinión del público: “Mi administración siempre velará porque tengamos un marco regulatorio vigente que permita y facilite el desarrollo socioeconómico que todos queremos”.
Es la tercera vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico invalida el actual reglamento que rige el uso de la tierra y los permisos en la isla.
“Lo que se ha vuelto es una misión imposible”, dijo la abogada ambientalista González acerca de la insistencia del gobierno en utilizar el plan de uso de la tierra. “Esto es el tercer strike”.
