Hay ocho hombres en este avión, y solo uno es de Sudán del Sur. México, Cuba, Laos, Myanmar, Vietnam. Todos han cometido “crímenes monstruosos y bárbaros” por los que ya han sido condenados. ¿Pero es eso justificación para que el Departamento de Seguridad Nacional del país con más recursos del mundo los envíe a Sudán del Sur, un país al borde de la guerra civil enclavado en África oriental, a más de 8.000 kilómetros de cualquiera de sus naciones de origen?
El avión despegó de Texas este martes rumbo a un destino “clasificado” por “cuestiones de seguridad de la operación”, según intentó defender el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Solo gracias a los servicios de seguimiento de vuelos y a filtraciones se ha podido saber que el vuelo aterrizó en Yibuti, en el Cuerno de África, donde EEUU cuenta con una base militar. La orden de un juez federal ha impedido (de momento) que fueran entregados finalmente al Gobierno de Sudán del Sur.
Este es el segundo intento bloqueado que haya trascendido bajo la Administración Trump de deportación “rápida” de inmigrantes a terceros países de los que no son nacionales. Pero la lucha antimigratoria de Trump no cesa. En una última decisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha accedido eliminar un programa que permitía a 532.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela vivir y trabajar en el país estadounidense. Su futuro, a raíz de este último fallo, depende ahora de lo que decida la Administración. Por el momento se desconoce si se repatriarán a su lugar de origen o si serán víctimas de la política de deportación a terceros países.
En este contexto, el caso de la megaprisión de El Salvador (Centro de Confinamiento de Terrorismo, o CECOT), a donde se han deportado también numerosos venezolanos (sin juicio previo y acusados, sin pruebas, de pertenecer a bandas armadas), es el más conocido y socorrido por la Administración Trump. Pero los planes, según se está pudiendo ver, son más amplios: potencialmente ‘exportar’ grandes grupos de personas a terceros países considerados no seguros, con poca o ninguna garantía de un proceso judicial, e incluso si sus países de origen estuvieran dispuestos a recibirlos de regreso.
En la oscura lista de países de destino a los que la Administración Trump ha tocado la puerta y que presuntamente recibirían alguna contraprestación por parte de Washington, se conocen ya algunos nombres: Sudán del Sur, Ruanda, Panamá, Angola, Guinea Ecuatorial o Libia. No hay información pública sobre cuáles han aceptado la oferta. En las últimas semanas, reporta la cadena CBS, la Administración Trump ha ampliado su intensa campaña diplomática para convencer al máximo número de países posibles.
Libia, un “Estado fallido” que carece de un gobierno centralizado y donde la violencia está siempre a un mal paso de estallar, era el destino de un primer avión que a principios de mayo iba a deportar a un número sin determinar de inmigrantes mexicanos, filipinos y vietnamitas. Solo la orden de un juez detuvo las deportaciones. No había ninguna seguridad de que los deportados a las cárceles libias, tristemente célebres, no acabaran torturados o esclavizados.
La ley estadounidense permite, en casos muy determinados, la deportación de inmigrantes a terceros países, pero siempre según unas garantías procesales y menos aún en caso de que el país de origen del deportado esté dispuesto a recibirlo de nuevo.
Podría ser el caso de, por ejemplo, Jesús Muñoz Gutiérrez, el mexicano que se ha quedado a medio camino de ser deportado a Sudán del Sur. Según ha denunciado el Gobierno de Claudia Sheinbaum, EEUU ni informó de la deportación del hombre, condenado por homicidio en segundo grado, ni solicitó antes deportarlo a México.
No es casualidad que no se informe a sus países de origen: deportarlos a países de los que no son originarios es parte del plan. No es más barato ni más fácil deportar a Sudán del Sur o Libia que a México, que ya ha recibido más de 37.400 repatriados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Y la elección de países también es obvia: países en guerra o cerca de estarlo, en África, con los peores récords de inseguridad carcelaria.
“Son políticas que en realidad tienen como objetivo infundir miedo en la gente”, sostiene Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional para Estados Unidos a El Confidencial. “Estas políticas tienen un nivel especial de crueldad, que buscan generar un clima de miedo extremo entre la gente que pueda pensar que va a ser deportada”, añade.
El caso de las cárceles libias es especialmente sangrante. Numerosísimas investigaciones han detectado que las prisiones en el país africano, muchas veces dirigidas no por las autoridades reconocidas, sino por milicias locales, extorsionan a los migrantes allí detenidos mediante torturas, violaciones, aislamiento e incluso esclavitud. Esta fue, de hecho, la motivación del juez que detuvo los vuelos de deportación de mexicanos y filipinos a este país de las últimas dos semanas.
También hay “crueldad” en el alcance de las medidas. De la noche a la mañana, más de 350.000 personas que estaban legalmente en EEUU se convirtieron en inmigrantes ilegales y, por tanto, susceptibles de ser detenidos por la policía migratoria. La Administración Trump había revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 350.000 venezolanos, así como la protección que se otorgó a cerca de 10.000 afganos tras reconquista talibán. Afganos que, en muchos casos, habían colaborado con las tropas estadounidenses durante los 20 años que se prolongó la invasión del país. Afganistán “ha conseguido mejorar su seguridad”, según la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem.
Las campañas de desprotección masiva e intempestiva incluirán, también, a los cerca de 700.000 ucranianos y haitianos en EEUU que residen legalmente en el país bajo un estatuto de protección temporal, según documentos obtenidos por el diario The Washington Post. Según este diario, la Administración Trump estaría planeando utilizar hasta 250 millones de dólares antes destinados a fondos a la ayuda al desarrollo para deportarlos de vuelta a sus países; uno, inmerso en una guerra total contra Rusia, el otro, asolado por las pandillas y la violencia a niveles prácticamente inéditos. Una de las primeras medidas de la Administración Trump fue la suspensión de miles de millones de dólares destinados a USAID. Ahora, estarían intentando utilizar esos fondos para financiar estas repatriaciones.
La cuestión de los fondos es clave. Según el DHS, el coste actual medio del arresto, detención y expulsión a El Salvador es de 17.121 dólares por persona. Un coste que se multiplicaría en vuelos a Sudán del Sur (el del mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez debía hacer, al menos, dos paradas: Europa y Yibuti) o Libia. La Administración Trump está ya presionando al Congreso para un masivo aumento presupuestario del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, responsable de las deportaciones, pero en el ínterin, también han lanzado un programa de “autodeportación”, en el que ofrecen 1.000 dólares y el pago de los vuelos a quienes demuestren el deseo de salir de Estados Unidos.
¿Cuánto dinero por deportado?
Los anuncios con los que se publicita el programa dejan un mensaje claro, según Kapron: “deberías deportarte porque, de lo contrario, te encontraremos y te expulsaremos”. ¿A dónde? Quizá a tu propio país, pero quizá, y no hay manera de saberlo con antelación, a El Salvador, Libia, Sudán del Sur… Y la lista de países va creciendo.
Según un recuento de lo publicado en distintos medios de comunicación estadounidenses, habría ya casi una decena de países a los que Estados Unidos ha tanteado para añadirlos a su lista de países donde poder deportar a nacionales de terceros países. Pero ninguno de esos acuerdos se está gestionando de manera pública, por lo que se desconoce en detalle los montos que EEUU estaría dispuesto a pagar para “exportar” la gestión de sus deportados.
Una investigación de AP apuntó que El Salvador recibiría 6 millones de dólares anuales por cada 300 deportados (la mayoría venezolanos) a la megacarcel del CECOT. El Gobierno de Ruanda se ha ofrecido también a recibir esos deportados y “dar otra oportunidad a los inmigrantes que tienen problemas en todo el mundo”, y que las conversaciones con Washington estaban en una “etapa inicial”. No ha trascendido un monto, pero Ruanda ya se había beneficiado de un plan similar antes con Reino Unido. La justicia declaró nulo el plan, pero no antes de que Ruanda recibiera ya unos 285 millones prometidos.
Panamá se ofreció a “hacer de puente” y ya ha recibido varios vuelos con solicitantes de asilo de EEUU tanto latinoamericanos como asiáticos y africanos (a cambio de, al menos, 14 millones de dólares), y Guatemala estaría por hacer lo propio. En las últimas semanas, reporta la cadena CBS, la Administración Trump ha mantenido negociaciones con Angola, Guinea Ecuatorial, Benin, Esuatini y Mold
