En el Departamento de Correcciones con una enorme cantidad de funciones relacionadas con el sistema de prisiones en Connecticut, existe una Junta de 13 ciudadanos que han sido nominados por el gobernador del estado y aprobados por la legislatura. Su función es garantizar el perdón a personas encarceladas y/o conmutar sus sentencias.
En otras palabras, los integrantes de esta repartición pública revisan las solicitudes de personas que sirven sentencias por crímenes cometidos, pero solamente una vez que hayan cumplido 10 años en prisión.
De acuerdo a estadísticas entregadas por las autoridades, hay en la actualidad 1,073 solicitudes de personas cuyas sentencias tienen que ver con crímenes mayores tales como homicidios. Los integrantes de la Junta revisan minuciosamente estos antecedentes además del historial de comportamiento del reo en prisión y pueden en casos que lo ameriten conmutar severas penas dictadas en el pasado por jueces en periodos de alta criminalidad pero que en otras circunstancias podrían haber merecido sentencias menores.
Carleton Giles de 62 años y ex policía del Departamento de la Uniformada de Norwalk por 33 baños, fue nominado como miembro de este importante organismo en 2013 sirviendo como presidente desde mayo de 2014 hasta este año cuando el gobernador Nel Lamont le removió de su puesto debido a reclamos de parte de algunos abogados o familiares de víctimas que vieron como reos de cárceles cumpliendo penas por crímenes mayores, podían salir de la prisión después de solamente diez años de cumplir su condena original que en ciertos casos habían recibido décadas de prisión.
La decisión del gobernador Lamont en cuanto a remover a Carleton Giles de su puesto de presidente de la Junta, pero apoyando su permanencia como miembro de los trece integrantes de la Junta, ha producido una agria controversia entre aquellos que consideran que la labor del reverendo negro ha sido justa y necesaria en el marco del respeto a los derechos civiles y humanos de algunos de los que sirven en prisión y otro sector que insiste en que completen sentencias ya dictadas.
La permanencia de Giles como presidente de esta Junta estaba respaldada por su labor de 33 años como expolicía en Norwalk especializado en la División Juvenil lidiando con conductas impropias y actividades criminales en contra de los niños. También es un Pastor de una congregación religiosa.
Para aquellos que exigieron su salida del cargo de presidente y también integrante de la Junta, la razón de esta petición se debió a la conmutación de penas de encarcelamiento en el 2022 de una docena de casos de ofensores a la ley y a un incremento inusual de solicitudes de conmutación de penas de cárcel. Giles dijo que de esta manera abogados republicanos y familias de víctimas de crímenes comenzaron a exigir al gobernador Lamont que se le removiera no solamente como presidente de la Junta, sino también como presidente de ésta.
De acuerdo a informes oficiales, 71 de estas solicitudes fueron aceptadas en circunstancias que típicamente la Junta usaba su poder de otorgar limitadas decisiones de perdón a las penas de encarcelamiento. Una cantidad inusual de 44 conmutaciones favorecieron a presidiarios varones cuando cometieron crímenes siendo adolescentes o tenían entre veinte y treinta años, además de algunas mujeres cuando cometieron homicidios.
La reciente decisión del gobernador Lamont de remover al Reverendo Carlton Giles de su puesto de presidente de la Junta produjo entonces el miércoles de la semana pasada un evento de protesta organizado por Barbara Fair de New Haven quien ha sido una portavoz del movimiento para reformar el sistema penal, y del Representante Robyn Porter, demócrata, también de New Haven, además de miembros del Caucus de legisladores Afroamericanos y puertorriqueños.
Hicieron también acto de presencia en apoyo a la labor de Giles, Eric Coleman y Maurice Mosley, dos jueces afroamericanos ya jubilados y conocidos en la comunidad.
Coleman es en la actualidad uno de los candidatos demócratas para ocupar el puesto de alcalde de Hartford y creyente en la importancia de proveer una segunda oportunidad a quienes han violado la ley, y que hayan demostrado su deseo de reformarse y de ser buenos ciudadanos.
Uno de los temas más cruciales en este debate es la obvia desproporción que existe en Connecticut de presidiarios de la raza negra comparada con aquellos de origen latino o de la raza blanca.
De acuerdo a informes oficiales entregadas por la Oficina de Investigación y Estadística de la Legislatura, hay en la actualidad tras las rejas 8,885 individuos de los cuales un 42.7% son de la raza negra, 29.9 de la raza blanca y 26.4% hispanos.
El número más alto de reos en prisión se observó en febrero de 2017 cuando se reportaron 14,724 individuos en prisión y la menor cantidad se reportó en 2021 con 8,945 prisioneros en recintos penitenciales.
La acción de conmutar penas de la Junta de Perdones que presidió Giles coincide con un movimiento nacional que considera el encarcelamiento una crasa violación a los derechos civiles.
Sus lideres han dicho que el acto de poner a seres humanos en cárceles “les deshumaniza y afectan mayormente a individuos pertenecientes a grupos minoritarios y gente pobre, daña a las ya marginalizadas comunidades y no incrementa o mejora la seguridad de la población general. Tampoco se observan medidas efectivas para reinsertar a los expresidiarios en trabajos que les permitan ganarse la vida.”
Es importante recordar que, en 2023, Estados Unidos es el país con una más alta cantidad de personas en prisiones en el mundo. Las estadísticas indican que en el 2020 había 1.21 millones de presidiarios, un número que ha ido en aumento afectando a la población de color. Por otra parte, las estadísticas indican que la mantención de un preso en centros correccionales cuesta en Nueva York y otros estados la suma de $69,355 dólares.
Actualmente los estados de la nación con una mayor cantidad de encarcelamientos son Texas con 133,772 reos, Georgia con 47,010, Ohio con 45,029, Florida con 80,417, Virginia ostenta 30,357, y California 101, 441 encarcelados.
En Connecticut, uno de los casos de encarcelados que recibió la conmutación de su pena durante la presidencia de Giles fue el de Bernard, hijo de Martha Smalls quien sirvió 23 años de una sentencia original de 50 por un asesinato que cometió cuando tenia 20. Su solicitud fue aprobada en una audiencia llevada a cabo el 25 de abril pasado. La madre asegura que el ahora hombre de 43 años de edad está rehabilitado para reorganizar su vida.
Giles dijo que, entendiendo las perspectivas de las familias de víctimas de acciones criminales, las fórmulas para ofrecer segundas oportunidades a los que violaron la ley no pueden hacerse con recetas precisas como las que estará proponiendo el gobernador. “Hay solicitantes de perdón que están preparados para salir en libertad y reintegrarse a la vida ciudadana. Nuestra labor es facilitar este proceso a través de solicitudes que pueden o no ser aceptadas.
Uno de los casos citados fue el de una mujer de la raza blanca llamada Tracy Shumaker madre de tres hijos quien el miércoles de la semana pasada cuando se llevó a cabo el evento de apoyo a Giles, dijo que fue acusada de balear a su esposo mientras este dormía en un acto de defensa frente a repetidos episodios de severo abuso. Su solicitud fue aceptada después de servir 19 años de una sentencia de 25.
“Soy una de las cuatro mujeres a quienes el Sr. Giles nos concedió una segunda oportunidad y el proceso duro más de un año. El no hizo este proceso más fácil en las audiencias de conmutación de mi sentencia. Me hizo preguntas y preguntas y vio algo en mi como en el caso de las otras tres mujeres y se nos concedió una segunda oportunidad como madres y ciudadanas,” dijo Shumaker en el evento. Esta situación convertida en una asunto controversial debiera considerar hechos exitosos de la segunda oportunidad para personas que han cometido errores en su juventud o provocados por abusos maritales que ya han sido despojados de sus derechos como ciudadanos y civiles, han demostrado claros antecedentes de rehabilitación, estan mejor preparados para su reinserción en la sociedad, en sus vecindarios y familias.