TUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Dentro de gigantescas carpas blancas que albergan a unos 1.000 inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos demuestran una eficiencia precisa para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores a su arresto con órdenes de comparecer ante tribunales de inmigración en sus destinos finales. Los agentes transmiten información desde el campo a sus colegas que preparan los documentos judiciales mientras los migrantes son transportados en autobús a horas de distancia hasta un centro de procesamiento, lo que minimiza el tiempo de detención.
En el centro de operaciones, situado en el corredor más transitado de cruces ilegales hacia Estados Unidos, lo que más falta son funcionarios de asilo que lleven a cabo los controles iniciales, cuyo objetivo es descartar las solicitudes poco sólidas que no se ajusten a los motivos estrictamente prescritos para solicitar protección, como la raza, la religión y las opiniones políticas.
Hace casi un año, los funcionarios de asilo recibieron instrucciones de aplicar un estándar de filtración más estricto a quienes cruzan la frontera ilegalmente tras pasar por otro país, como México, pero tienen una falta de personal tan grande que no tienen mucho impacto.
El gobierno del presidente Joe Biden elogia el estándar más alto como una piedra angular de su política fronteriza en los desafíos legales, pero su aplicación en apenas un pequeño porcentaje de arrestos muestra cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.
Los presupuestos ajustados aún son una gran preocupación mientras la Casa Blanca vuelve a considerar medidas radicales para limitar el asilo en la frontera.
El fracaso de un plan de gasto de 20.000 millones de dólares en seguridad fronteriza este mes ha hecho que el gobierno evalúe sus prioridades. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que enfrenta un déficit de 700 millones de dólares este año, considera reducir el número de camas de detención de 38.000 a 22.000 y facilitar menos vuelos de deportación. Estas posibles medidas fueron reportadas primero por el periódico The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutirlo públicamente.
El fracaso del paquete de gastos elaborado por los negociadores del Senado habría otorgado 4.000 millones de dólares a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), incluso para añadir 4.338 agentes de asilo para evaluar y filtrar a los solicitantes y tomar decisiones finales sobre las solicitudes, más de cuatro veces el personal actual.
Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron un 42% —la segunda tasa mensual más baja de la presidencia de Biden— un mes después de que el estándar más alto reemplazara las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19. La norma “está funcionando según lo previsto y ya ha reducido significativamente los encuentros en la frontera”, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración, en un expediente judicial en ese momento.
Los solicitantes de asilo sujetos a procesos de filtración más estrictos tuvieron una tasa de aprobación del 59% hasta septiembre, frente al 85% en los cinco años previos a la pandemia, reportó Nuñez-Neto en otro expediente judicial que calificó la política como un éxito.
Si bien eso sugiere que la política ha marcado una diferencia, su alcance ha sido limitado. Los agentes entrevistaron sólo a 57.700 inmigrantes bajo la nueva norma hasta septiembre, según Nuñez-Neto. Eso representa solamente alrededor del 15% de los casi 365.500 migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza de junio a septiembre con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional declinó esta semana proporcionar cifras más recientes. Insiste en que el estándar de filtración más estricto funciona según lo previsto, al tiempo que reconoce que no ha logrado seguir el ritmo de flujos migratorios sin precedentes y pide al Congreso que financie adecuadamente los esfuerzos.
Los agentes de asilo realizaron más de 130.000 evaluaciones de filtración —conocidas como “entrevistas de miedo creíble”— en la frontera durante el año presupuestario de 2023, que fueron más del doble que el año anterior. Pero más de 600.000 inmigrantes fueron liberados con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en ese tiempo y otros 300.000 con órdenes de presentarse en una oficina de inmigración para una cita en el tribunal, una práctica que en gran medida ha cesado.
Mbala Giodi, un migrante de Angola, esperó horas en las montañas al este de San Diego —después de cruzar la frontera desde México— a que agentes lo llevaran a una estación de detención, donde pasó dos días. Fue liberado en un centro de tránsito de San Diego y le dijeron que tendría la oportunidad de explicar sus razones para huir de su tierra natal en el sur de África ante un tribunal, con una audiencia inicial programada en Nueva York en mayo.
“No hubo mucho problema”, dijo Giodi, de 42 años, quien se considera víctima de la represión gubernamental por ser un manifestante estudiantil en Angola.
Para hacer efectivo el estándar de evaluación y filtración más alto, el ICE agregó alrededor de 1.000 empleados para ayudar a los aproximadamente 850 oficiales de asilo existentes, y capacitó a exfuncionarios de asilo y otros empleados para períodos cortos, dijo Michael Knowles, portavoz del Consejo Nacional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. El sindicato representa a los trabajadores de la agencia, quienes también supervisan visas de trabajo, tarjetas de residencia permanente para inmigrantes, solicitudes de ciudadanía y solicitudes de asilo que se originan fuera de la frontera.
Asignar tantos empleados a casos fronterizos extendió los tiempos de espera para otros servicios, explicó. Las horas extras en fines de semana eran obligatorias, al igual que el trabajo en días festivos.
“Estamos muy abrumados y hay demasiada presión”, puntualizó Knowles. “Parte de la crisis fronteriza es que no contrataron a suficientes de nosotros para hacer el trabajo”.
La falta de recursos obstaculizó otra política de Biden que entró en vigor en junio de 2022 y que autorizó a los funcionarios de asilo para tomar decisiones finales sobre las solicitudes, no sólo sobre las filtraciones. Su objetivo era aliviar la carga de trabajo de los jueces de inmigración, cuyo atraso de más de 3 millones de casos ha permitido a solicitantes de asilo con reclamos débiles permanecer en Estados Unidos durante años —con elegibilidad para permisos de trabajo— mientras sus casos avanzan por el sistema.
Menos de 6.000 casos de asilo se habían decidido bajo la política de 2022 para finales de septiembre.
“Ese es un programa muy importante que recibió muy poco apoyo”, dijo Knowles.
Los defensores de los solicitantes de asilo han presentado demandas por la aplicación del estándar de filtración más estricto. Argumentan que penaliza injustamente a quienes cruzan la frontera ilegalmente, mientras que un sistema de citas en internet con un exceso de solicitudes, llamado CBP One, es prácticamente la única forma de ingresar por un puerto de entrada oficial. La norma sigue en vigor mientras el fallo de un juez que declaró ilegal la política está bajo apelación. El caso podría llegar a la Corte Suprema.
Si bien los flujos migratorios disminuyeron inmediatamente después de que la norma más estricta entró en vigor, los arrestos fronterizos aumentaron en cinco de los últimos seis meses de 2023 a medida que los migrantes y traficantes de personas se adaptaron a las realidades sobre el terreno, y alcanzaron un máximo histórico de 250.000 en diciembre.
