HARTFORD.- El Representante Estatal de Stamford Matt Blumenthal, la abogada Kika Matos y otros defensores de los derechos de los inmigrantes ofrecieron una rueda de prensa para buscar apoyo a la reforma de la ley H.B. 7212 del Acta de Confianza (Trust Act), antes de la audiencia pública del Comité Judicial que se celebró horas después. Blumenthal en su alocución dijo que es necesario que haya una reforma migratoria y que, ante la crueldad de Trump contra los inmigrantes, con el Trust Act, Connecticut debe dar seguridad a los niños y sus familias.
Los defensores exigen reformas cruciales para proteger más a los inmigrantes del plan de deportación masiva de Trump, incluyendo, bajo condiciones especiales, que las autoridades locales puedan entregar a los residentes de Connecticut al ICE y cómo el estado puede proteger los datos personales de nuestras comunidades inmigrantes.
Defensores y simpatizantes testificarán en la audiencia pública a lo largo del día. Aprobada originalmente en el 2013 y actualizada en el 2019, la Ley Trust Act como una ley de inmigración clave de Connecticut.
A la rueda de prensa asistieron el senador Gary Winfield, del Distrito 10; el Representante Estatal Matt Blumenthal, del Distrito 147 por Stamford; el alcalde Justin Elicker de New Haven; la abogada Kica Matos, Directora Ejecutiva de NILC; Michael Lawlor, experto en reforma de justicia penal y ex representante estatal;Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva, de Estudiantes por un Sueño de CT; Maximilian Canepa, estudiante de Padres Unidos por el Éxito Estudiantil de Stamford y Chelsea-Infinity Gonzalez, Directora de Políticas Públicas y Defensa, ACLU-CT.
La Ley aprobada originalmente en 2013 y actualizada en 2019, restringe cuándo y cómo las fuerzas del orden pueden cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); implementada para proteger a las comunidades de ser canalizadas hacia los sistemas de deportación y limitaría el tipo de información divulgada a una autoridad federal de inmigración y ampliaría esa limitación a todas las agencias públicas, según Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de Estudiantes por un Sueño de Connecticut.
Más de 120 residentes de todo el estado han presentado testimonio a favor del proyecto de ley. “Todos estamos orgullosos de representar a un barrio y una ciudad que durante mucho tiempo han sido un refugio y hogar para las comunidades inmigrantes”, declararon en su testimonio.
“Ustedes los trabajadores inmigrantes son quienes trabajan más duros que todos; es necesario que todos estemos convencidos de que es necesario una Reforma Migratoria, que haya un camino a la ciudadanía, que haya seguridad en las fronteras; pero desafortunadamente estamos viendo que hoy esta administración (Trump) es cruel, estúpida”, dijo Blumenthal
Para enseguida decir: “Es fundamental que cojan a los terroristas, a los narcos; pero es necesario que en Connecticut siga el Trust Act con una nueva reforma porque necesitamos proteger a nuestras familias. En Stamford hay cerca de cien lenguas que se hablan en la ciudad, tenemos diversidad y es necesario proteger a nuestra gente que es productiva y solo lo lograremos si empujamos leyes que nos den seguridad y que nuestros niños vayan seguros a sus escuelas”.
Si se aprueba el proyecto de ley H.B. 7212, a partir del 1 de enero, cada agencia pública deberá proporcionar a la Oficina de Políticas y Gestión datos cada seis meses sobre cualquier solicitud de divulgación o información, incluyendo la fecha de la solicitud y la respuesta de la agencia, incluyendo si se divulgó alguna información. Los datos pueden proporcionarse como estadísticas o, si no se mantienen, como registros individuales con información personal identificable censurada.
El proyecto de ley también limita el uso de intérpretes proporcionados por las autoridades federales de inmigración. Según el proyecto de ley, las agencias públicas y sus empleados solo pueden compartir información restringida si así lo ordena un juez mediante una orden judicial o citación y si la información ya es pública, si lo exige la ley o si es necesario para una investigación criminal.
Hasta la fecha, 23 residentes de Connecticut han presentado testimonio en contra del proyecto de ley, argumentando que la Ley de Confianza vigente impone restricciones significativas a la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales. Dana Barrow Jr., capitán de bomberos jubilado de la Universidad de Connecticut, afirmó que el proyecto de ley pone en riesgo a los empleados estatales al impedir que las autoridades federales lleven a cabo sus actividades policiales.
