Queremos un sector público con cuentas saneadas. Los presupuestos del estado deben ser transparentes, estables, predecibles, cautelosos, nunca gastando más de lo necesario. Un gobierno responsable fiscalmente, del que podamos confiar.
Si eres progresista, la responsabilidad fiscal es aún más importante. Los progresistas creemos que los gobiernos pueden y deben ofrecer servicios públicos de calidad, construir infraestructuras, apoyar a las familias, promover la igualdad de oportunidades y un crecimiento económico que favorezca a todos, no sólo a los ricos. Todo esto cuesta dinero, obviamente, así que es imperativo tener unos presupuestos sólidos. De nada sirve ofrecer un estado de bienestar sólido o excelentes colegios si no puedes mantenerlo. Queremos unas cuentas responsables.
Para asegurar que eso suceda, los gobiernos a menudo crean una serie de reglas fiscales dirigidas a asegurar la estabilidad presupuestaria. Hablamos de normas como techos de gasto, fondos de reserva o la obligación de que cualquier ley incluya medidas para cubrir su coste.
Estas reglas fiscales, cuando están bien diseñadas, aseguran que los legisladores no se dediquen a gastar lo que no tienen.
Pero claro, estas normas tienen que estar bien diseñadas. Y en Connecticut, este no es el caso.
Connecticut vivió durante años en una crisis fiscal constante. Décadas de gasto irresponsable y dejar deudas sin pagar acabaron por hundir los presupuestos en déficits imposibles; la crisis financiera del 2008 hizo el resto. No fue hasta la administración del gobernador Malloy cuando los legisladores finalmente intentaron arreglar el problema, con múltiples subidas de impuestos y enormes recortes. En el 2017, para asegurar que no se repetirían errores pasados, los dos partidos aprobaron un presupuesto que establecía una serie de normas presupuestarias estrictas de gasto, ingresos, y endeudamiento.
Parecía una buena idea, pero las reglas tienen el problema de ser increíblemente restrictivas.
El techo de gasto, por ejemplo, se define según el gasto del año anterior más inflación o crecimiento económico, un límite demasiado inflexible. Si la economía va bien y la recaudación está aumentando, los legisladores tampoco pueden reinvertir este ese dinero. Muchas voces entonces advirtieron que estas reglas iban a ser un problema; este año ha quedado claro que tenían razón.
Desde el 2020, gracias a las reformas de Malloy y la rápida recuperación económica, los presupuestos de Connecticut han tenido enormes superávits, es decir, el estado está recaudando mucho más dinero de lo que gasta. Debido a las absurdas reglas fiscales adoptadas el 2017, sin embargo, los legisladores se van a ver obligados este año a adoptar recortes de gasto, a pesar de que las arcas públicas están a rebosar de dinero.
Ese gasto público es necesario, sin duda. Aunque la recuperación económica ha sido mucho más rápida de lo esperado, la enorme subida de los alquileres y la inflación ha hecho que muchas familias tengan problemas para llegar a fin de mes. Connecticut sigue siendo uno de los estados más desiguales del país, y muchos distritos escolares carecen de los recursos necesarios para educar a nuestros hijos. Aunque vivimos en uno de los lugares más ricos del planeta y el gobierno está nadando en dinero, los presupuestos de Lamont incluyen recortes en universidades y servicios sociales. Las normas fiscales deberían asegurar que nuestros legisladores se comportan de forma responsable. Lo que están provocando, en realidad, es obligar al estado a dejar sin servicios a nuestra comunidad.
Lo que es indudable es que necesitamos esas inversiones. Los precios de la vivienda están disparados, el transporte público no hace más que empeorar, ir a la universidad es cada vez más caro. Vivimos en un estado con colegios cada vez más segregados y un crecimiento económico que sólo favorece a unos pocos. Nuestros legisladores deberían estar debatiendo sobre cómo van a solucionar estos problemas, preguntándose qué inversiones son más urgentes y necesarias y cómo podemos sostenerlas a largo plazo. Por culpa de nuestrasabsurdas restricciones fiscales, sin embargo, están obligados a decidir qué servicios deben recortar. No tiene sentido.
Connecticut necesita unos presupuestos sensatos, racionales y equilibrados, anclados en unas normas fiscales bien diseñadas. Lo que tenemos, por el contrario, es una camisa de fuerza fiscal que impide arreglar cualquier problema. Es hora de reformar este sistema absurdo e invertir donde más se necesita.