Allá por 2018, la muy progresista alcaldesa de una muy progresista ciudad costera del Mediterráneo se topó con un problema enorme. Su ciudad, Barcelona, se había convertido no solo en un destino turístico, sino también en un refugio para nómadas digitales de todo el mundo que buscaban un lugar con buena calidad de vida. Resultado: una demanda de vivienda desbocada, y con ella, subidas constantes en los precios de alquiler y de compra.
La alcaldesa, Ada Colau, había llegado al cargo prometiendo hacer la vivienda más asequible. Su carrera antes de meterse en política había sido como activista por el derecho a la vivienda, dirigiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Harta de ver cómo se construían pisos de lujo para venderlos a precios absurdos, impulsó una de las normativas urbanísticas más ambiciosas de Europav: una ley que obligaba a que cualquier edificio nuevo incluyera obligatoriamente un 30 % de vivienda protegida, con precios asequibles.
En su momento, muchos (yo incluido; escribí una columna sobre el tema) avisamos de que era una mala idea. Dijimos que, lejos de aumentar el parque de vivienda asequible, la medida podía acabar paralizando la construcción.
Y eso fue, precisamente, lo que pasó. Barcelona, una ciudad de millón y medio de habitantes, ha construido un total de 26 (sí, veintiséis) viviendas asequibles en los cinco años y medio que lleva en vigor la norma. Antes de su aprobación, la ciudad solía construir unas 1.200 viviendas al año. Desde entonces, construye apenas 70.
Y los precios, obviamente, no han dejado de subir.
¿Qué falló? La ley de Colau obliga a los promotores a vender o alquilar una parte de sus pisos por debajo del coste de construcción, así que, para no perder dinero, tienen que subir el precio del resto. El sobrecoste, por tanto, lo acaba pagando quien quiere comprar un piso nuevo. Es, en la práctica, un impuesto sobre la vivienda nueva, pagado por los compradores.
En política económica, si quieres que haya más de algo, lo subvencionas; si quieres menos, lo gravas. La norma del 30 % actúa como un impuesto sobre la vivienda nueva, encareciéndola enormemente. Los números no cuadran para los promotores, que no pueden ofrecer precios competitivos con la vivienda de segunda mano en el mercado sin arruinarse, así que no construyen. Este impuesto encubierto ha hecho económicamente inviable la vivienda nueva.
Lo peor de todo es que esto no es una sorpresa. No porque mi columna fuera especialmente brillante (aunque lo era, que conste), sino porque estas políticas no solo no son nuevas, sino que están estudiadas hasta la saciedad. En California llevan décadas probándolas, siempre con resultados desastrosos. De hecho, muchos municipios usan leyes como esta (urbanismo inclusivo, le llaman) para bloquear nueva construcción por completo, camuflando su intención de denegar la construcción de viviendas asequibles tras una ordenanza muy progresista en apariencia, pero muy efectiva haciendo cualquier proyecto inviable.
Aun así, por alguna razón, este tipo de medidas sigue siendo popular en ciertos sectores de la izquierda, probablemente porque “suena bien”, como algo que sirve para castigar a los promotores y malvados especuladores. Pero en la práctica, lo que acaba sucediendo es que no se construye nada. Y cuando tienes un mercado con mucha demanda y poca oferta, los precios suben, y son las familias más necesitadas de una vivienda digna las que acaban pagando el pato.
Supongo que esperarías que ahora explique cómo Barcelona se dio cuenta del error, corrigió sus ordenanzas y reactivó la construcción. No es el caso. Estas leyes, una vez aprobadas, son muy difíciles de eliminar. Aunque todo el mundo reconoce su fracaso, ningún partido quiere ser “el que votó contra la vivienda asequible”. Y los que saldrían beneficiados no votan; son la gente que no ha podido comprar piso aún, o los que han tenido que irse de Barcelona, abrumados por los altísimos precios.
El urbanismo inclusivo es una trampa. No funciona en España y no funcionará en Connecticut, por muchos incentivos y ajustes que se les añadan. Si queremos que la vivienda sea más asequible, la única forma real de lograrlo es construir más viviendas. Todo lo demás son excusas y parches que no van a ninguna parte.
