CARACAS (AP) — Cuando la mañana del 20 de julio el vendedor de llantas Velacio Vicuña Sánchez comenzó a padecer una persistente tos, fiebre y dolor de garganta no se le cruzaron por la mente los fatídicos días que le esperaban.
A pesar de los síntomas no acudió a hacerse la prueba del nuevo coronavirus al igual muchos venezolanos que están optando por no reportarse como contagiados para evitar que las fuerzas de seguridad se los lleven y los aíslen en centros de salud, hoteles e instalaciones deportivas en precarias condiciones donde pasan hambre y frío o son víctimas de maltratos de los militares que los custodian.
Este fenómeno fue reconocido recientemente por el mandatario Nicolás Maduro, quien durante un discurso televisado admitió que el aislamiento de los pacientes sospechosos “ha creado tanto miedo… (que) mucha gente dice: ‘no, no voy a ir a que me dejen solo en un sitio’”.
Y también ha generado inquietud entre los especialistas y opositores, que indicaron a The Associated Press que los enfermos que se esconden están incidiendo en el crecimiento de la tasa de contagios y precisaron que según proyecciones en cada familia de cinco miembros sólo uno se está reportando como contagiado.
Al respecto el médico y diputado José Manuel Olivares, quien fue comisionado por el líder opositor Juan Guaidó para la emergencia en salud, señaló que el subregistro de casos ya se calcula en un 60%.
Los contagios se han más que duplicado en el último mes y ya sobrepasan 41.000, agravando las precarias condiciones de un sistema de salud donde todo escasea y llevando al colapso a algunos hospitales de Caracas y otros estados donde ya no hay cupos para recibir a enfermos de COVID-19.
Vicuña Sánchez vivió la crisis sanitaria en carne propia. Tras seis días de padecimientos y dificultades para respirar acudió a hacerse la prueba de COVID-19 en un Centro Estatal de Diagnóstico Integral (CDI) en su natal Cabimas, una deprimida localidad del occidente venezolano que en el pasado fue un próspero poblado petrolero.
Debido a las limitaciones del CDI fue trasladado en ambulancia al estatal Hospital Universitario de la ciudad occidental de Maracaibo pese a la negativa de sus familiares que advirtieron que ese nosocomio estaba colapsado y presentaba un gran deterioro en sus instalaciones.
Durante las primeras horas de su ingreso al hospital el comerciante, de 63 años, debió aguardar junto a decenas de contagiados sentados en incómodas sillas de metal o acostados en el suelo sin recibir ningún tipo de atención.
Ante sus complicaciones respiratorias Vicuña Sánchez fue llevado a otro salón donde lo acostaron en una cama y compartía una bomba de oxígeno con otros pacientes porque no había suficientes para todos.
Cuando fallecieron dos de sus compañeros de cuarto, cuyos cuerpos permanecieron varias horas en la habitación, el temor se apoderó de Vicuña Sánchez. Movido por la determinación de no querer terminar como ellos tomó la decisión de desafiar a la seguridad militar y escapar del hospital.
Sin dinero ni teléfono para llamar a sus familiares para que lo fueran a recoger, no le quedó otra opción que caminar y pedir aventones a los vehículos que pasaban para llegar hasta Cabimas.
La terrible experiencia en el hospital llevó a sus familiares a tomar la decisión de aislarlo en un cuarto de su casa con algunos medicamentos que les recomendaron, una bomba de oxígeno y los cuidados de una tía que era enfermera, relató a AP Esteban Vicuña, sobrino del comerciante.
“Es una guillotina entrar a un centro de salud público hoy y sobre todo con el tema del COVID. Y los privados son sumamente costosos”, indicó Vicuña al explicar las razones que llevaron a la familia a mantener a su tío en casa.
Tras batallar con el virus durante varios días, el 2 de agosto el comerciante falleció debido a una neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria aguda y paro cardiorrespiratorio, según su certificado de defunción.
Pero las dificultades no terminaron allí. Sus familiares tuvieron que enfrentar varios obstáculos para enterrarlo debido a que ningún médico accedió a ir a la casa para hacer el acta de defunción por temor a contagiarse.
Luego de horas de gestiones infructuosas los familiares envolvieron el cuerpo con sábanas y bolsas negras y lo llevaron en una carretilla arrastrada por una motocicleta hasta un hospital, donde finalmente un médico certificó el deceso.
Según Olivares, el subregistro de casos de coronavirus demuestra que el uso de la represión para combatir la pandemia “no ha funcionado”.
A una trabajadora de uno de los mayores hospitales estatales de Caracas las dificultades que pasan a diario los enfermos no le son ajenas. Por ello en junio, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo y la cabeza, secreción nasal y escalofríos, el miedo se apoderó de ella.
La primera reacción de la técnica en salud -que habló con AP bajo la condición de que no se publique su nombre para evitar represalias de las autoridades- fue buscar la ayuda de un médico del hospital.
“Dios me protegió”, dijo al rememorar el diálogo que mantuvo con el médico.
“Recuerdo que él me dijo ’¿tú estás consciente de lo que va a ocurrir si te hago la prueba? Si sales positiva ya nosotros perdemos el control sobre lo que pase contigo. Te van a buscar a tu casa y no sabemos adónde te van a llevar. Si tú vives con tu hija de 14 años, ¿tienes quién te lleve comida? ¿Quién te va atender?…. Te recomiendo que no te hagas ninguna prueba y si llegas a complicarte llámame de inmediato y actuamos”.
La empleada cumplió al pie de la letra la recomendación del médico y usó como excusa su embarazo para pedir un permiso de reposo y retirarse a su casa sin llamar la atención.
Por más de una semana enfrentó aislada en su apartamento del centro de la capital, sin que lo supiera ninguno de sus vecinos, dolores de cuerpo y cabeza, una incesante tos y una fiebre que lograba mitigar sólo por algunas horas con la ayuda de medicamentos. Poco después se enfermó su hija, pero con síntomas más leves.
”Lo que hice fue lo mejor”, concluyó.
Un asistente contable de 20 años no tuvo la misma suerte que Vicuña Sánchez y la técnica en salud. Tras dar positivo al COVID-19 en una prueba rápida que le hicieron a comienzos de agosto, después de que una vecina de su calle resultó contagiada, fue trasladado junto a 16 personas -todas asintomáticas- a un hotel del centro de Caracas bajo la amenaza de que si no aceptaban salir de su casa serían apresados por las Fuerzas de Acciones Especiales, un temido cuerpo de élite de la policía nacional.
Desde una descuidada habitación donde ni siquiera había un bombillo para alumbrase el joven, que pidió identificarse como John para evitar represalias de los militares, relató a AP que ha tenido que pasar la cuarentena en habitaciones y baños desaseados.
“Las sábanas y almohadas de mi cama estaban tan viejas y sucias que se veían marrones”, dijo al recordar su primer día en el cuarto del hotel. “Tuve que ponerme a limpiar la habitación y el baño, donde encontré bolsas de harina y envases plásticos tirados en el piso”, acotó.
“Hay mucha desorganización”, afirmó el asistente contable al recordar que luego de que le hicieron la prueba de PCR para confirmar que estaba contagiado debió esperar 10 días para que le dieran el resultado y le entregaran medicinas, pero ningún médico lo visitó para conocer su evolución.
John pasa largas y aburridas jornadas revisando los mensajes de su teléfono móvil o aguardando que le lleven las pequeñas raciones de alimentos que debe complementar con galletas o pan para no pasar hambre.
“Jamás espero volver a pasar por una situación así”, afirmó una técnica de turismo que pidió identificarse como Carmen, sobre las casi tres semanas que pasó aislada en un destartalado hotel del Caracas donde debió dormir en colchones viejos y sin sábanas.
Carmen llegó al hotel a inicios de mayo tras arribar de Perú en un vuelo habilitado por el gobierno para repatriar a más de un centenar de venezolanos. Aunque salió negativa en la prueba rápida tuvo que esperar 18 días para que le dieran el resultado negativo del PCR y le entregaran la papeleta de salida de la cuarentena.
“El primer día para mí fue el peor de mi vida”, dijo sobre las primeras horas de su arribo al país cuando fue llevada junto a un centenar de compañeros de vuelo a un hotel estatal, custodiado por militares armados, donde debió aguardar más de 12 horas en un salón para que le hicieran las evaluaciones médicas y compartir con hombres un baño sin agua y con heces en el suelo.
“Como los militares tenían armas… nos gritaban y nos insultaban”, expresó Carmen y recordó que cuando uno de los viajeros se quejó de que no les daban alimentos y los mantenían por horas sentados en sillas plásticas “tres policías se lo llevaron por la fuerza a un baño y luego salió cojeando sin poder ni caminar”.
