Por Laura Glesby
Tengan cuidado, propietarios negligentes: las infracciones del código de la vivienda pueden conllevar ahora una multa de 2.000 dólares al día, impuesta directamente por el ayuntamiento.
La Junta Municipal fijó la multa máxima para los propietarios que alquilen viviendas consideradas inseguras, aumentando las sanciones respecto a la multa anterior de 250 dólares por infracción.
En un pleno celebrado en la Sala de la Junta Municipal del Ayuntamiento, los concejales aprobaron por unanimidad una modificación del código de vivienda de la ciudad.
La enmienda permite a la ciudad multar a los propietarios por infracciones del código hasta el máximo permitido por el Estado.
En efecto, según Liam Brennan, director de LCI (Iniciativa Ciudad Habitable), esto aumenta las posibles multas del código de la vivienda de un máximo de 250 dólares por infracción a hasta 2.000 dólares por infracción y por día que pase sin que se solucione el problema.
La enmienda también introduce un nuevo mecanismo para que los propietarios impugnen las sanciones civiles: facultar a «oficiales de audiencia» voluntarios nombrados por la ciudad para que resuelvan todos los procedimientos de apelación del código de la vivienda.
De este modo se crea un sistema para hacer cumplir el código de la vivienda de forma paralela al modo en que la ciudad actualmente se ocupa de las infracciones por deterioro y responsabiliza a los propietarios registrados en el programa de permisos de la ciudad.
Estos dos cambios forman parte de una reforma más amplia de la Iniciativa de Ciudad Habitable (ICV), el organismo municipal encargado de hacer cumplir los códigos de vivienda y deterioro.
La ciudad se enfrenta a unos edificios relativamente antiguos y a una reducida tasa de desocupación (menos opciones, alquileres más altos y menos posibilidades de acceso al mercado para los inquilinos), lo que significa que muchos inquilinos se encuentran viviendo en condiciones deplorables.
LCI ha recibido críticas por no hacer responsables suficientemente a los propietarios por esas condiciones.
Puede haber mucho en juego: cinco meses después de que la ciudad llegara a un acuerdo de 14,5 millones de dólares por un incendio con víctimas mortales en una casa de huéspedes ilegal que LCI no clausuró, otro hombre murió en una casa de Elm Street que nunca recibió la obligatoria segunda inspección por parte de la agencia.
LCI creó recientemente cinco nuevos puestos de inspector de vivienda para aumentar la capacidad del departamento.
Mientras tanto, como recién nombrado director de LCI, Brennan ha intentado agilizar los procesos de inspección y comunicación del departamento.
Dijo que el sistema de auditores creado gracias a la modificación de la ordenanza del lunes, era un paso hacia ese objetivo.
Brennan dijo que la práctica anterior del departamento de trabajar con la oficina del fiscal del estado para procesar las violaciones más graves del código en el tribunal penal de la vivienda, implicaba demasiada burocracia y acumulación de retrasos. «Nos dificulta cumplir con las expectativas de la ciudadanía», declaró el lunes.
Un sistema de audiencias civiles -que permita a la ciudad imponer multas municipales, de acuerdo con el sistema de control de la contaminación de New Haven- «nos hará mucho más eficientes y eficaces», afirmó Brennan. «Realmente nos dará más fuerza».
La presidenta de la Comisión de Legislación y concejal de Wooster Square, Ellen Cupo, defendió la enmienda durante la reunión de los concejales celebrada el lunes.
«Esta enmienda tiene por objeto tratar de resolver los retrasos en el proceso de infracción del código de la vivienda (…) sin una orden judicial», dijo.
Mejorará las «condiciones de inseguridad e insalubridad» que «LCI no siempre ha podido resolver», declaró Eli Sabin, Presidente de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y Concejal de Downtown/East Rock.