WASHINGTON (AP) — Un alto funcionario del Departamento de Justicia sugirió que la administración Trump debería ignorar órdenes judiciales para poder deportar a migrantes venezolanos a los que acusaba de ser miembros de pandillas, alegó un abogado despedido del departamento en una denuncia hecha pública el martes.
Las afirmaciones sobre el fiscal asistente Emil Bove se producen un día antes de que Bove se enfrente a los legisladores el miércoles en su audiencia de confirmación para convertirse en juez de un tribunal de apelaciones federal.
En una carta que busca una investigación del Congreso y del organismo de control del Departamento de Justicia, el exabogado del gobierno Erez Reuveni alega que fue expulsado y públicamente desprestigiado después de resistirse a los esfuerzos de desafiar a los jueces y presentar argumentos falsos o infundados en la corte.
La alegación más explosiva se centra en una reunión del Departamento de Justicia en marzo sobre los planes del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros por lo que el presidente afirmaba era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Reuveni dice que Bove planteó la posibilidad de que un tribunal pudiera bloquear las deportaciones antes de que pudieran llevarse a cabo. Reuveni afirma que Bove usó una grosería, diciendo que el departamento necesitaría considerar decirle a los tribunales “que se j—an” e “ignorar cualquier orden de ese tipo”, según la presentación.
“El señor Reuveni se sorprendió por la declaración de Bove porque, según el conocimiento del señor Reuveni, nadie en el liderazgo del Departamento – en ninguna administración – había sugerido jamás que el Departamento de Justicia pudiera ignorar flagrantemente órdenes judiciales, especialmente con” una grosería, dice la presentación. En las semanas posteriores a la reunión, Reuveni dice que planteó preocupaciones en varios casos sobre intentos de violar órdenes judiciales a través de “falta de sinceridad, retraso deliberado y desinformación”.
Las afirmaciones de Reuveni fueron reportadas por primera vez el martes por The New York Times.
El fiscal adjunto Todd Blanche negó las acusaciones en una publicación en X el martes por la mañana. Blanche dijo que las afirmaciones de Reuveni son “totalmente falsas”, agregando que él estuvo en la reunión de marzo y “en ningún momento nadie sugirió que no se debía seguir una orden judicial”.
“Plantar un artículo falso el día antes de una audiencia de confirmación es algo que hemos llegado a esperar de los medios, pero eso no significa que deba ser tolerado”, escribió Blanche.
Reuveni había sido promovido bajo la administración Trump para servir como director adjunto interino de la Oficina de Litigios de Inmigración después de trabajar para el Departamento de Justicia durante casi 15 años bajo administraciones tanto republicanas como demócratas.
El despido de Reuveni se produjo después de que admitiera en una audiencia judicial en abril que un hombre salvadoreño, Kilmar Abrego García, no debería haber sido deportado a una prisión en El Salvador, y expresó frustración por la falta de información sobre las acciones de la administración. Después de esa audiencia, Reuveni dice que se negó a firmar un escrito en el caso que incluía argumentos que eran “contrarios a la ley, frívolos y falsos”.
“Las consecuencias de las acciones del Departamento de Justicia que el señor Reuveni informa tienen graves impactos no solo para la seguridad de las personas removidas del país en violación de órdenes judiciales, sino también para los derechos y protecciones constitucionales de todas las personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, que son potenciales víctimas de un flagrante y deliberado desprecio del debido proceso y el Estado de Derecho por parte de la agencia encargada de mantenerlo”, escribieron los abogados de Reuveni.
El juez James E. Boasberg en abril encontró causa probable para declarar a la administración Trump en desacato criminal por violar su orden de no deportar a nadie bajo su custodia bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Boasberg había dicho a la administración que diera la vuelta a cualquier avión que ya se dirigiera a El Salvador, pero eso no sucedió.
La administración ha argumentado que no violó ninguna orden, diciendo que no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo nacional en el momento en que se emitió su orden.
Trump nominó a Bove el mes pasado para llenar una vacante en el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito, que escucha casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania. Ya se esperaba que enfrentara un duro cuestionamiento ante el Comité Judicial del Senado dado su papel en algunas de las acciones más escrutadas del departamento desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.
El principal demócrata del comité, el senador Dick Durbin, dijo el martes que las acusaciones de Reuveni son parte de un “patrón más amplio por parte del presidente Trump y sus aliados para socavar el compromiso del Departamento de Justicia con el Estado de Derecho”.
“Quiero agradecer al señor Reuveni por ejercer su derecho a hablar y llevar responsabilidad al señor Bove”, indicó Durbin en un comunicado. “Y exhorto a mis colegas republicanos del Senado: no cierren los ojos ante las terribles consecuencias de confirmar al señor Bove para un puesto vitalicio como juez de un tribunal de circuito”.
Los demócratas han expresado alarma por varias otras acciones de Bove, incluida su orden de desestimar el caso de corrupción del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que llevó a la renuncia de un alto fiscal federal de Nueva York y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia. Bove también acusó a funcionarios del FBI de “insubordinación” por negarse a entregar los nombres de los agentes que investigaron el motín en el Capitolio, y ordenó el despido de un grupo de fiscales involucrados en los casos criminales del 6 de enero.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
