Por Roger Senserrich
Durante el año pasado, cientos de miles de personas se quedaron sin trabajo en Connecticut debido al coronavirus. Para muchos de ellos, la pérdida de empleo conllevaba perder también su seguro de salud. En mitad de la peor crisis económica, durante la peor emergencia médica en más de un siglo, miles de familias se quedaron sin ingresos ni capacidad para afrontar una enfermedad imprevista.
Las aseguradoras privadas que ofrecen seguros de salud en nuestro estado, sin embargo, no parecen estar demasiado preocupadas. Para empezar, sus dirigentes han tenido un año estupendo. David Cordani, el CEO de Cigna, ganó $76 millones de dólares el año pasado, seis veces más que en 2019. Su empresa obtuvo unos beneficios récord de 1,760 millones de dólares, 300 millones más que el año anterior. Aetna, otra asegurada afincada en Hartford, triplicó sus ingresos, pasado de mil millones de dólares el 2019 a más de tres mil millones en el 2020.
Estas cifras se han repetido en toda la industria. Las aseguradoras, casi sin excepción, están nadando en beneficios y regando con dinero a sus ejecutivos y accionistas. En un año en que ha habido más enfermedad y sufrimiento que cualquier otro en el último siglo, quienes dicen velar por nuestra salud están ganando más dinero que nunca.
¿Qué está sucediendo? Para empezar, todos los actores de nuestro sistema de salud operan bajo unos incentivos completamente distorsionados, más centrados en sus accionistas que en pacientes.
La principal fuente de ingresos de las aseguradoras son las primas de sus afiliados. Su principal fuente de gastos es cuando pagan tratamientos a médicos y hospitales. Durante la pandemia, aunque miles de personas han enfermado debido a COVID, un número mucho mayor ha retrasado tratamientos, operaciones y visitas al médico, sea por precaución, sea porque los hospitales tenían los quirófanos cerrados. A efectos prácticos, esto ha hecho que muchas aseguradoras continuaran cobrando las mismas primas de siempre, pero sin tener que ocuparse de pagar nada.
Ciertamente, COVID ha representado un dispendio para muchas aseguradoras, pero el golpe ha sido comparativamente menor. El coronavirus es mucho más peligroso y entraña riesgos mayores de hospitalización y abultadas facturas médicas en mayores de 65 años – y estos están cubiertos por Medicare, no por las compañías privadas, así que es el gobierno federal quien paga las facturas. Aunque las aseguradoras han incurrido costes importantes por COVID, el ahorro de todas esas visitas postpuestas al médico ha sido tal que los beneficios se han disparado.
Los enormes beneficios del 2020, no obstante, distan mucho de ser inusuales. La industria tuvo unos beneficios igualmente colosales en el 2018 y roto toda clase de récords en el 2019, con más de 35,000 millones de dólares de ganancias. La montaña de dinero acumulada era tal que se vieron forzados incluso a devolver parte de las primas a sus asegurados.
Lo más importante, sin embargo, es que realmente no hay ningún motivo razonable para explicar por qué alguien debe poder ganar 76 millones de dólares en un año a base de denegar cuidados médicos a pacientes que lo necesitan. Las aseguradoras son intermediarios que se lucran cuando no pagan por servicios médicos; es muy significativo que en una pandemia hayan ganado dinero. Cuando las necesitamos, se esconden. Ese es su modelo de negocio.
Por fortuna, hay alternativas, empezando por crear una aseguradora que no tenga como objetivo ganar dinero, sino la salud de sus pacientes. Hace unos días hablábamos de la public option, la legislación que Connecticut está intentando aprobar precisamente para tener una alternativa no- predatoria a las aseguradoras privadas. Alternativa a la que, por supuesto, Cigna y el resto de las empresas del sector se han opuesto furiosamente. Ellas son las que están pagando las decenas de anuncios que nos encontramos a diario en contra de la ley. Cordiani, que se juega su abultadísimo suelto, lleva días metiendo miedo por los medios, porque saben que una public option daría mejor servicio que ellos y reduciría sus beneficios.
Y por supuesto, este es el principal argumento a favor de la ley. No necesitamos a las aseguradoras. Lo que necesitamos es una sanidad para pacientes, no para accionistas. (Roger Senserrich es Director de Comunicaciones del Partido de las Familias Trabajadoras de Connecticut)