Por Laura Glesby
Políticos y profesionales de la salud se reunieron para enviar el mensaje que el recorte de Medicaid es una cuestión de vida o muerte.
Afirmaron que lo que está en juego no es sólo el bienestar de los afiliados al programa -entre ellos unos 60.000 habitantes de New Haven-, sino también el de sus familias y comunidades.
El Contralor del Estado, Sean Scanlon, organizó el pasado lunes, una mesa redonda con la participación de la diputada Rosa DeLauro, la Comisaria de Servicios Sociales del Estado, Andrea Barton-Reeves, los senadores estatales Martin Looney y Matt Lesser, el alcalde Justin Elicker, y más de una docena de profesionales y defensores de la salud, en el Fair Haven Community Health Care, para analizar las consecuencias de una resolución que obligaría a un recorte de 880.000 millones de dólares del presupuesto federal.
Ese recorte implica recortar cientos de miles de millones de dólares de Medicare (que cubre los servicios médicos básicos de las personas mayores y algunos pacientes discapacitados), Medicaid (que cubre a pacientes con bajos ingresos y los servicios de hogares para ancianos y de asistencia médica no cubiertos por Medicare), o ambos.
El presidente Donald Trump ha prometido que Medicare permanecerá intacto. Si los congresistas Republicanos siguen apoyando la resolución, Medicaid sufrirá severos recortes.
Según el Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), la resolución permitiría recortes fiscales, incluida una rebaja de 1,1 billones de dólares (trillones en inglés) para el 1% más rico del país.
El lunes, DeLauro prometió luchar para conservar Medicaid convenciendo a sus colegas Republicanos de su impacto en los electores de sus distritos. “Estamos preparados para la batalla”, dijo, mostrando estadísticas.
Según el Departamento de Servicios Sociales, 59.802 residentes de New Haven, incluidos más de 21.500 niños y más de 3.000 ancianos- tienen cobertura de Medicaid.
Según los datos de 2024 de la Fundación de Salud de Connecticut, el 40% de los beneficiarios de Medicaid de Connecticut son niños (o sea, más de 366.000) y alrededor de dos tercios de los adultos con Medicaid tienen empleo. Medicaid cubre a dos de cada tres residentes en hogares de ancianos, así como el 38% de todos los partos.
Las consecuencias del recorte de Medicaid aún no se saben y probablemente variarán según el Estado. Pueden incluir la supresión del seguro de enfermedad de determinados grupos (como los que no estaban cubiertos antes de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible), limitando el acceso a ciertos cuidados médicos y los reembolsos a las instituciones que ofrecen el servicio, afectando la situación financiera de las organizaciones médicas comunitarias y los proveedores de salud para ancianos.
“Esto es terrible. La gente no podrá recibir atención médica y ni comer”, dijo la comisionada Barton-Reeves, señalando que los recortes del SNAP (cupones para alimentos) también están implícitos en la resolución presupuestaria. “Hay personas para las cuales es su supervivencia”.
“Todos los días alguien viene a verme con temor y preocupación por lo que está pasando en el gobierno», dijo Karla Tejada Arias, médico geriatra de Fair Haven Community Health Care.
Señaló que la reducción con Medicaid tiene un efecto dominó con consecuencias sanitarias inmediatas y de alto riesgo para los pacientes.
Por ejemplo, si Medicaid interrumpe los cuidados a domicilio o en residencias de ancianos, sus familias tendrán que hacerse cargo de ellos, “teniendo incluso que abandonar sus trabajos. Esas familias tendrían menos ingresos y mucho menos presupuesto. Podrían caer más profundamente en la pobreza”, dijo ella.
Entretanto, esto afectaría más a la economía: Los profesionales del sector, como los auxiliares de atención domiciliaria, perderían empleo, y menos familias tendrían suficiente dinero para ayudar a sobrevivir a los negocios locales.
“Es un círculo vicioso”, afirmó Tejada Arias.
La congresista Rosa DeLauro, con los hechos: “a prepararse para la batalla”.
Algunas personas señalaron que el problema de financiación de Medicaid impone restricciones a los profesionales de la salud.
Shawn Frick, director general de la Asociación de Centros de Salud Comunitarios de Connecticut, dijo que incluso antes de que entren en vigor los recortes propuestos a Medicaid, Los profesionales que atienden principalmente a pacientes con bajos ingresos ya tienen dificultades para mantener todos sus servicios. Observó que ya este año, dos centros comunitarios de salud suspendieron servicios dentales.
Los reembolsos son “realmente bajos” para los pacientes de Medicaid, según el senador Martin Looney, lo que disuade a los médicos de aceptar el plan y reduce el acceso a los servicios.
Katherine Villeda, directora de la coalición HUSKY 4 Immigrants, señaló que miles de residentes indocumentados de Connecticut ya saben lo que es no tener seguro médico.
HUSKY 4 Immigrants consiguió que los menores de 18 años pudieran beneficiarse del sistema sanitario estatal HUSKY, sin importar su estatus migratorio, siempre que se inscribieran antes de los 15 años. Este programa es totalmente financiado por el estado.
“Nuestras comunidades quieren oír de ustedes que [la cobertura sanitaria para los niños indocumentados] no será recortada”, pidió Villeda a los legisladores presentes.
Katherine Villeda de HUSKY 4 Immigrants: “Nuestras comunidades quieren oír de ustedes que [la cobertura sanitaria para los niños indocumentados] no será recortada”.
Señaló que muchas personas sin seguro médico descuidan la atención preventiva de salud, porque no piensan que puedan pagarla. Como resultado, podrían tener problemas médicos más peligrosos, sin mencionar las altas facturas.
“Mi padre no fue al dentista en 20 años”, dice Villeda. Cuando finalmente consulto a uno, necesitaría $5,000 de cuidado dental”.
