SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El nuevo secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico ha archivado una investigación sobre alegaciones de construcción ilegal en una zona protegida en la costa suroeste de la isla, provocando un clamor público.
La orden administrativa publicada el jueves por la noche llega después de que la gobernadora Jenniffer González, quien juramentó la semana pasada, calificó la investigación que comenzó con la administración anterior como “persecución política”.
La investigación apuntaba a presuntos infractores, incluidos los suegros de González, quienes están acusados de talar manglares ilegalmente y de expandir y remodelar una plataforma o muelle en su casa en La Parguera, que fue designada reserva natural en 1979 y es conocida por su bahía bioluminiscente.
González y sus suegros —José Vargas e Irma Llavona— han negado las acusaciones.
El jueves, González nombró a Waldemar Quiles secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico y afirmó que la investigación era parte de un “proceso político” que ocurrió el año pasado antes de las elecciones primarias de su partido, en las que venció a Pedro Pierluisi, quien buscaba un segundo mandato. El exgobernador ha negado en otras ocasiones que esto se tratara de un supuesto ataque político.
La primera orden administrativa de Quiles fue archivar la investigación y, entre otras cosas, legalizar la presencia de viviendas en La Parguera mediante una cuota que los propietarios deben pagar cada cinco años.
“Eso es ilegal”, dijo Pedro Saadé, un abogado puertorriqueño y experto en derecho ambiental, quien señaló que hay un procedimiento requerido para otorgar concesiones sobre bienes del dominio público.
“¿Cómo tú vas a hacer como primer acto eximir a rajatabla y en forma amplia, todo un renglón de usos ilegales de bienes de dominio público?”, indicó Saadé sobre la acción del secretario.
En una entrevista telefónica, expresó su preocupación de que la orden establezca un precedente y retroceda las protecciones para otras áreas en Puerto Rico mientras la isla batalla con un número creciente de desarrollos ilegales.
Las primeras infraestructuras se construyeron en La Parguera alrededor de la década de 1960, y las casas endebles de los pescadores en su mayoría han sido reemplazadas por viviendas de lujo que los ambientalistas dicen que deben ser removidas.
La investigación, que proponía una multa de 25.000 dólares contra los suegros de González, fue liderada por la exsecretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez. Ella dijo a la estación de radio WKAQ el año pasado que la investigación contra los suegros de González debería continuar bajo la nueva administración.
El viernes, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, escribió en Facebook que el Senado pedirá a Quiles que explique su orden administrativa. Escribió que los remedios para evitar el “procesamiento selectivo” requieren “requieren cautela, transparencia y firmeza de modo que se evite caer en lo que podría parecer, percibirse o en efecto ser un beneficio o privilegio selectivo”.
Un portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico no comentó por el momento.
En declaraciones escritas proporcionadas al periódico El Nuevo Día el viernes, Quiles dijo que la orden la preparó la administración anterior y que reconoce los derechos adquiridos de aquellos con viviendas en La Parguera y establece responsabilidades con las que deben cumplir.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
