Nueva Inglaterra siempre se ha enorgullecido de sus valores. Connecticut siempre ha defendido la idea que nuestro estado debe ser un lugar abierto para todos—incluyente, solidario y acogedor. Creemos en la responsabilidad mutua, en cuidar de nuestros vecinos. Siempre hemos defendido que todas las personas, sin importar dónde nacieron, deben poder vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Este ha sido una tierra de abolicionistas, de luchadores contra la esclavitud, y una tierra de acogida, un refugio para quienes buscan libertad y un nuevo comienzo.
Los líderes electos del estado han hablado con firmeza en defensa de nuestras libertades individuales, prometiendo proteger a las comunidades inmigrantes. Ahora que la administración de Trump ha lanzado su programa draconiano de deportaciones masiva, no sólo debemos recordarles cada día nuestros nuestros principios, pero también que tienen el deber y obligación de proteger tanto a nuestra comunidad, como a nuestras instituciones. A pesar de las amenazas y la intimidación, Connecticut no está obligada a ser cómplice de estas políticas racistas.
La Constitución de los Estados Unidos es muy clara: los gobiernos estatales son entidades soberanas, distintas y separadas del gobierno federal. La Décima Enmienda establece que cualquier poder no asignado específicamente al gobierno de Estados Unidos queda reservado para los estados. Esto significa que Connecticut no puede ser obligado a utilizar su presupuesto o recursos a aplicar leyes federales ni a poner sus recursos al servicio de la agenda de Trump.
Esta no es una idea nueva ni controvertida. De hecho, fue la base de la sentencia del Tribunal Supremo hace siete años legalizando las apuestas deportivas en todo el país. El veredicto era muy claro; el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cumplir su legislación ni a usar sus recursos para aplicarla.
Por lo tanto, cuando la migra, ICE, el Departamento de Seguridad Nacional o la Patrulla Fronteriza piden apoyo en sus operaciones para deportar inmigrantes en Connecticut, se trata de una solicitud, no de una orden. Ni el estado ni los municipios están obligados a colaborar. Si las autoridades federales quieren hacer cumplir sus leyes, deben hacerlo con sus propios recursos, no a costa de los contribuyentes de Connecticut.
La semana pasada, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva amenazando con sanciones a funcionarios o dirigentes locales y estatales que “no cooperen” con la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, los tribunales han sido consistentes en su rechazo de esta idea durante décadas, recalcando que el gobierno federal no puede forzar la colaboración de los estados. Son amenazas son infundadas, y el propio ICE lo ha reconocido en múltiples ocasiones, incluso durante la primera administración de Trump.
Aun así, es comprensible que algunos líderes locales sientan temor de enfrentarse litigios y lleguen a la conclusión que acatar estas órdenes es la opción menos arriesgada para ellos. No lo es. Cualquier agencia estatal o municipal que participe en deportaciones estará usando recursos públicos sin recibir compensación de ICE. Además, si algo sale mal—y conociendo el historial de incompetencia de las autoridades migratorias, es probable que así sea—el estado será responsable de los errores.
Un ejemplo reciente ocurrió el año pasado en Nueva York. La ciudad tuvo que pagar una indemnización de $92 millones tras detener injustamente a inmigrantes a petición de ICE. La migra, por descontado, se desentendió del problema y no pagó un céntimo; el dinero terminó saliendo de los bolsillos de los neoyorquinos.
Por encima de cuestiones legales o constitucionales, nuestros líderes tienen el deber moral de rechazar las deportaciones masivas. Connecticut debe ser un estado acogedor, diverso y vibrante, donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar sin miedo. Votamos por líderes que defiendan estos valores, y ahora es el momento de demostrarlo. Tenemos la obligación de proteger a nuestros vecinos de políticas migratorias crueles y arbitrarias. También tenemos el derecho, como estado, a decidir nuestro propio camino y negarnos a ser parte de este proceso.
Nos importan nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros amigos. Si creemos que Connecticut es diferente y que la administración de Trump no representa lo que somos ni lo que defendemos, debemos actuar en consecuencia. Ahora es el momento de hacerlo.
