Por Nathaniel Rosenberg
“Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo”.
Ese es el texto de la 10ª Enmienda que, según expertos locales en leyes de inmigración, es la base de la demanda de New Haven contra la administración Trump, para defender su estatus de «ciudad santuario” para inmigrantes indocumentados”.
La ciudad se sumó a la demanda presentada por municipalidades como San Francisco y Portland, el 7 de febrero. La demanda desafía una orden ejecutiva emitida el primer día por el presidente Donald Trump, ordenando al Departamento de Justicia (DOJ) suspender y posiblemente cancelar los fondos para las ciudades que tienen protecciones “santuario” para los inmigrantes.
La demanda alega que, en virtud de la 10ª Enmienda, el gobierno federal no puede “requisar” funcionarios estatales y locales, incluidas las fuerzas del orden, para que ayuden a hacer cumplir leyes federales.
Dos expertos legales con los que habló el Independent se refirieron a si el elemento central de la demanda es que la administración Trump está tratando de “requisar” a los trabajadores de la ciudad de New Haven.
Jon Bauer, profesor de Derecho de la Universidad de Connecticut, dice: “El punto central es hasta qué punto el gobierno federal puede imponer a los estados los aspectos que le interesan de las leyes de inmigración. En realidad, toda gira alrededor de cuestiones de federalismo”.
Bauer dijo que existe un significativo precedente legal en favor la posición de New Haven, incluidos varios casos bajo la primera administración de Trump, cuando hubo tribunales bloquearon sus intentos de penalizar a las “ciudades santuario”.
Señaló que la legislación federal no permite a los trabajadores municipales y estatales “obstaculizar” las actuaciones de las autoridades de inmigración, por ejemplo, cerrando la puerta a redadas o deportaciones. Sin embargo, Bauer dijo que los tribunales han fallado repetidamente que la 10ª Enmienda protege a los estados de tener que ayudar en las acciones de aplicación de la ley.
New Haven se rige por una orden ejecutiva de «Ciudad Acogedora» que el alcalde Justin Elicker firmó en 2020. Esa orden prohíbe a los empleados municipales preguntar a alguien sobre su estatus migratorio, revelar información confidencial, o utilizar recursos de la ciudad para colaborar en una investigación o utilizar los recursos de la ciudad para ayudar en una investigación, excepto si es obligatorio de acuerdo con la ley estatal o federal.
La ciudad tampoco mantiene coordinación con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Kica Matos, defensora nacional de los derechos de los inmigrantes con sede en New Haven y presidenta del National Immigration Law Center (NILC), calificó de inconstitucional la orden ejecutiva de Trump, titulada «Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión».
“Este es un ejemplo flagrante de la extralimitación y el desprecio que esta administración tiene claramente por la Constitución”, dijo. “La 10ª Enmienda prohíbe al gobierno federal obligar a los estados a promulgar sus leyes, y eso es exactamente lo que la administración Trump está tratando de hacer”.
Ambos abogados predijeron que New Haven ganaría el proceso. Matos describió la orden ejecutiva como una “violación evidente” de la 10ª Enmienda, y Bauer dijo que cree que legalmente, la ciudad está en una “sólida posición”.
El Departamento de Justicia no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios para este artículo y, según los registros judiciales, no ha respondido a la demanda.
Los defensores de las órdenes ejecutivas de la administración Trump que concentran el poder en la presidencia, promueven la llamada «teoría del ejecutivo unitario», que interpreta la Constitución de tal manera que refuerza el control del presidente sobre la forma, la administración y la dirección del gobierno.
Bauer predijo que el Departamento de Justicia argumentará que como New Haven tiene políticas “santuario” que impiden a los empleados de la ciudad de cooperar activamente con el ICE, eso significa que la ciudad está acogiendo y amparando ilegalmente a inmigrantes indocumentados, lo que supondría una violación de la legislación federal.
“Si un funcionario estatal dijera a alguien: ‘Por ahí viene ICE, sal por esa puerta secreta trasera para que no te encuentren’, eso podría interpretarse como ocultar o albergar a alguien”, dijo.
“Pero es realmente exagerado decir que se está ayudando a ocultar a personas por el simple hecho de tener una política de no compartir información con las autoridades federales sobre ciertos temas”.
La demanda también se refiere a la amenaza del Departamento de Justicia de recortar los fondos federales a New Haven, lo que, según Elicker, podría afectar el nivel de seguridad de la ciudad. Según el alcalde, la ciudad ha recibido más de 6,4 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Justicia en los últimos años, entre otras cosas para programas de prevención de la violencia y el equipo COMPASS de respuesta a crisis.
Durante la primera administración de Trump, Bauer señaló que hubo desacuerdos entre los tribunales federales de apelaciones sobre la legalidad de que el Departamento de Justicia condicionara los fondos al cumplimiento de la aplicación de las leyes de inmigración. Tanto el 7º Circuito como el 9º Circuito (donde se presenta la demanda de New Haven) dictaminaron que el Departamento de Justicia no podía retener fondos, mientras que el 2º Circuito dictaminó que sí podía hacerlo, aunque bajo condiciones muy limitadas para determinados programas de subvenciones.
El profesor de Derecho dijo que la cuestión del condicionamiento de los fondos tendría que resolverse en un juicio, pero que la «mayor parte de los precedentes» indicaban que el Departamento de Justicia no podía suspender las subvenciones.
Tanto Matos como Bauer subrayaron que la razón por la que la administración Trump intenta, en su opinión, coaccionar a ciudades como New Haven para que colaboren en la aplicación de las leyes de inmigración es que el gobierno federal no dispone de los recursos necesarios para efectuar «deportaciones masivas» sin la colaboración local.
“Trump prometió a la nación que llevaría a cabo el mayor esfuerzo de deportación en la historia de esta nación, pero no tiene el poder popular para hacerlo”, dijo Matos. “Así que todo este esfuerzo de ejercer presión es para ver si pueden lograr cumplir, confiando en que otros lo hagan”.
