WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados acordó el lunes, en un caso de Colorado, decidir si los gobiernos estatales y locales pueden hacer cumplir leyes que prohíben la terapia de conversión para niños LGBTQ+.
La corte, liderada por conservadores, está abordando el caso en medio de acciones del presidente Donald Trump dirigidas a personas transgénero, incluyendo una prohibición en el servicio militar y el fin de la financiación federal para el cuidado de afirmación de género para menores transgénero.
Los magistrados también han escuchado argumentos en un caso de Tennessee sobre si las prohibiciones estatales para tratar a menores transgénero violan la Constitución. Sin embargo, aún no han emitido una decisión.
Colorado se encuentra entre aproximadamente la mitad de los estados que prohíben la práctica de intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona a través de consejería.
La cuestión es si la ley viola los derechos de expresión de los consejeros. Los defensores de tales leyes argumentan que regulan la conducta de profesionales que están licenciados por el estado.
El Tribunal Federal de Apelaciones del 10mo Circuito en Denver ratificó la ley estatal. El Tribunal Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta ha anulado prohibiciones locales en Florida.
En 2023, la corte desestimó una apelación similar, a pesar de la división entre los tribunales de apelaciones federales que habían evaluado las prohibiciones estatales y llegado a decisiones diferentes.
En ese momento, tres magistrados, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas, dijeron que habrían abordado el tema. Se necesitan cuatro magistrados para conceder la revisión. La corte de nueve miembros no suele revelar cómo votan los magistrados en esta etapa de un caso, por lo que no está claro quién podría haber proporcionado el cuarto voto.
El caso se argumentará en el nuevo período de sesiones de la corte, que comienza en octubre. La apelación en nombre de Kaley Chiles, una consejera en Colorado Springs, fue presentada por Alliance Defending Freedom, la organización legal conservadora que ha aparecido con frecuencia en la corte en los últimos años en casos que involucran temas sociales de alto perfil.
Uno de esos casos fue una decisión de 5-4 en 2018 en la que los magistrados dictaminaron que California no podía obligar a los centros antiaborto con licencia estatal a proporcionar información sobre la interrupción del embarazo.
Los abogados de Chiles se basaron en gran medida en esa decisión al pedir a la corte que aceptara su caso. Escribieron que Chiles no “busca ‘curar’ a los clientes de atracciones del mismo sexo ni ‘cambiar’ la orientación sexual de los clientes”.
Al argumentar para que la corte rechazara la apelación, los abogados de Colorado escribieron que los legisladores actuaron para regular la conducta profesional, “basándose en evidencia abrumadora de que los esfuerzos por cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un niño son inseguros e ineficaces”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
