HARTFORD.- Una coalición de 22 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes participó en una audiencia pública celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 195.º periodo de sesiones, celebrado en la Ciudad de Guatemala. La audiencia examinó el uso generalizado y creciente por parte de la administración Trump de las transferencias a terceros países para expulsar y deportar a solicitantes de asilo y migrantes a países donde no tienen vínculos legales ni personales y donde enfrentan graves perjuicios.
La coalición de organizaciones nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos solicitó la audiencia con la CIDH para presentar a la Comisión nueva evidencia sobre el impacto de los acuerdos de transferencias forzadas en los derechos humanos. Durante la audiencia, compartieron testimonios de personas directamente afectadas por estos acuerdos, destacando las devastadoras consecuencias de estas prácticas, como la detención sin el debido proceso, la separación familiar y la persistente incertidumbre jurídica.
La Comisión evaluará, entonces, la evidencia presentada para fundamentar sus recomendaciones a los Estados involucrados en acuerdos de transferencia que violan el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones internacionales.
Nuestras organizaciones se congratularon de la participación en la audiencia de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes y del Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lo que demuestra la importancia de la CIDH en el monitoreo de la situación de los derechos humanos en las Américas para las personas que buscan seguridad.
Durante el último año, Estados Unidos ha firmado cerca de 30 acuerdos con otros países, incluyendo al menos 14 países de América Latina y el Caribe, para expulsar y deportar a inmigrantes que no son nacionales de esos países.
En el último año, el gobierno ha trasladado forzosamente a casi 14.000 nacionales de terceros países a países de las Américas. Entre las personas afectadas por estos traslados forzados se incluyen niños, familias, personas embarazadas, personas con discapacidad, personas con vulnerabilidades médicas, personas con solicitudes reconocidas de protección internacional y quienes huyen de la persecución en sus países de origen.
Los inmigrantes que son trasladados forzosamente en virtud de estos acuerdos han sufrido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, devolución, separación familiar, violaciones de los derechos del niño y otras violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos ha perseguido a personas en diversas etapas de sus procesos migratorios, incluyendo solicitantes de asilo que no habían sido atendidos y personas a quienes se les concedió la suspensión de la deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).
Tras la audiencia las organizaciones solicitan a la CIDH:
(1) Impulsar un documento operativo, técnico y dinámico que especifique las obligaciones de los países del hemisferio con respecto a los acuerdos de deportación mencionados;
(2) Emitir una resolución temática sobre el traslado de migrantes a terceros países para orientar y aclarar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, en particular para garantizar el cumplimiento del principio de no devolución y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y
(3) Considerar la posibilidad de solicitar una opinión consultiva, con la colaboración de ONG, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos aplicables en las Américas en relación con las expulsiones a terceros países. Nuestras organizaciones también solicitan que el Relator Especial de las Naciones Unidas y el Representante Regional del ACNUDH realicen visitas a los países para continuar monitoreando las violaciones de derechos humanos que afectan a nacionales de terceros países.
