Batalla legal para defender a inmigrantes indocumentados de las garras de Trump de las farmacéuticas y del monopolio de Ticketmaster
NEW HAVEN.- El abogado general del Estado, William Tong, habló sobre algunas de las principales batallas legales que su oficina ha librado contra políticas de la administración del presidente Donald Trump y explicó cómo esas acciones judiciales han buscado proteger a los residentes del estado, a los inmigrantes, a los consumidores y la autoridad de Connecticut.
Durante una entrevista con el programa Hechos y Opiniones de La Voz Radio, conducido por Abelardo King y Juan Candelaria; Tong recordó que durante el primer mandato de Trump su oficina presentó más de 100 demandas contra políticas de la administración federal. Entre los casos que destacó se encuentra la oposición a la llamada regla de “public charge”, que buscaba considerar el uso de determinados beneficios públicos por parte de inmigrantes al evaluar algunos procesos migratorios.
Pero las batallas legales no terminaron con el primer mandato. Algunas de las victorias de Tong frente a la administración Trump
Aranceles: En mayo de 2026, Connecticut formó parte de una coalición de 24 estados que logró que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos invalidara una nueva ronda de aranceles impuestos por Trump. Tong señaló que era la segunda victoria judicial de la coalición contra los aranceles de la administración. Previamente, la Corte Suprema había declarado ilegales los primeros aranceles cuestionados por los estados.
Elecciones: En junio de 2026, Tong y una coalición de fiscales generales obtuvieron una orden judicial permanente que bloqueó disposiciones de una orden ejecutiva de Trump que pretendía imponer cambios a la administración estatal de las elecciones, incluyendo requisitos de prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes y condiciones relacionadas con las boletas enviadas por correo.
Al día siguiente, otra decisión judicial bloqueó una segunda orden de Trump que buscaba establecer controles federales sobre la elegibilidad de los votantes y el voto por correo. En julio, un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia que buscaba obligar a Connecticut a entregar su lista estatal de registro de votantes. La corte determinó que el Departamento de Justicia no tenía autoridad, bajo la ley invocada, para exigir la entrega de esa lista.
Visa H-1B: En junio de 2026, una corte federal declaró ilegal y anuló la política de la administración Trump que imponía un pago de 100,000 dólares a nuevas solicitudes de visas H-1B. Tong había demandado junto con otros estados, argumentando que la medida afectaba especialmente a sectores como educación y salud que dependen de trabajadores altamente especializados.
Fondos de seguridad nacional: En diciembre del 2025, Tong y otros abogados generales obtuvieron una sentencia que impidió al gobierno federal redistribuir fondos de seguridad nacional basándose en el cumplimiento de determinadas condiciones políticas impuestas por la administración Trump.
Agencias federales: En noviembre del 2025, otra victoria judicial impidió que la administración Trump desmantelara cuatro agencias federales que apoyan, entre otros sectores, a bibliotecas, museos, pequeños negocios, trabajadores y personas sin vivienda.
AmeriCorps: Más recientemente, en septiembre de 2026, Tong y una coalición de abogados generales alcanzaron un acuerdo que impide a la administración Trump volver a desmantelar programas de AmeriCorps sin el debido proceso. Como resultado de la demanda, previamente se habían restituido casi 400 millones de dólares en programas cancelados y se habían liberado más de 184 millones de dólares para programas de servicio en Connecticut y otros estados, que regresaron a la Cámara de Representantes para que los legisladores destinen ese dinero a causas de desarrollo público.
Contra las farmacéuticas y los monopolios
La entrevista también abordó el trabajo de Tong contra grandes corporaciones y la industria farmacéutica.
Tong recordó las demandas colectivas de los fiscales generales estatales contra las grandes compañías tabacaleras y posteriormente contra empresas vinculadas a la crisis de los opioides. En el caso de Purdue Pharma, explicó que Connecticut participó junto con otros estados en el proceso judicial que llevó a un acuerdo y a la disolución de la compañía.
Los recursos obtenidos de estos acuerdos se destinan a programas de prevención y tratamiento de adicciones, investigación y servicios comunitarios.
Tong también habló de las acciones contra monopolios. Uno de los casos más importantes actualmente es el de Live Nation-Ticketmaster, donde una coalición bipartidista de fiscales generales llevó a la compañía a juicio. Un jurado determinó que la empresa había incurrido en prácticas monopólicas; la segunda etapa del proceso determinará las medidas y posibles compensaciones. Tong dijo que considera necesario dividir la empresa en varias compañías.
También mencionó las acciones contra compañías de servicios públicos para evitar aumentos excesivos en las tarifas que pagan los consumidores de Connecticut.
“Proteger a todos como un conjunto”
Tong explicó que la función del fiscal general no consiste en representar individualmente a cada ciudadano, sino utilizar el poder legal del estado para proteger a la población en su conjunto.
Durante la entrevista destacó casos relacionados con redes sociales, consumidores, inmigración, elecciones, grandes corporaciones y servicios públicos. Entre ellos mencionó una demanda contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, que terminó en un acuerdo multimillonario y cambios en las prácticas de la compañía y sus algoritmos.
La conversación mostró así una oficina que interviene en asuntos que van desde la protección de las familias inmigrantes hasta el precio de los medicamentos, las tarifas de servicios públicos, la competencia empresarial y la administración de las elecciones.
La defensa de las familias inmigrantes
Uno de los momentos más personales de la entrevista ocurrió cuando Tong habló de su propia familia.
El abogado general recordó que sus padres fueron inmigrantes y relató que su padre llegó a Estados Unidos con una visa de turista que posteriormente expiró. Cuando la familia acababa de abrir un pequeño restaurante chino, agentes de inmigración llegaron al establecimiento y le advirtieron que podía ser deportado.
Esa experiencia, explicó, hace que la situación de las familias inmigrantes sea un tema particularmente cercano para él. Tong también habló sobre los hogares de estatus migratorio mixto, donde pueden convivir ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, personas con diferentes tipos de documentos migratorios y personas indocumentadas.
Durante la conversación se destacó que las acciones de inmigración pueden generar temor no solamente entre quienes carecen de estatus legal, sino también entre sus familiares ciudadanos estadounidenses. El temor puede alcanzar a toda la familia, incluso a personas que tienen derecho a votar.
Tong defendió además el Trust Act de Connecticut y la capacidad del estado para establecer sus propias políticas dentro del marco constitucional, mientras el gobierno federal mantiene la responsabilidad sobre la inmigración.
En abril del 2026, después de que el Departamento de Justicia demandara a Connecticut cuestionando el Trust Act, Tong sostuvo que el estado tiene el derecho de aprobar leyes que prioricen la seguridad pública y permitan que todos los residentes puedan confiar en las autoridades locales.
Para la comunidad inmigrante, Tong insistió en la importancia de conocer los derechos, documentar posibles abusos y buscar ayuda de organizaciones confiables y de las instituciones correspondientes.
Tong aclara que no es fiscal, sino el abogado general de Connecticut
Al inicio de la entrevista, William Tong hizo una aclaración sobre su cargo después de que fuera presentado como “fiscal general”. Tong explicó que es el abogado del Estado y el principal funcionario jurídico de Connecticut, y precisó: “No soy un fiscal”.
Su función es representar al Estado en asuntos legales civiles y utilizar las facultades de su oficina para proteger el interés público y a los residentes de Connecticut de manera colectiva. La propia Oficina del Attorney General define el cargo como el de “chief civil legal officer” del estado.
En la entrevista, Tong puso como ejemplo las demandas que su oficina ha presentado contra grandes empresas y explicó que una de las funciones de su cargo es utilizar el poder legal del Estado para defender a los residentes de Connecticut como conjunto.
