Por Minnie González
La semana pasada, la presidenta de la Central Connecticut State University (CCSU), Zulma Toro, se vio obligada a renunciar a su cargo. En su evaluación más reciente, realizada el pasado mes de junio, la presidenta Toro recibió una calificación excelente y fue alentada a postularse para el puesto de rectora (Chancellor) del sistema de Connecticut State Colleges and Universities (CSCU). Ella declinó la sugerencia de buscar dicho puesto y, en su lugar, optó por completar su contrato en la CCSU (que vencía en 2027); allí contribuyó con éxito a posicionar a esta universidad pública entre las 500 mejores universidades estadounidenses según Forbes (2024-2025). Asimismo, desempeñó un papel fundamental en la acumulación de reservas superiores a los 600 millones de dólares. Se vio obligada a dimitir después de haber convertido a la CCSU en una de las universidades estatales más exitosas del país.
La presidenta Toro no fue acusada de ningún delito, acto de corrupción ni abuso de la confianza pública. Según documenta un informe reciente de Grand River Solutions, el presidente y la vicepresidenta de la Junta de Regentes, así como administradores clave del sistema CSCU, omitieron reportar las acusaciones de acoso sexual contra el rector interino John Maduko al coordinador de Título IX (Title IX) de todo el sistema estatal. En el caso de Dwayne Smith, expresidente de la Southern Connecticut State University, este no solo fue acusado de falsificar sus credenciales, sino también de irregularidades en el uso de tarjetas de compra institucional. En este último caso, fue trasladado a trabajar en la oficina de sistemas de la universidad. La pregunta que debemos plantearnos es por qué dos presidentes varones no latinos recibieron sanciones leves, mientras que la presidenta Toro una mujer puertorriqueña que jamás ha sido acusada de abusos de poder tan graves se vio obligada a renunciar a la presidencia de la CCSU antes de que finalizara su contrato en 2027. Y lo que es más importante: ¿por qué la dirección del CSCU se negó a respetar su contrato hasta 2027?
Los líderes puertorriqueños y latinos del estado de Connecticut son objeto habitual de un doble rasero en comparación con los líderes no latinos. Abundan los ejemplos de los dobles raseros utilizados para criticar y socavar la capacidad de los líderes puertorriqueños y latinos para triunfar en Connecticut. Basta con observar las controversias actuales y recientes en torno al Comisionado de Banca de Connecticut, Jorge L. Pérez; el nombramiento de Miguel Cardona para la Comisión de Trayectorias Profesionales de Connecticut; el juez del Tribunal Superior y exalcalde de Hartford, Pedro Segarra; la exrepresentante estatal Anabel Figueroa; el excomisionado del Departamento de Correccionales (DOC), Angel Quirós; la subcomisionada del DMV, Millie Torres-Ferguson; y la campaña de rumores contra la Comisionada de Vivienda, Seila Mosquera-Bruno. Más recientemente, hemos visto el mismo patrón a nivel municipal contra el alcalde de New Britain y exrepresentante estatal Bobby Sánchez, la exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Hartford, Leslie Torres-Rodríguez, y la extesorera de la ciudad de Hartford, Carmen Sierra. Detrás de todas estas historias, hay mucha información que no ha salido a la luz.
Más preocupante aún es el doble rasero empleado para examinar el desempeño de los líderes puertorriqueños y latinos en comparación con los líderes no latinos. Es inaceptable utilizar ciertos criterios para juzgar a los líderes puertorriqueños y latinos, imponiendo al mismo tiempo un “techo de cristal” que limita su capacidad de progresar en puestos de liderazgo. ¿Por qué no vemos una cobertura mediática igual o proporcional respecto a los líderes no latinos del estado que han incurrido en conductas mucho más graves que las atribuidas a los líderes puertorriqueños y latinos? Cabe reiterar que la presidenta Toro no ha sido acusada de ninguna irregularidad ni de conductas que pongan fin a su carrera.
La semana pasada, la dirección del Caucus Puertorriqueño y Latino de la Asamblea General de Connecticut se reunió con el gobernador Lamont para solicitarle que investigue el caso de la presidenta Zulma Toro y otros casos similares. Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que ella no recibió el debido proceso administrativo adecuado, lo cual habría sido la forma ética y profesional de gestionar este asunto. Queremos asegurarnos de que la Dra. Toro tenga una oportunidad justa y equitativa de buscar una reparación.
Nos preocupa que otras mujeres puertorriqueñas y latinas estén siendo sometidas a presiones similares a las ejercidas contra la presidenta Toro. Estos dobles raseros también se utilizan para crear “techos de cristal” arbitrarios para los líderes puertorriqueños y latinos, tanto a nivel estatal como local. Queremos que el público sepa que el Caucus Puertorriqueño y Latino de la Asamblea General del Estado de Connecticut respalda y se solidariza con nuestros líderes puertorriqueños y latinos en todo el estado. Estamos siguiendo muy de cerca estos acontecimientos. ¡Ya basta!
Atentamente,
Minnie González
Representante Estatal de Connecticut,
Vicepresidente Adjunto Pro Tempore,
Presidente, Caucus Legislativo Puertorriqueño y Latino
