La mayoría de nosotros los ciudadanos sabemos el trabajo riesgoso de los agentes de la ley quienes, con sus uniformes e insignias, o encubiertos, están certificados para investigar y mantener la paz social.
Todos sabemos que no es tarea fácil, pero muchos de estos sirvientes públicos olvidan su adiestramiento, promesa y las normas de conducta. Sus nombres están ya en conocimiento de los ciudadanos, perdieron, perderán sus empleos o renunciaron ante de ser descertificados para vestir el uniforme.
Lamentablemente, se ha dado a conocer que el comportamiento de treinta de estos individuos está bajo revisión y posiblemente perderán su certificación por acciones reñidas con la ley a la que juraron defender. Estos delitos incluyen casos de robos, crueldad innecesaria hacia personas o animales, y un caso de un uniformado que aparecía en videos pornográficos.
Existe en la institución policial un unidad interna que supervisa el cumplimiento de los estándares de conducta y adiestramiento de los policías (en ingles Police Officer Standards and Training Council), que les quitó la certificación policial a 10 agentes de la ley en 2023, una cantidad superior a la que se sometió a la desertificación en 2014. Estos individuos fueron también acusados de ofensas criminales de un nivel de felonías característica en el caso de delincuentes comunes.
Curiosamente y demostrando la debilidad en el castigo de las faltas, también en 2023 ocho de los desertificados no fueron acusados de crímenes, sino que de solamente de mala conducta en el cumplimiento de sus funciones y continúan en sus trabajos.
De acuerdo a la reportera Lisa Bakus, Michael Lawlor, exautoridad en este escabroso tema para la Oficina de Pólizas y Administración y profesor de justicia criminal de la Universidad de New Haven; dijo que “la póliza ha cambiado en los años 2015, 2019 y 2020 y se espera que los agentes de la ley uniformados o encubiertos sepan comportarse como corresponde de acuerdo a su función.” Sin embargo, agregó este año que resulta muy interesante cuan dificultoso ha sido ajustarse a estas normas para algunas personas que cargan armas de fuego y están uniformados.
Para facilitar la justicia en el proceso de desertificación al que se somete a quien o quienes no han actuado de un modo ético y moral en el desempeño de su trabajo, existe y se intenta proveer un proceso justo y debido a los candidatos a perder su carácter y función de policías. El dicho proceso no va más allá de dos años y hay una calendario de audiencias en las cuales el policía acusado puede defenderse. En el intertanto algunos de ellos han sido transferidos a trabajos administrativos y con paga.
En los casos en que se les despoja la certificación, el nombre del afectado o afectada por la sanción es sometido a una lista de casos a nivel nacional donde esta la narrativa de la falta cometida y el proceso.
Al cierre de la presente edición el Concilio tiene una lista de treinta policías y hay dos nuevos casos que se agregarían.
Algunos de los casos actualmente en el proceso son los de Brian North de la policía estatal quien es acusado de homicidio cuando asesinó a tiros a un sospecho que estaba sentado en el automóvil de su propiedad.
Otro es el caso de quien fue policía estatal llamado Patrick Hemingway quien siendo policía actuaba como un felón y de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, cometió varios robos en al menos doce negocios en Glastonbury.
En la lista bajo investigación están los casos de los policías de New Haven Oscar Diaz, Jocelyn Lavandier, Luis Rivera, Ronald Presley y la sargento Betsy Segui a quienes se acusa de crasa crueldad cuando lanzaron dentro de un van policial al sospechoso Richard “Randy” Cox sin proveerle un cinturón de seguridad. En un frenazo del vehículo, Cox rebotó violentamente en contra del interior metálico del móvil policial y se rompió la vertebra cervical dejándolo paralitico de todo el cuerpo de por vida.
Cox y su familia ganaron una demanda de 45 millones de dólares por daños y perjuicios en contra del Departamento de la Policía en esta ciudad.
En este caso los oficiales de la policía fueron expulsados de la fuerza policial, pero están aún apelando a la decisión.
Por otra parte, Paul Cavalier fue puesto en trabajo administrativo, pero con paga en el Departamento de la Policía de East Haven después de ser acusado de aparecer en videos pornográficos.
Otro en la lista es el caso del felón David Rivera del Departamento de la Policía de New Canaán quien tenía a su cargo un perro policial. Se le acusa de crueldad hacia los animales y potencial uso de explosivos.
Rivera es acusado de matar y enterrar perros en el terreno de una entidad comercial que adiestraba a los caninos y que funcionaba en la isla de Naugatuck. Este abusador de animales también tiene un caso separado porque los agentes de la ley encontraron explosivos en su hogar.
La lista de candidatos a la desacreditación es afortunadamente extensa y cabe repetir que treinta y dos policías están en el medio del proceso.
El adagio dice “errar humano es,” pero el hecho de que individuos en los cuales el estado de Connecticut gastó millones de dólares en su adiestramiento para portar armas y desempeñarse como agentes de la ley no tienen la formación ética o moral para cumplir con su cometido.
